El Gobierno del PP ha sufrido este jueves una derrota histórica, de la que no hay precedentes desde 1979. El Congreso ha rechazado por 142 votos a favor (PP, PNV, UPN y Foro), 175 en contra (PSOE, UP, ERC, PdeCAT, Compromís, Bildu, CC y NC) y 33 abstenciones (C's) convalidar el real decreto para modificar el régimen de los trabajadores de la estiba. El Ejecutivo ha advertido de que la segunda multa de Bruselas, que obliga a cambiar las condiciones del sector, está “a punto de caer”.
El debate se inició a las 9:00 horas con la defensa de la gestión de esta crisis de un cabizbajo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ya sabía que el texto no saldría adelante, ni siquiera por la mínima o por sorpresas de última hora. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acababa de anunciar en los pasillos que su partido se iba a abstener en la votación, en lugar de votar a favor como habían dicho un día antes. Su argumento era que no se había conseguido un acuerdo entre patronal y sindicatos y que el texto igualmente se iba a rechazar. Además estaban a punto de aterrizar las tres diputadas de Podemos, ERC y Compromís que se habían ido de viaje a Nueva York con la comisión de Igualdad, y con cuya ausencia contaba el PP para intentar cuadrar sus números.
En un hemiciclo prácticamente vacío -en el banco azul sólo ha estado sentada, intermitentemente, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, también involucrada en la negociación- y con su antecesora en el cargo, ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la espalda, De la Serna aseguró que “el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer”. Quizás para evitar comparaciones históricas ha recalcado que “este no es un real decreto cualquiera” y que su rechazo “no es un varapalo al Gobierno” sino “al conjunto de los españoles que tendrán que pagar la multa”.
Reclamó “sentido de Estado” al resto de los grupos e insistió una y otra vez en la amenaza de una segunda sanción -de 134.000 euros al día, que se añade a los 23 millones ya estipulados- del Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre su gestión de la crisis, defendió que el proceso lleva en marcha dos años con una activa participación del Gobierno. Pero los portavoces de la oposición le han criticado por haberse sentado en la mesa sólo a última hora para negociar un acuerdo “in extremis” y en una reunión técnica en la que ni siquiera estaban los representantes de los trabajadores capacitados para tomar una decisión.
El portavoz de PdeCat, Ferrán Bel, advirtió de que “cuando las reformas estructurales se hacen de forma unilateral y sin mayoría absoluta las cosas pasan como pasan”, y aseguró que la responsabilidad de esta situación “es del Gobierno. Ni los sindicatos, ni las empresas ni los grupos la podemos asumir”.
De la Serna agradeció su labor “incansable” a Báñez y al mediador entre estibadores y la patronal Anesco, el presidente del CES, Marcos Peña. “Empezó con una tarea difícil y se acabó tornando imposible. Y de eso nos encargamos todos”, admitió. También reconoció que perder una votación como esta “no es lo más agradable que le puede suceder a uno cuando acaba de iniciar una legislatura”.
El ministro reprochó al PSOE que anunciase en plenas negociaciones que iba a rechazar el decreto: “El mayor obstáculo fue que desde los primeros momentos se anunciara la posición negativa de algún grupo político. Si alguien está en una situación de monopolio (en referencia a los estibadores), y le comunican que puede seguir así, ¿para qué va a dar un paso adelante?”.
El portavoz del PSOE en el debate, César Ramos, contestó que habían hecho lo que dijeron desde el principio: “Que votaríamos en contra si no había acuerdo con los trabajadores”. Según los representantes sindicales, el Gobierno quiere ir más lejos de lo que pide Bruselas, y los grupos parlamentarios que han rechazado el decreto les dan la razón. El socialista ha pedido a los estibadores presentes que en el proceso que comienza ahora no haya paros en los puertos (la Coordinadora de Trabajadores del Mar ya ha anunciado que si no salía el decreto adelante la huelga se desconvocaría). “Pongan un plazo razonable al acuerdo, pónganse a trabajar desde mañana y que no acabe la película diciendo quienes son los malos y los buenos”, recomendó.
Dimisión del ministro
Con especial dureza ha intervenido en el debate Félix Alonso, de Unidos Podemos-En Comú Podem. Ha empezado saludando a los representantes de los trabajadores que han seguido el debate en la tribuna de invitados -en ese momento se han levantado a aplaudir y a levantar el puño sus compañeros de grupo- y ha llegado a pedir la dimisión de De la Serna, al que ha acusado de tener “actitudes de tahúr”, o del secretario de Estado de Infraestructras, Julio Gómez-Pomar.
Calificó el decreto como “salvaje” y lamentó las “tretas de taberna y de última hora” del Gobierno -en referencia al retraso en la votación hasta que estuvieran de viaje las diputadas- y el “cambio de cromos” con grupos como el PNV -a los que han ofrecido apoyar en los presupuestos del País Vasco- para obtener unos apoyos que al final no han servido de nada.
Para el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, el Gobierno “ha infravalorado al sector de la estiba”, que a su juicio es “un ejemplo a seguir” contra la precarización. “El sueldo de los estibadores no lo pagan los españoles, sino empresas internacionales que ganan muchísimo dinero, en función de la productividad”, abundó la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas.
“Si hubieran tenido un poco más cintura esto no hubiera ocurrido. La culpa es del PP y del Gobierno. Hoy no acaba la negociación, hoy empieza”, concluyó Joan Baldoví, de Compromís.