El Congreso aprueba la comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas del Castor
El Congreso ha votado a favor de la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas. La comisión ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.
Con aplausos han recibido en la tribuna de invitados Enric Pla, alcalde de Vinaròs, junto a un grupo de ciudadanos del que fue uno de los municipios más afectados por los terremotos provocados por la plataforma que puso en marcha una filial de la empresa ACS.
La diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester Muñoz, ha argumentado para defender la comisión que “se trata de una de las mayores estafas de la historia” en un “proceso plagado de irregularidades”. Además de calificar el proyecto como “innecesario e inviable, Ballester ha denunciado que se trató de hacer ”pagar a la ciudadanía el rescate de las grandes empresas“ para que ”el señor Florentino Pérez no asuma ningún riesgo“.
El diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha explicado que la plataforma Castor es “el mejor ejemplo de capitalismo extractivo y capitalismo de amiguetes por el que las grandes empresas deciden que se publica en el BOE. ¿Se decidió el Castor en el Ministerio o en el palco del Bernabeu?” y ha señalado al PSOE y al PP como responsables políticos.
La propuesta, impulsada por el grupo confederal de Unidos Podemos y Compromís, reclama “poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras” pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías.
Además de la afectación de causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, así como su desmantelamiento.
La diputada de Compromís, Marta Sorlí, tras enumerar 10 negligencias que se dieron en el proyecto ha insistido en que se trata de una “estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente” y ha recordado que serán los ciudadanos los que pagarán los 4.500 millones de costes a través de la factura del gas.
El diputado del PSOE, Artemi Rallo, ha asegurado que su grupo está a favor de investigar todos los aspectos de la concesión a la compañía “sin prejuicios ni reservas ya que es un asunto de interés publico” y ha recordado que el Gobierno del PP de entonces se apresuró a indemnizar a ACS sin pararse a investigar si había ocurrido alguna negligencia ni atender a estudios medioambientales.
Por su parte, el diputado del PP, Guilermo Mariscal, ha responsabilizado totalmente al PSOE del proyecto que se aprobó con la firma del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y ha rechazado cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Teresa Ribera
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén, una posibilidad que ya adelantó el diputado del PP.
Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%), la concesión de explotación del fallido almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El decreto incluía una polémica cláusula, que no se llegó a aplicar, inédita en este tipo de instalaciones y avalada por el Tribunal Supremo en octubre de 2013, que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. Ese es el origen de la multimillonaria indemnización de 1.350 millones de euros que cobró la adjudicataria tras renunciar al fallido almacén a finales de 2014.
El Tribunal Constitucional (TC) anuló el procedimiento porque el se que estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas. La compensación se fijó mediante un Real Decreto Ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, y es precisamente este procedimiento lo que el tribunal considera inconstitucional.
Posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) suspendió el pago a las entidades financieras de los derechos de cobro derivados de la indemnización por la clausura del fallido almacén subterráneo tras quedar esa compensación sin cobertura jurídica después de su anulación por parte del Tribunal Constitucional. Las entidades afectadas fueron Santander, Caixabank y Bankia.
