El proceso para eliminar las 'Golden Visa' sigue su curso. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la supresión de esta figura, que permite obtener el permiso de residencia mediante la compra de vivienda por más de medio millón de euros. El Ejecutivo ha articulado la tramitación a través de una enmienda introducida en la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que ahora deberá enviarse al Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en abril su intención de acabar con esta figura, que Mariano Rajoy puso en marcha en 2013 para atraer capital extranjero, que permitía acceder al régimen de residencia si se invierte más de 500.000 euros en inmuebles. “El de la inversión especulativa en la vivienda”, dijo entonces Sánchez, “no es el modelo de país que queremos”.
Desde la entrada en vigor de este mecanismo se han concedido más de 14.576 visados, según los datos del Ministerio de Vivienda. Según la información recabada por elDiario.es, solo entre 2018 y 2022, millonarios extranjeros habían realizado inversiones inmobiliarias en el país por unos 4.800 millones de euros. Por número de visados de oro, China está a la cabeza, con 1.302 solicitudes; seguida de Rusia, con 521; Irán (124) y Reino Unido (123).
Aunque la mayoría de solicitudes provienen de personas que compran vivienda en España, un pequeño grupo, de en torno el 6%, opta a ellas a través de inversiones de cualquier otro tipo. Pese a que en un primer momento no estaba claro si estos también se verían afectados, en la enmienda presentada ya a finales de julio, también se incluía la eliminación de los permisos para proyectos empresariales. En concreto, la normativa permitía obtener un visado o autorización de residencia a aquellos extranjeros no residentes que inviertan al menos un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, en fondos de inversión o en depósitos bancaros en entidades financieras y dos millones en deuda pública.
Sin embargo, la entrada en vigor de la prohibición no es inmediata. La norma deberá pasar al Senado y, una vez publicada en el BOE, se seguirán tramitando aquellas peticiones que se hayan solicitado previamente, lo que da margen a estos inversores para continuar adquiriendo inmuebles.
La ministra Isabel Rodríguez señaló en abril, que el fin de este instrumento “dará oportunidades a quienes tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos, con tensión de precios y falta de oferta residencial”. De hecho, según los datos de su departamento, Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Balears y Valencia, seis especialmente tensionados y con precios disparados, concentran el 90% de las autorizaciones. “En algunas ciudades de relevancia, las adquisiciones de viviendas ligadas a estas inversiones han llegado a representar hasta el 7,1% (Marbella) o el 5,3% (Barcelona) del total de las compraventas de vivienda en un mismo año”, indicaban.
El Ejecutivo ha basado su decisión de acabar con las 'Golden Visa' en el compromiso de garantizar “que la vivienda sea un derecho y no un negocio especulativo”, pero también en que la Comisión Europea instó en 2022 a los Estados miembros “a derogar inmediatamente cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente”. “Países como Irlanda o Portugal ya han eliminado dichos visados y otros están endureciendo los requisitos para obtenerlos”, aseguró Rodríguez.
Eliminar estas fórmulas ha sido también una reivindicación del socio minoritario de la coalición. Cuando Sánchez anunció su intención de suprimirlas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que la decisión se había tomado con Sumar pese a que se estaba abordando “en la negociación presupuestaria” y que los socialistas “se oponían en ese momento”.