La presión desde varios frentes ha surtido efecto y la Comisión Europea ha sucumbido. Bruselas plantea retrasar un año la entrada en vigor de la regulación para combatir la deforestación, que estaba prevista para enero de 2025. La normativa persigue garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020.
El reglamento obliga a las empresas a llevar a cabo una estricta diligencia debida si comercializan en el mercado de la UE o exportan de él productos como aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados. Las importaciones de esos productos tendrán que someterse a procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.
“Dada la información recibida de los socios internacionales sobre el estado de sus preparativos, la Comisión también propone dar a las partes interesadas más tiempo para prepararse”, señala el gobierno comunitario en un comunicado. A la decisión le tendrán que dar el visto bueno el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La propuesta de la Comisión Europea es que el reglamento se empiece a aplicar el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas.
“Dado que todos los instrumentos de aplicación están técnicamente listos, los doce meses adicionales pueden servir como período de introducción progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz”, expresa el comunicado: “Con este paso, la Comisión pretende ofrecer certidumbre sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del EUDR [el reglamento contra la deforestación, según sus siglas en inglés], que es primordial para abordar la contribución de la UE al acuciante problema mundial de la deforestación. La propuesta de prórroga no cuestiona en modo alguno los objetivos ni el fondo de la ley, tal como acordaron los colegisladores de la UE”.
La Comisión Europea basa su decisión en la “preocupación” por el estado de preparación para nueva regulación que han expresado algunos socios mundiales. La queja, que procedía de países desde Australia hasta Brasil, se la reiteraron a Ursula von der Leyen en el marco de la asamblea general de la ONU en Nueva York la semana pasada. “El estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual”, admite la Comisión Europea.
Países como Alemania, organizaciones políticas como el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza parlamentaria y de la familia de Von der Leyen, y sectores afectados, como la patronal de los supermercados, habían elevado la presión en las últimas semanas contra el reglamento bajo la premisa de que no había tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias. En el lado opuesto de la balanza estaban las fuerzas progresistas y las organizaciones ecologistas.
“Apoyamos los objetivos de la legislación, pero las condiciones de cumplimiento no están listas todavía”, explicó la semana pasada la directora general EuroCommerce (patronal de los supermercados y la distribución), Christel Delberghe. Bruselas ha publicado este miércoles “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido para ayudar a las partes interesadas a escala mundial, a los Estados miembros y a los terceros países en sus preparativos para la aplicación del Reglamento de la UE relativo a la deforestación”.