La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga si Ferrovial ha participado, junto a otras competidoras, “en prácticas anticompetitivas en los sectores de construcción, explotación, conservación y mantenimiento de carreteras en España, a través de la manipulación de licitaciones realizadas por Administraciones Públicas desde al menos 2014”.
La posible participación de la constructora de la familia Del Pino en estas prácticas ilícitas, que supondría una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya ha motivado una visita de los inspectores del organismo a las oficinas del grupo, que tuvo lugar los pasados 17, 18 y 19 de diciembre.
La investigación consta en una resolución por la que la Sala de Competencia de la CNMC rechazó el pasado 28 de marzo sendos recursos interpuestos por dos filiales del grupo Ferrovial (Ferroser Infraestructuras y Ferrovial Servicios) contra la orden de investigación con la que el 5 de diciembre la directora de Competencia del organismo, Beatriz de Guindos, aprobó esas inspecciones.
La resolución de la CNMC señala que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Madrid autorizó el 13 de diciembre esas visitas de los inspectores de la CNMC a las dependencias de Ferrovial al apreciar que existían “indicios fundados” de que en ellas se encontraba “documentación relevante a los efectos de la comprobación que se pretende sobre un posible ilícito administrativo, estimándose proporcionada la invasión de la sede compartida de Ferroser Infraestructuras, S.A., y de Ferrovial Servicios, S.A.”.
Estas inspecciones forman parte de una información reservada, sin que la CNMC haya incoado expediente por este asunto, y sin que todavía se haya producido la imputación formal de ninguna infracción. Para tratar de invalidarlas, Ferrovial argumentó sin éxito que los inspectores de la CNMC habían llevado a cabo “un interrogatorio en relación con el proceso de elaboración y presentación de ofertas en licitaciones, sin informar al empleado de los elementos relacionados con los hechos inspeccionados, no observándose las garantías legales necesarias”.
Fuentes de Ferrovial señalan que recurrirán la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional y añaden que también se ha interpuesto recurso contra la autorización del Juzgado a los registros de los inspectores de Competencia a su sede.
Reparto de mercado
El 26 de diciembre, la CNMC anunció que investiga posibles prácticas anticompetitivas que “consistirían en acuerdos y/o prácticas concertadas de reparto de mercado, así como intercambios de información comercial entre empresas del sector” del mantenimiento y explotación de carreteras, tras realizar una serie de inspecciones domiciliarias entre los días 17 y 20 de diciembre en las sedes de varias empresas y después de haber tenido conocimiento “de la posible existencia de una práctica colusoria anticompetitiva por parte de determinadas empresas del sector”. El de Ferrovial es el primer nombre que aflora en esta investigación.
Actualmente, la constructora de la familia Del Pino tiene ya abierto un expediente sancionador de la CNMC incoado el pasado 1 de octubre contra Ferrovial y sus rivales Dragados (ACS), Acciona, Corsán-Corviam, FCC, OHL y Sacyr por posibles prácticas anticompetitivas en licitaciones de la Administración Pública para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.
Ferrovial ya fue sancionada en enero de 2015 por la CNMC, junto a varias de sus rivales por su participación en el denominado cártel de la basura. A Cespa (filial de Ferrovial) le correspondió una sanción de 13,6 millones en ese expediente, en el que la mayor multa recayó sobre ACS, la empresa que acumula más sanciones de este organismo por amañar contratos. La resolución fue anulada por la Audiencia Nacional en dos sentencias dictadas en diciembre de 2017 y febrero de 2018.
La CNMC volvió a abrir expediente sancionador a las infractoras hace un año por los mismos hechos y Ferrovial ha recurrido ante la Audiencia Nacional esa decisión, por considerar “que la incoación de este nuevo expediente vulnera el derecho fundamental de Cespa S.A. y Cespa Gestión de Residuos S.A.U. a no ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos”, según explica en sus últimas cuentas anuales. El recurso está concluido y pendiente de que se fije fecha para votación y fallo.
El grupo ha decidido no registrar ninguna provisión por este litigio “dado que los asesores legales de la compañía estiman que los argumentos del recurso de protección de derechos fundamentales son sólidos, si bien el expediente incoado se encuentra en fase muy incipiente”. Ferrovial se ha personado en el expediente reabierto, “sin que por el momento la CNMC haya concretado ni calificado las conductas o prácticas anticompetitivas, ni cuantificado la posible sanción”.