El Congreso acepta tramitar el fondo para sacar las renovables de la tarifa eléctrica

El Gobierno ha encontrado este lunes apoyos en el Congreso para seguir adelante con la tramitación del fondo para sacar el coste de las energías renovables más antiguas de la tarifa eléctrica y tratar de abaratar el recibo.

En plena crisis de precios de la energía en Europa, y a la espera del paquete de nuevas medidas que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros para intentar contener la espectacular escalada del mercado mayorista de electricidad de las últimas semanas, la Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el BNG al proyecto de ley de creación del futuro Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).

El FNSSE, una de las medidas estructurales que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica para tratar de abaratar la factura de la luz, se va a seguir tramitando en el Congreso, pero el texto presentado no tiene el apoyo del PP.

Su diputado Juan Diego Requena ha pedido al Ejecutivo que “sean sensatos” y “aparquen el fondo” porque, ha asegurado, va “en contra de la España rural”, la tesis en la que basaba su rechazo total al proyecto de ley el BNG. Aunque ha reconocido que “puede que baje algo” la factura, el diputado popular ha reclamado que ese instrumento se financie con los presupuestos. Con el esquema elegido, “se va a repercutir sobre todos los consumidores y no sobre todas las grandes empresas energéticas”, ha asegurado. 

En un debate bronco, marcado por las referencias a los continuos récords diarios del denominado pool eléctrico, las portavoces del PNV y Ciudadanos han adelantado que no apoyarían las enmiendas a la totalidad presentadas al FNSSE, “por responsabilidad” y porque “los españoles necesitan soluciones”, ha dicho la portavoz naranja, Carmen Martínez Granados. Idoia Sagastizabal (PNV) ha advertido de que para la actual coyuntura de precios, derivada de las cotizaciones récord del gas y el CO2, “no hay soluciones mágicas”, en línea con las tesis de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

Para solicitar su apoyo al proyecto de ley, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha señalado que este instrumento “redistribuye el esfuerzo” de la descarbonización entre todo el sector energético, asignando su aportación en función del volumen de energía que cada comercializador vende.

Ribera ha defendido que en otros países se han puesto en marcha mecanismos similares, como Alemania, que ha creado un impuesto suplementario sobre el CO2 para financiar el apoyo a las renovables. Ha invitado a los grupos “a trabajar de forma constructiva y solidaria” ante la actual situación de los mercados energéticos, y ha defendido que este fondo “aporta una solución eficaz para abaratar el recibo”, “económicamente viable y socialmente justa”, para contener una escalada ante la que “todos sentimos preocupación”.

Según los cálculos del Ejecutivo, el futuro fondo, una vez plenamente operativo (se plantea desplegarlo a lo largo de cinco años), facilitaría una rebaja del recibo de los consumidores de alrededor del 12% al liberar al sistema eléctrico del coste de las primas a las renovables, unos 7.000 millones de euros anuales, cargándolo al conjunto del sector energético.

Junto al proyecto de ley para recortar el exceso de beneficios de nucleares e hidroeléctricas por el CO2 que también está en tramitación, supondrá una rebaja del 15% en el recibo final.

Esto, a la espera del plan de choque que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros para cumplir la promesa de Pedro Sánchez de que a final de año un consumidor doméstico pague lo mismo que en 2018, descontada la inflación. Por lo pronto, el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista lleva semanas desbocado y desde el viernes lleva por encima de los 150 euros, un nivel inédito hasta ahora en España, en un contexto de elevada incertidumbre en Europa de cara al invierno por el shock de precio que vive el mercado del gas natural.