Los concursos de acreedores se cuadruplican entre los autónomos en dos años por la ley de la segunda oportunidad

Los concursos de acreedores se cuadruplicaron entre los autónomos de 2020 a 2022, hasta alcanzar los 4.006, “fundamentalmente por las peticiones del mecanismo de la segunda oportunidad”, según el Consejo General de Economistas (CGE). Un mecanismo para 'eliminar' o exonerar deudas, según distintos requisitos, que fue diseñado y aprobado en 2015 pero que recibió un impulso desde 2021 con la reforma de la Ley Concursal.

Los datos publicados este miércoles por el CGE muestran que los trabajadores por cuenta propia se acogieron al 43,6% de todos estos procesos para empresas insolventes que hubo en España el año pasado, 9.189 en total. Estos concursos establecen las normas para la liquidación de una empresa, o del negocio de un autónomos, en quiebra, que no pueden continuar con su actividad y hacer frente a los gastos.

De 2011 a 2020, apenas unos 800 autónomos de media acabaron en concurso de acreedores cada ejercicio. Hubo un pico en 2013, en los peores momentos de la crisis de deuda que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en los que 1.301 trabajadores por cuenta propia que no podían hacer frente a sus compromisos se acogieron a esta herramienta, más propia de las empresas. De hecho, ese año, solo llegaron a representar un 14,23% de todos los concursos de acreedores.

Este porcentaje se mantuvo constante hasta 2021, cuando los concursos de acreedores de autónomos dieron un salto del 195%, desde los 806 hasta los 2.378, alcanzando el 32,69% del total. Esta tendencia continuó en 2022, cuando crecieron un 68,5%, hasta los 4.006.

Incluyendo a los autónomos, los concursos de acreedores aumentaron en nuestro país un 26% de 2021 a 2022, según los mismos datos del CGE. Pero si se retira del cálculo a los trabajadores por cuenta propia, este incremento se queda en el 5,8% pese al doble golpe de la inflación y del encarecimiento de los préstamos por los incrementos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) desde julio del año pasado, precisamente para luchar contra las subidas de precios.

Este “importante aumento entre los autónomos o el efecto arrastre de la moratoria concursal (aplicada desde la pandemia hasta el 1 de julio de 2022) están detrás de los incrementos de estos procesos de 2021 y 2022”, explica el CGE en el informe que publicó este miércoles.

De esta manera, el estancamiento de los concursos de acreedores concuerda con la fortaleza del mercado laboral y el récord de creación de puestos de trabajo y, del mismo modo, con el crecimiento económico, en plena recuperación tras el extraordinario golpe de la pandemia.

Del mismo modo, “los pagos del FOGASA [Fondo de Garantía Social, el fondo público que cubre a los trabajadores en los concursos de acreedores] disminuyeron en torno al 19% de enero a diciembre 2022”.

En 2023, la tendencia que se apunta es similar. Según el CGE, “el número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han incrementado un 111,38% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo período de 2022, mientras que los concursos de sociedades han disminuido un 3,2%”, según cifras sin consolidar.

El CGE sí advirtió este miércoles del riesgo de que las empresas insolventes aumenten en 2024 por las distintas amenazas que enfrenta la economía. Primero, por la “prolongación de los efectos de la inflación”, y el daño que puede hacer al consumo de las familias y, por otra parte, a las empresas al elevar sus costes. Aunque, de momento, la mayoría ha defendido sus márgenes de beneficio. Segundo, por “el encarecimiento de la financiación”, que, del mismo modo, supone un freno para los consumidores y para la inversión de las empresas.

Para nuestro país, hace algunas semanas, el nuevo Observatorio de Márgenes, una recopilación de estadísticas de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España, señaló que las empresas, sobre todo las más grandes, han defendido sus márgenes (trasladando el encarecimiento de los costes a los precios de venta), elevando sus beneficios en general.

Por su parte, los sectores de la energía, la alimentación y la banca no solo han defendido sus márgenes de beneficio, sino que los han mejorado en esta crisis, elevando su capacidad de generar ganancias. 

El resultado bruto de explotación (una de las formas de medir los ganancias) de las empresas no financieras se ha disparado en promedio cerca de un 50% desde el nivel previo a la pandemia hasta el tercer trimestre de 2023, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria, con una fuerte escalada desde el segundo trimestre de 2021, coincidiendo con el inicio de la crisis de inflación. En ese dato agregado hay un fuerte peso de los sectores energéticos y de la alimentación, pero el crecimiento es generalizado.

La moratoria concursal y la segunda oportunidad

La moratoria concursal fue aprobada por el Gobierno por el shock de la COVID y “consistía en una dispensa temporal para todas aquellas compañías que, encontrándose en situación de insolvencia, o por prever la inminencia de ésta, se veían en la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores”.

En paralelo, el primer Ejecutivo de coalición favoreció el mecanismo de la segunda oportunidad en la reforma de la Ley Concursal. Según este mecanismo, los autónomos que acrediten una situación de insolvencia pueden evitar la quiebra y continuar con su actividad, gracias a la exoneración de una parte de sus deudas, concretamente hasta 10.000 euros, y logrando un plan de pagos.