- Subida de las pensiones en función del IPC en 2018 y 2019, cinco semanas de permiso de paternidad y mejora salarial para los funcionarios, entre las mejoras; un gasto social menguante (sobre todo en educación y sanidad) y la congelación del IPREM, entre lo más criticado
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado para 2018, los primeros de la era Sánchez. Fueron elaborados por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en su día los pactó con Ciudadanos y PNV. Los nacionalistas vascos pusieron como condición al ahora presidente del Gobierno socialista que mantuviera este proyecto si quería contar con sus votos para descabalgar a Mariano Rajoy, como así ocurrió.
El Gobierno del PSOE ha dicho que asume estos presupuestos por “responsabilidad” y porque son de “tránsito” ya que el Ministerio trabaja en el techo de gasto y en las cuentas de 2019 que quiere presentar en plazo, según explicó en su tramitación la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un techo de gasto que el PP podría echar atrás en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, complicando las futuras cuentas.
Los presupuestos de 2018 contemplan un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% superior al de 2017, una previsión de ingresos tributarios de 210.015 millones, un 6% más, e incluye la subida del 1,6% de las pensiones para este año y el que viene, así como el alza del Salario Mínimo y de los sueldos de los funcionarios y deducciones en el IRPF para rentas bajas. También se incluyen cinco semanas de permiso de paternidad.
También la equiparación de los sueldos de los Policías y Guardias Civiles y los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, informa Efe.
Un gasto social menguante (sobre todo en educación y sanidad) en relación al crecimiento del PIB, la congelación del IPREM y el mantenimiento de las bases de cotización para empleadas de hogar son algunas de sus medidas más criticadas.
Este trámite final ha consistido en la votación de las 44 enmiendas que el PP y el PAR introdujeron en el Senado, por valor de 175 millones. El PSOE ha votado en contra de las enmiendas.
La tramitación y aprobación final de estos presupuestos ha sido tan accidentada y sorprendente como los propios giros de la política española en los últimos meses. Dos circunstancias complicaron durante meses reeditar los apoyos de los socios que el PP había conseguido en 2017. Por un lado, el PNV advirtió de que la intervención del Gobierno en Catalunya lo hacía imposible. Por otro lado, los buenos resultados de Ciudadanos en las elecciones catalanas y el fiasco del PP propiciaron que el partido de Albert Rivera prefiriera retrasar dar su apoyo al Ejecutivo, según lamentaba el propio Montoro hablando de “cálculos políticos”.
El entonces ministro pedía a los socialistas que hicieran política de Estado y apoyaran estas cuentas, algo que efectivamente ha ocurrido, pero no del modo que suponía el ministro de Hacienda más longevo de la democracia.