Las comunidades autónomas se han subido en los últimos meses a la ola de la electricidad verde, siguiendo la estela de los centenares de ayuntamientos españoles que desde hace años exigen en sus contratos de electricidad certificados de origen 100% renovable.
En lo que va de año, Andalucía, Catalunya, Madrid, Galicia, País Vasco, Galicia, Región de Murcia y Extremadura han sacado a concurso o anunciado su intención de adjudicar contratos de suministro eléctrico con la exigencia de que la electricidad suministrada tenga origen verde.
Estas ocho regiones concentran el 68,5% de la población española (más de 32 millones de habitantes) y su territorio genera el 68,5% del PIB y el 66,7% del consumo eléctrico en España, por lo que puede decirse que este tipo de contratos empieza a ser norma en la administración autonómica.
Los contratos de este tipo que han licitado esos gobiernos regionales a lo largo de este año suman un importe cercano a los 580 millones de euros, lo que da idea del negocio que mueven.
El último contrato fue adjudicado el pasado jueves a Iberdrola, la elegida en el concurso que sacó a licitación en octubre el Gobierno de Íñigo Urkullu para, por primera vez en la historia de Euskadi, cubrir su consumo con electricidad procedente de fuentes renovables. La eléctrica vasca se ha adjudicado los dos lotes por un importe (sin contar el IVA) de 51.185.241,32 euros.
Ese requisito 100% verde también figuraba en la mayor licitación de electricidad convocada este año en España, para abastecer a los más de 5.000 puntos de suministro de los organismos públicos adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA).
El contrato, valorado en 238,2 millones (el importe de facturación estimado es de 500 millones), tiene una vigencia de dos años (prorrogable por otros dos) y fue adjudicado el 24 de septiembre a Endesa, que suministrará “en torno a 950 GWh (gigavatios hora), el equivalente al consumo de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año”, tal y como destacó la Junta en octubre.
Las últimas en sumarse a esta moda han sido Extremadura y Madrid, que también en octubre anunciaron su intención de sacar a concurso sendos contratos de suministro con esa cláusula. La Junta extremeña todavía tiene pendiente licitar el suyo. Según anunció el 10 de octubre, incluirá “como condición obligatoria que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia”.
Dos días antes, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, anunció también que los 2.273 edificios públicos y centros dependientes de la Comunidad de Madrid consumirán energía eléctrica cien por cien renovable a partir de 2020. El contrato, con un presupuesto de 98,95 millones, está pendiente de adjudicarse. El plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado lunes.
También en Madrid, la institución ferial Ifema, que estos días acoge la conferencia climática COP25 (y cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid), adjudicó hace unos meses a Iberdrola un contrato de suministro eléctrico 100% verde por 7,31 millones.
Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia
También ha exigido electricidad 100% renovable Galicia, que el 21 de noviembre adjudicó a Naturgy por 82,6 millones el contrato de suministro eléctrico a 1.790 puntos de consumo de la Xunta con un consumo estimado de 264,7 GWh anuales.
Esta empresa también resultó adjudicataria en julio del contrato de suministro a los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (excluidos los centros del SESCAM), que estaba valorado en 45,7 millones y exigía también electricidad verde. Esa cláusula también figuraba en el contrato que el Servicio Murciano de Salud adjudicó en junio a Endesa, valorado en 15,6 millones.
La ola renovable en los ayuntamientos empezó en Catalunya, y también ha ocurrido lo mismo a escala autonómica. A principios de año, la Generalitat adjudicó a Nexus por 26 millones un contrato de suministro de energía 100% renovable para 1.678 puntos de consumo con una demanda de casi 170 GWh “que significa el 86% de los puntos de suministro de la Generalitat”, según destacó entonces la empresa. Y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también adjudicó a principios de año otro contrato a Endesa con un presupuesto cercano a los 9 millones también con cláusula de 100% verde.
Cabe recordar que la ley catalana de Cambio Climático (2017) establecía que “en 2020 un mínimo del 70% del consumo de energía eléctrica total del conjunto de los departamentos de la Generalitat y los organismos dependientes debe proceder de fuentes renovables”, porcentaje que fija para el 100% en 2030. La norma apuesta por el modelo “cien por cien renovable a largo plazo, con el horizonte de 2050”.
La certificación del origen de la energía que suministran estas comercializadoras se realiza a través del sistema de garantía de origen que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para acreditar la procedencia 'verde' de la electricidad que compran en el mercado para venderla a sus clientes.
Hay quien cuestiona estos anuncios ante la imposibilidad de discriminar el origen de los electrones que llegan al cliente y el hecho de que la producción de las renovables no puede cubrir toda la demanda eléctrica. Pero sus defensores argumentan que estas cláusulas tienen un “efecto arrastre” en la demanda de energías limpias, ya que las comercializadoras certificadas por la CNMC se comprometen a adquirir la electricidad contratada a instalaciones de energía renovable.
Los contratos de este tipo se han multiplicado en los últimos años, tanto en el sector público como en el privado, por el compromiso de muchas empresas de reducir su huella climática. “A este paso, llegará un día en que no haya garantías de origen para tantos contratos verdes”, dice una fuente del sector eléctrico.