La Comisión Europea (CE) sigue en conversaciones con el Reino Unido para obtener información sobre las garantías que ofreció al fabricante de coches Nissan para mantener su producción en la ciudad británica de Sunderland, ante la hipótesis de que puedan constituir ayudas de estado ilegales.
“Estamos en contacto con las autoridades sobre este tema. Estos intercambios son comunes, pero no tengo más información sobre el estado actual de las conversaciones”, dijo en rueda de prensa el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Ricardo Cardoso.
El portavoz rehusó dar más datos sobre los documentos que ha enviado hasta ahora el Reino Unido o si existe una fecha límite para que Londres responda a las demandas de Bruselas.
Preguntado por si la CE está “cómoda” con la información recibida del Gobierno británico, Cardoso dijo que “no se trata de estar cómodo o no, sino de un intercambio de información para conocer los detalles que permitan establecer esa posición” y afirmó que “en este momento no tenemos una respuesta”.
La CE reiteró que hasta que finalicen las negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE, el país sigue siendo miembro de la Unión Europea y como tal está sujeto a la legislación comunitaria, incluyendo las normas de competencia.
Estas obligan a los países a notificar al Ejecutivo comunitario si piensan otorgar ayudas de estado a una empresa, ya que es la Comisión quien debe autorizar la concesión de las mismas.
En este sentido, el portavoz de la CE señaló que la institución “toma nota” de que el gobierno británico ha afirmado “públicamente” que las garantías ofrecidas a Nissan no constituyen una ayuda de estado.
El fabricante japonés de automóviles Nissan anunció a finales de octubre que produciría la próxima generación de los modelos Qashqai y X-Trail en su planta de la ciudad de Sunderland (este de Reino Unido) gracias al “apoyo y las garantías del gobierno británico” que, según la compañía, se habría comprometido a garantizar la competitividad de la fábrica.
El anuncio llevó a la Comisión a ponerse en contacto con el Reino Unido para obtener más información sobre sus planes, si bien el Ejecutivo comunitario no inició ningún procedimiento de investigación formal dado que Londres no le había notificado que fuese a conceder ninguna ayuda de estado.