El Consejo de Europa pide a España que reforme la indemnización por despido improcedente. El órgano europeo ha dictado una recomendación este miércoles para que el Gobierno revise la legislación laboral sobre el coste del despido a raíz de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallara en contra de España por vulnerar la Carta Social Europea. Resolvió que la actual indemnización de 33 días por año trabajado no cumple con la regulación europea, en respuesta a la denuncia que presentó el sindicato UGT.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, el órgano ejecutivo de la organización y donde están representados los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, ha dictado esta mañana su recomendación para España como “seguimiento a la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales publicada el 29 de julio de 2024 sobre la reclamación colectiva 'Unión General de Trabajadores (UGT) c. España”, indica el órgano.
“En dicha decisión, el CEDS concluyó que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores en caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente y, por lo tanto, infringe la Carta Social Europea Revisada”, recuerda el Consejo de Europa a España.
En concreto, consideró que “los límites máximos fijados por la legislación española no son suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima”, ni sirven para “ser disuasorios para el empresario”.
Hay que revisar la legislación
La decisión del Consejo de Europa incide en una pelea interna dentro del Gobierno de coalición. Mientras que el Ministerio de Trabajo, en manos de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, insisten en que hay que reformar la indemnización por despido, como reclama también UGT, en el ala socialista se ha seguido defendiendo que la normativa española es “coherente” con la Carta Social Europea y que no era necesaria una modificación legal.
El Consejo de Europa considera que España sí debe reformar su legislación en materia de despido. En concreto, insta al Gobierno a que “proceda a revisar y modificar la legislación pertinente según lo previsto en el Plan Anual Normativo 2024 para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido ilegal, y cualquier baremo utilizado para calcularla, tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso”.
Además, recomienda que España “prosiga los esfuerzos para garantizar que la cuantía de las indemnizaciones pecuniarias y no pecuniarias concedidas a las víctimas de despido improcedente sin causa justificada sea disuasoria para el empresario, con el fin de garantizar la protección de los trabajadores frente a este tipo de despidos improcedentes”.