Competencia advierte de que los cárteles para repartirse contratos públicos copan la mitad de las multas que impone

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que los cárteles para repartirse contratos de la Administración copan la mitad de sus sanciones. “Entre 2015 y 2019, en torno al 50% del importe de las sanciones impuestas por la CNMC se corresponden con la desarticulación de cárteles en licitaciones públicas”, señala en una guía explicativa que acaba de publicar para acercar los beneficios de la competencia a los ciudadanos.

El organismo recuerda en esa guía que “si las empresas que suministran bienes y servicios se ponen de acuerdo entre ellas para subir los precios o repartirse los contratos públicos, ello supondrá un sobrecoste importante para la Administración, un encarecimiento que pagarán los contribuyentes”.

“Se trata de un mayor uso innecesario de recursos públicos que podrían destinarse a otros servicios públicos. Este tipo de acuerdos entre empresas es una de las prácticas que más preocupan a la CNMC”.

En el periodo mencionado (2015-2019) la entidad resolvió 16 expedientes relacionados con cárteles en licitaciones públicas con multas que, sin contar las exenciones para las empresas que delataron la existencia de esas prácticas acogiéndose al denominado Programa de Clemencia, suman más de 628 millones de euros, y en sectores como el del suministro de material sanitario, electrificación ferroviaria, tratamiento de residuos urbanos, montaje y mantenimiento industrial, mensajería o seguridad privada.

La mayor multa, 128,8 millones, es la que la CNMC impuso en mayo de 2016 al mercado conocido como AIO (Absorción incontinencia adultos) en el conocido como “Cártel de los pañales”. Sancionó a ocho fabricantes de pañales para adultos que durante 18 años se repartieron un mercado financiado por el Sistema Nacional de Salud aplicando sobrecostes de hasta el 50%.

A continuación figura la del conocido como cártel del AVE (118 millones), en el que el organismo activó por primera vez hace ya dos años la posibilidad de prohibir a las infractoras (entre ellas, varias de las mayores constructoras españolas) contratar con la Administración. Esta posibilidad todavía no se ha concretado porque las multas están recurridas. La duración y alcance de ese veto depende de un órgano consultivo estatal en el que está representada la patronal de la construcción.

En tercer lugar figura la multa de 98 millones al cártel de residuos formados por varias constructoras que impuso el organismo en 2015 y que luego anuló la Audiencia Nacional, lo que llevó a Competencia a reabrir el expediente en 2018.

Otros expedientes destacados en ese periodo son la sanción de 68 millones a varias empresas de mensajería en 2018; los 53,2 millones de multa impuesta en 2019 a un cártel en el mercado de montaje y mantenimiento de instalaciones industriales; los 46,44 millones para las empresas de seguridad privada Prosegur y Loomis; o la sanción de casi 30 millones a varias empresas tecnológicas, Indra entre ellas, que llegaron a redactar los pliegos de concursos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que luego se repartían.

Con posterioridad a 2019, la CNMC ha resuelto otros tres expedientes relacionados con cárteles en licitaciones públicas, aunque por importes muy inferiores. Destaca la multa de 5,76 millones impuesta este año a las dos principales farmacéuticas productoras de radiofármacos PET en España.

Expedientes por resolver

El organismo tiene sobre la mesa otros seis expedientes sancionadores relacionados con posibles cárteles en licitaciones públicas: uno en el sector de la consultoría; otro en el de mantenimiento de carreteras, otro en el del mercado de seguridad y comunicaciones ferroviarias; otro en el de gestión de archivos; otro en el del transporte de viajeros en Cantabria y otro en el mercado de obra civil.

La guía que ha publicado la CNMC, que presentaron la semana pasada el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la presidenta del organismo, Cani Fernández, recuerda que “cualquier persona o entidad, incluyendo a los consumidores y a la Administración Pública, que haya sufrido daños y perjuicios por infracciones de la legislación sobre competencia puede exigir la reparación del daño sufrido y presentar reclamaciones en los tribunales contra las empresas que hayan cometido la infracción” cuando la resolución es firme.

“Si la cuantía del daño no es tan grande como para que el consumidor crea que merece la pena presentar una demanda individual, también puede asociarse con otros afectados y presentar una demanda colectiva o acudir a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas, que pueden presentar la demanda en su representación”.

La CNMC acaba de ver reforzadas sus funciones con la aprobación, el pasado martes, de un Real Decreto-Ley en el Consejo de Ministros para incorporar una directiva europea, la ECN+, que tiene como objetivos proporcionar a los Estados miembros los medios necesarios para reforzar la aplicación efectiva de las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. El plazo para transponer esa directiva venció el 4 de febrero y la Comisión Europea había abierto ya un procedimiento de infracción a España.