INVESTIGACIÓN
La Comunidad de Madrid contrató a finales de 2021 por 2,8 millones de euros a una inmobiliaria en la que participa la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, mentora política de Isabel Díaz Ayuso. La empresa es el casero de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa.
Según el portal de contratos de la Comunidad de Madrid, el 30 de diciembre de 2021 la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige otro antiguo pupilo de Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, autorizó el arrendamiento del local A (entreplanta y altillo) y de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 11ª del edificio de la calle Agustín de Foxá 29 de Madrid por un importe de 2.859.671,53 euros, más IVA.
El contrato fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad a Orbis Foxá 29, SLU, perteneciente a Orbis Properties, una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) radicada en Madrid en la que participa la familia de Aguirre a través de una sociedad en Luxemburgo.
Según el Registro del Gran Ducado, la mercantil La Granjilla de la Fresneda, SL, domiciliada en la finca La Granjilla de la familia Aguirre en El Escorial (Madrid), es uno de los socios de EPISO 4 Rebound Holding, dueña de Orbis Properties Socimi. Controla la totalidad de los títulos de clase B1, 2.880 acciones, de esa instrumental.
La empresa de los Aguirre tiene como objeto social, según sus cuentas, “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla”, perteneciente a la expresidenta y su familia, cuya vinculación con esta propiedad de recreo mandada construir por Felipe II en las inmediaciones de El Escorial (Madrid) es conocida.
Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, en vísperas de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos (en el término de San Lorenzo de El Escorial), a Aguirre, de 71 años, se la pudo ver al volante de un vehículo merodeando por el municipio de Galapagar, preguntando a los lugareños cómo llegar hasta el vecino El Escorial.
Seis días después, el 28 de abril, los socios de la propietaria de la socimi, entre ellos, la sociedad de los Aguirre, acordaron en una asamblea extraordinaria cambiar sus estatutos y renovar el consejo de administración de su instrumental luxemburguesa. Nombraron por tiempo indefinido a una ciudadana rusa, Ana Schmitt, como administradora.
Sin empleados, La Granjilla de la Fresneda SL tiene como administrador desde su creación en 2008 al empresario y consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta. Como apoderada figura su hermana Piedad. La empresa estuvo aparentemente inactiva hasta 2020.
Pero ese año, meses después de que la Comunidad de Madrid adjudicase (de nuevo, sin concurso público) dos contratos a Orbis por importe de cerca de medio millón de euros (en diciembre de 2019 y en junio de 2020), La Granjilla de la Fresneda SL se convirtió en accionista de la dueña de la socimi. Su entrada en el capital de la matriz luxemburguesa se produjo el 24 de noviembre de 2020, dos meses después de aprobar en España una ampliación de 200.000 euros que fue directa a la partida de “inversiones financieras a largo plazo”, según se desprende de sus cuentas de 2020, disponibles a través de Insight View.
En 2021, esta partida, cuyos activos la empresa de los Aguirre no detalla, se triplicó y alcanzaba 610.117 euros. La Granjilla de la Fresneda es, además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis Properties. A cierre de 2021, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la sociedad de los Aguirre un préstamo a largo plazo de 259.209 euros que ese año devengó unos 8.000 euros en intereses, según sus cuentas de ese ejercicio.
Junto a La Granjilla de la Fresneda SL, en la dueña de Orbis figuran otros dos socios. El mayor accionista es otra entidad luxemburguesa, EPISO 4 Luxembourg Holding Sarl, con 1.185.000 acciones tipo A. El rastro de esta instrumental lleva hasta la británica European Property Investors Special Opportunities 4 LP. Tras ella hay fondos de pensiones de Estados Unidos y firmas como Arango Investment Fund (en Vaduz, Liechtenstein), según el Registro de Reino Unido.
El otro socio es la firma de Reino Unido Savills IM Investment Limited propietaria de otros 11.520 títulos de clase B2, y filial de la consultora inmobiliaria Savills, cuya división en España preside Santiago Aguirre. El empresario vendió en 2018 su antigua consultora, Aguirre Newman, a esa firma de origen británico. Ingresó junto a su socio, Stephen Newman, 67 millones de euros. Aguirre se asoció con Allen Sanginés-Krause, el millonario mexicano que pagó gastos opacos de Juan Carlos I que llegó a investigar la Fiscalía.
elDiario.es contactó con Savills y con un portavoz de Santiago Aguirre para precisar su participación en Orbis Properties y el detalle de los socios de La Granjilla de la Fresneda SL. La consultora y el empresario han declinado hacer comentarios. La socimi tampoco ha atendido una consulta de este medio.
El contrato con Orbis, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010 y también tiene oficinas en el número 31. En la resolución de adjudicación se explica que ya era arrendataria de algunos de esos locales en virtud de un contrato adjudicado en diciembre de 2016. Entonces el edificio pertenecía a la inmobiliaria Colonial, en la que participaba el empresario Juan Miguel Villar Mir.
A ese contrato se sumó otro el 30 de diciembre de 2019, cuando el inmueble ya era de Orbis, para el local A de entreplanta y altillo, y otro en junio de 2020 para el módulo B de la Planta 4ª. “Algunos de esos contratos finalizaban el 31 de diciembre de 2021, y con el objeto también de unificar en un solo documento todos los contratos actuales”, las partes decidieron firmar este nuevo contrato. Este entró en vigor el 1 de enero de 2022 y tiene una duración inicial “de obligado cumplimiento” de cinco años, hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de prorrogarlo hasta 2028.
La renta mensual pactada es de 43.727,58 euros, más IVA, hasta el tercer año, con una carencia del 100% en los seis primeros meses; el cuarto y quinto año de vigencia, subirá a 44.288,19 euros mensuales, y el sexto y séptimo año, a 44.848,8 euros. De ello resulta un precio del metro cuadrado de unos 18 euros, contando esos seis meses de gracia. El contrato especifica que los servicios y gastos generales del inmueble serán gestionados, contratados y satisfechos directamente por la Comunidad de Madrid.
El contrato se firmó en un momento de elevada incertidumbre en el mercado de oficinas por el auge del teletrabajo a causa de la pandemia, con las rentas a la baja y la ocupación al alza, en el entorno del 9,75% en 2022, según datos de Savills. A la pregunta de por qué no se abrió un concurso nuevo, la Consejería de Economía indica que “los contratos de arrendamiento no se rigen por la Ley de Contratos. Es un contrato patrimonial, se puede adjudicar de manera directa como se informa y justifica en el propio contrato”.
Es el procedimiento que suele utilizar la Comunidad de Madrid para alquilar sus oficinas, aunque nada impide a la Administración abrir el proceso a varias empresas en un concurso público. La resolución que dio publicidad al contrato, que firmó Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière, director general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid y secretario General del PP de Chamberí, indica que la Ley de Patrimonio madrileña “permite la contratación directa” en atención a la “singularidad del bien o derecho que se pretenda adquirir”.
En este caso “viene determinada por encontrarse la Comunidad de Madrid ya implantada en el mismo espacio, no considerándose la alternativa de arrendar otro local de características similares”.
“No se considera que la alternativa de arrendar otro local de características similares produzca a día de hoy ventajas económicas y prácticas que la hagan deseable para la Administración ya que no se encuentran inmuebles similares con rentas suficientemente bajas para que compensen los costes de la inversión para la implantación, mudanza y duplicidad temporal de alquileres durante la fase de proyecto, legalización y obras”, argumentó la Comunidad.
Orbis Properties Socimi se constituyó en julio de 2018 y se acogió al régimen socimi en septiembre de ese año. En lugar de cotizar en España (es imprescindible salir a Bolsa para disfrutar de las ventajas fiscales de estos vehículos de inversión), eligió Francia, un camino similar al de otras como Montepino, socimi participada por Bankinter, cuya primera ejecutiva es Dolores Dancausa, hermana de la consejera madrileña de Familia. El pasado viernes, Montepino anunció que ha recibido 'luz verde' para comenzar a cotizar en el Euronext Access de París.
Lo mismo que hizo en su momento Orbis, cuya salida al parqué pasó completamente desapercibida. La socimi adoptó su actual denominación en pleno confinamiento, el 26 de marzo de 2020, y empezó a cotizar en Euronext el 30 de julio de 2020 a un precio de 13,6 euros por acción. Como explica en sus cuentas, todos sus ingresos proceden “de inversiones inmobiliarias en régimen de alquiler localizadas en la Comunidad de Madrid”. Según su web, tiene cinco edificios de oficinas con 72.289 metros cuadrados de superficie en el parque empresarial Cristalia, Campo de las Naciones, Alcobendas, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena y en Agustín de Foxa, 29.
Este último lo adquirió por 29,5 millones y se ubica en el eje del futuro Distrito Castellana Norte, frente a la estación de tren de Chamartín, una localización “muy buena para compañías de tamaño mediano”, dice Orbis en su web. Alberga unidades administrativas de la consejería de Dancausa y de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Este organismo autónomo ofrece “servicios sociales especializados a los colectivos de especial vulnerabilidad”, según la web del gobierno regional, y gestiona residencias para la tercera edad, centros de día de mayores, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales o residencias maternales.
La socimi Orbis tenía valorados sus inmuebles en 246 millones en 2021. Sin empleados, como suele ocurrir en este sector, en ese ejercicio (último del que ha presentado cuentas) facturó 12,76 millones, un 8,2% menos, “debido al reconocimiento de diferentes periodos de gracia con inquilinos nuevos o existentes a causa del impacto de la Covid-19, y el impacto del gradual incremento del trabajo remoto en aquellos clientes cuya actividad lo permite”. El bajón de facturación fue del 17% comparado con los 15,35 millones de 2019.
La socimi nunca ha dado beneficios. Desde su creación hasta 2021, acumula números rojos de más de 28,7 millones. En 2021 las pérdidas fueron de 2,96 millones, en 2020, de otros 8,13 millones. Foxa 29, la dueña del inmueble que aloja a la consejería de Dancausa, fue una de las dos sociedades de Orbis que sí dio beneficios en 2021. Esto le permitió repartir dividendos a su matriz, explica en sus cuentas.
En ellas indicaba que, a causa de la pandemia “y el descenso de las rentas actuales y esperadas”, algunas de sus filiales “podrían experimentar tensiones de liquidez en los próximos meses”, aunque tenía el apoyo de sus accionistas para hacerles frente. Con una deuda bancaria de más de 146 millones, en 2021 Orbis acordó con sus acreedores, Caixabank y Deutsche Pfandbriefbank AG, un periodo de gracia de dos años para amortizar el principal de la deuda a costa de subir la parte a tipo fijo al 2%, medio punto más, hasta el 30 de julio de este año.
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