Audiencia Nacional y Tribunal Supremo se han pronunciado con rotundidad en los últimos meses: el ERE que aplicó Coca-Cola Iberian Partners es nulo y la empresa debe readmitir a la plantilla. Sin embargo, los pronunciamientos judiciales no han servido para solucionar un conflicto que se alarga y la empresa se resiste a cumplir las sentencias. La embotelladora no anunció hasta hace unos días la reapertura del centro de Fuenlabrada -lo hará el 7 de septiembre-, pero las condiciones no serán las mismas que antes del ERE. Los sindicatos denuncian que se trata de un incumplimiento de las sentencias y esperan un nuevo pronunciamiento de la Audiencia Nacional.
El Supremo confirmó en abril que el ERE de Coca-Cola Iberian Partners es nulo. Tres meses después, en julio, la Audiencia Nacional ordenó a la empresa cumplir inmediatamente la sentencia: tenía tres días para readmitir a los trabajadores “en sus puestos de trabajo”. El proceso de reestructuración afectó a 1.191 personas, aunque finalmente se ejecutaron 821 despidos. La operación supuso el cierre de las plantas que Coca Cola tenía en Fuenlabrada, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca.
Pero el conflicto no ha cesado. La anunciada reapertura del centro de Fuenlabrada el próximo 7 de septiembre será, eso sí, como centro logístico y no como fábrica de producción, el estatus con el que contaba antes de aplicar el ERE.
“Hay un incumplimiento de las sentencias tanto en tiempo y forma”, asegura el portavoz de la plantilla de Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, que se refiere, por un lado, al incumplimiento de los plazos y, por otro, a que la apertura como centro logístico no permitirá que todos los afectados recuperen sus mismos puestos de trabajo y condiciones. Es el caso, por ejemplo, de los empleados dedicados a la producción: como ya no se fabricará producto en Fuenlabrada, sus funciones no podrán ser las mismas.
Los trabajadores que sí vayan a desempeñar funciones similares a las que tenían antes del ERE -unos 85- podrán incorporarse el 7 de septiembre. El resto, unos 135 según la empresa, esperarán a un nuevo pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que se espera para el 10 de septiembre. Ese día, los magistrados comprobarán si las reincorporaciones ofrecidas por Coca-Cola se adecúan a los pronunciamientos judiciales. Hasta entonces, los trabajadores han seguido cursos de formación y actualmente, hasta que llegue septiembre, se encuentran con permisos retribuidos.
La decisión de la Audiencia no solo tendrá impacto sobre la plantilla de Fuenlabrada, que es la que desde el comienzo ha liderado la batalla laboral y legal contra la empresa. Los trabajadores de otras plantas cerradas que también pidieron su reincorporación -algo más de doscientos-, como la que se encontraba en Asturias, han pedido que se aplacen sus incorporaciones hasta que los tribunales decidan si un empleo en un centro con diferentes características sirve o, por el contrario, no cumple la sentencia.
Por otro lado, Coca-Cola ha llegado a acuerdos de no incorporación con unos 423 empleados, según datos de la propia compañía.
Fusión
A lo largo del proceso, Coca-Cola ha aducido varias causas para no reabrir Fuenlabrada o para no hacerlo en las condiciones anteriores, como motivos de seguridad, cambios en la producción o la necesidad de volver a acondicionar unas instalaciones que llevan cerradas más de un año. Los trabajadores creen, sin embargo, que la empresa solo ha buscado dilatar el proceso para apurar todas sus opciones legales y tratar de minimizar el impacto del proceso judicial.
Mientras, el grupo anunció a comienzos de agosto la fusión de las principales embotelladoras europeas bajo el nombre de Coca-Cola European Partners. La nueva empresa se compone de un 48% de Coca Cola Enterprises -la embotelladora independiente que funciona en países europeos como Francia, Luxemburgo, Reino Unido u Holanda-, un 34% de Iberian Partners -la española fruto de la fusión de las siete previas junto a la portuguesa- y el 18% de Coca Cola Company -propietaria del 100% de la embotelladora alemana-.