La figura de la colaboración social (los llamados 'parados voluntarios', que las Administraciones Públicas pueden llamar para realizar trabajos a cambio de completar su prestación), está en auge. Su uso se duplicó en 2013 y es más que probable que siga aumentando: seis comunidades autónomas han incluido entre los objetivos prioritarios de sus políticas activas de empleo para 2014 los “trabajos temporales de colaboración social”, según recoge el borrador del Plan Anual de Empleo, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Son Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia las comunidades que incluyen entre sus objetivos fomentar la figura de la colaboración social. Todas incluyen este propósito dentro del eje de “Oportunidades de empleo”. La Comunidad de Madrid va más allá y adopta también este objetivo en el eje de “Formación”.
El Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas están negociando el Plan Anual de Empleo: el Ministerio traza unos objetivos y ejes generales sobre los que las regiones deben presentar propuestas concretas. Por ejemplo, Empleo ha instado a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes o los desempleados de larga duración o mejorar la calidad de la formación para el empleo. Han sido las comunidades las que, dentro de cada eje, han planteado las medidas a ejecutar.
El texto actual es un borrador sobre el que el Ministerio y las comunidades aún trabajan, pero que se aproxima mucho a lo que será refrendado por el Consejo de Ministros en los próximos meses.
La decisión de estas seis comunidades se toma después de que hace pocos meses el Tribunal Supremo dictara una sentencia en la que señalaba que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo. Su pronunciamento se produjo después de que dos desempleadas demandaran a la Administración canaria por considerar que su colaboración social había sido en realidad una relación laboral. El Supremo les dio la razón y dictaminó que se trataba de un despido improcedente.
En una reunión reciente, CCOO preguntó tanto al Ministerio como a las comunidades que plantearon esta medida cómo iban a garantizar el cumplimiento de los nuevos criterios de jurisprudencia marcados por el Supremo, pero no obtuvo respuesta. Un portavoz de Empleo asegura que la ley que estipula la figura de la colaboración social data de los años ochenta y son las administraciones competentes (comunidades y ayuntamientos) las que deben velar por el cumplimiento de todos los requisitos.
Denuncias por despido improcedente
La decisión del Supremo ha hecho que los sindicatos refuercen su campaña para frenar el uso fraudulento de las colaboraciones sociales e insistir en que estos programas sean sustituidos por contrataciones ordinarias dentro de planes de empleo.
Precisamente, CCOO ha respaldado a 25 personas que han llevado a cabo tareas de colaboración social en el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) y que acaban de presentar una demanda contra el Consistorio. Reclaman la improcedencia de su despido “porque los trabajadores han hecho la misma labor que cualquier trabajador de plantilla y, en definitiva, lo que la Administración quiere es sustituir a trabajadores con derechos laborales por otros compañeros en condiciones precarias”, dice el sindicato.
CCOO subraya, además, que en el caso del Ayuntamiento de Alcorcón los colaboradores sociales han servido para sustituir en sus tareas a trabajadores que fueron despedidos. “En los dos últimos años se ha despedido a 105 personas. De los 53 despedidos el año pasado, 36 trabajaban en parques y jardines. Precisamente, 36 de los parados que llamaron en 2013 fueron para cubrir tareas de jardinería y parques. Se está dando un mal uso de esta fórmula: es sustituir trabajadores con contratos por personas en paro a los que les pagan un complemento, pero que mientras están gastando su prestación”, explicó a eldiario.es el secretario general de Administración Local de CCOO en Madrid, Juan José Regatos.