Bien pasadas las diez de la noche, el Congreso votó en Pleno instar al Gobierno a incluir a los beneficiados por la amnistía –alrededor de 31.000 contribuyentes– en un plan especial de inspección tributaria. La idea original de Ciudadanos, y que había pactado con el Partido Popular dentro del acuerdo de investidura, era la de reclamar a los amnistiados el diferencial entre el tipo del 10% que contemplaba la ley, y lo que finalmente pagaron (menos del 3%) por una laxa interpretación de la normativa.
Aunque en el texto de la moción se siguen exigiendo esta devolución, este 30 de noviembre transcurren cuatro años desde que acabó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, y Ciudadanos entiende que esto suponía el inicio de la prescripción de la medida. Habida cuenta de que ya no queda margen de maniobra, el grupo, liderado en este caso por el portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, ha optado por pedir que se inicien acciones inspectoras extraordinarias a estos contribuyentes que, entienden, son más proclives a defraudar ya que antes de la amnistía tenían dinero opaco.
Si el Gobierno obedece al mandato parlamentario, que ha salido adelante con los votos de la mayoría de los partidos, y la abstención del PP, ya no se trataría de recuperar lo no cobrado por los bienes aflorados en la amnistía fiscal, sino de inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes en estos años no prescritos, esto es, de 2012 a 2015.
Ciudadanos pide que esto se incorpore al plan antifraude de la Agencia Tributaria.
Un pacto en cuestión
La formación de Albert Rivera había pedido al Gobierno que cumpliera su promesa de “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”.
Esta propuesta estaba recogida en el punto 6 del acuerdo con “150 compromisos para mejorar España” suscrito entre PP y Ciudadanos en agosto para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y con ella se recaudarían 2.800 millones, según la formación naranja.
Hacienda despachó el asunto enviando cartas a todos los amnistiados para avisarles de que las investigaciones tributarias sobre este proceso no prescriben. Algunos asesores fiscales creen que, con su aviso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se refiere a la existencia de bienes o derechos en el extranjero que no hubieran sido aflorados en la amnistía y que, de ser detectados ahora, darían lugar a una ganancia patrimonial en 2016 y, por tanto, no estarían sometidos a prescripción.
El periodo para acogerse la amnistía, bautizada con el eufemismo de Declaración Tributaria Especial (DTE), abarcaba hasta el 30 de noviembre de 2012, por lo que el plazo de prescripción de cuatro años que estipula el artículo 66 de la Ley General Tributaria para lo regularizado entonces se cumpliría precisamente este miércoles.
No obstante, algunos expertos creen que ya no hay nada que hacer. Hace unas semanas, el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Colegio de Economistas de España advirtió de que ya no es posible “regularizar la situación tributaria de un contribuyente por los ejercicios que pudo sanear a través de la DTE, ya que estos son 2008, 2009 y 2010 y están, en general, prescritos, dado que dicha declaración no interrumpió la prescripción de los mismos”.