Competencia investiga si la banca ha exigido contratar alarmas a clientes que pedían créditos ICO durante la pandemia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga si la banca ha intentado colocar los sistemas de alarma que algunas entidades comercializan como requisito para conceder los préstamos con garantía del Estado que habilitó el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para proporcionar liquidez a empresas y autónomos afectados por la COVID-19.

En abril, la CNMC puso en marcha en abril un buzón específico de denuncias relacionadas con la crisis del coronavirus y “la mayoría de las quejas han estado relacionadas con el sector financiero por vincular innecesariamente productos a préstamos con garantía del Estado: por ejemplo, productos como seguros o incluso más peculiarmente, servicios de sistemas de alarma” según explicó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante su participación en el European Competition Day celebrado la semana pasada en Berlín.

Fernández, que intervino por videoconferencia en una sesión que analizó la actuación de las autoridades ante la crisis del Covid-19 junto al director de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, Olivier Guersent, y el presidente de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania, Andreas Mundt, calificó de “sorprendente” que los bancos traten de colocar ese producto en el contexto de restricciones derivado del confinamiento por la emergencia sanitaria. Se trata de una de las prácticas que analiza la CNMC, según confirman fuentes del organismo. 

La presidenta del 'súperregulador' indicó que desde la puesta en marcha de ese buzón específico como punto de contacto con los particulares y empresas para que remitieran sus dudas relacionadas con la aplicación del derecho de la competencia durante la pandemia, “hemos recibido más de 700 e-mails”. Fernández recordó que como consecuencia de esas comunicaciones el organismo ha “abierto varias investigaciones en el sector financiero y servicios funerarios”. 

En abril, días después de poner en marcha ese buzón, la CNMC ya anunció que había iniciado investigaciones a bancos, funerarias y fabricantes de productos de protección sanitaria y que en función del resultado de esas pesquisas, decidiría la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

En el caso de la banca, la CNMC dijo que “se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado (Líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras derivadas de la normativa extraordinaria dictada para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

“En concreto, se analiza si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del COVID-19”, añadió.

Varias entidades financieras operan en el negocio de financiación de sistemas de alarmas, incluyendo a los dos protagonistas de la operación bancaria de la década, la fusión Caixabank-Bankia, a la que va a tener que dar su visto bueno la CNMC: Caixabank tiene un acuerdo con Securitas Direct para la financiación de servicios de alarma en hogares durante 36 meses al 0% TAE sin intereses; y otro tanto hace Bankia para la solución Movistar Prosegur Alarmas, destinada a hogares y negocios.

La CNMC no había mencionado hasta ahora al referirse a estas investigaciones el negocio de las alarmas, que está de plena actualidad por la supuesta ola de okupaciones aireada por algunos medios de comunicación en el contexto de la actual crisis económica, un fenómeno que varios juristas opinan que se da principalmente en inmuebles vacíos propiedad de grandes bancos y grandes tenedores. 

El 45% de las denuncias

Las 700 denuncias remitidas al buzón de la CNMC hasta septiembre suponen 200 más que las recibidas en junio. Entonces, cerca de la mitad de las quejas (45%) habían tenido que ver con el sector financiero. El resto correspondía a precios de los productos sanitarios/alimentarios (30%) y funerario y seguros (5% y 1%, respectivamente). El 19% restante se refería, entre otros, a sectores relacionados con las funciones de otras unidades de la CNMC, principalmente sector energético y telecomunicaciones.

Respecto a los alimentos, “no se ha visto todavía una elevación de precios que pudiéramos disgregar como especulativo”, según dijo en junio en el Senado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Las líneas ICO se pusieron en marcha el 6 de abril. Hasta el 24 de agosto, las entidades financieras habían inyectado 98.411 millones de euros de liquidez a empresas, pymes y autónomos a través de 771.507 préstamos avalados por el ICO. En julio la línea se amplió en 40.000 millones más, pero esta última cifra está destinada a inversión. 

Del total inyectado, 74.784 millones de euros han sido garantizados por el Estado y el 97% de las operaciones de financiación y renovación aprobadas se concentraba en autónomos y pymes, quienes cuentan con una cobertura del aval del 80%. Este colectivo, el más vulnerable ante la situación generada por la expansión del coronavirus, había recibido 68.062 millones de liquidez, de los que 54.403 millones contaban con garantía pública, en un total de 771.507 operaciones.