¿Qué es el plan de trabajo garantizado que propone Izquierda Unida?

El plan de Izquierda Unida para acabar con el desempleo se llama 'Trabajo garantizado'. Se trata de un ambicioso programa de inversión pública con un objetivo igual de ambicioso: crear un millón de empleos en solo un año para, de esa forma, reactivar la economía y aspirar al pleno empleo. Según el documento sobre el que trabaja el partido, el trabajo garantizado no solo crea trabajo, sino que “alivia muchos de los problemas derivados del desempleo”, “se satisfacen innumerables necesidades económicas”, consigue “estabilidad macroeconómica” y evita “tensiones deflacionistas”.

¿En qué consiste exactamente el plan?

En movilizar presupuesto público para que el Estado garantice empleo a las personas que no lo han podido encontrar en el mercado privado. El plan de IU propone crear un millón de empleos públicos en un año. El ente contratante sería el Servicio Público de Empleo, pero serían las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que gestionarían ese trabajo. Se trataría de un contrato diferente a los que existen ahora, es decir, no serían funcionarios ni personal laboral. “Es una relación laboral que no existe, hay un equipo de juristas trabajando en ello pero sería compatible con la legislación vigente”, explica el coordinador de este plan, Eduardo Garzón.

¿Tendrían los mismos derechos que un trabajador normal? ¿Cuál sería el salario?

Estos empleos cotizarían y tendrían todos los derechos laborales salvo uno: el derecho a la negociación colectiva. “Es una medida de emergencia y es importante que estos salarios no puedan ser negociados. Es posible llegar al pleno empleo contratando a todas las personas que quedan fuera del mercado laboral privado siempre que las remuneraciones sean bajas”, asegura Garzón. Es decir, los salarios más altos del sector privado estimularían a los trabajadores de este plan a aceptar otros trabajos.

“Además, las empresas se verían obligadas a ofrecer sueldos más altos si quieren atraer talento. La idea es que todo lo que quede por debajo acabe desapareciendo, porque la gente podría dejarlo para acogerse al trabajo garantizado”, dice. El plan de IU determina salarios de entre 900 y 1.200 euros brutos en función de la cualificación. Los sueldos más altos supondrían una remuneración de unos 1.050 euros netos al mes, unos 15.000 euros anuales.

¿Qué tipo de empleos se crearían?

IU habla de varios sectores: servicios sociales, cuidado del medio ambiente, servicios culturales, deportivos y recreativos, y construcción y mantenimiento de infraestructuras. Más concretamente, cuidado de dependientes, niños, apoyo a estudiantes, protección de bosques, reciclaje, cuidado de espacios verdes, protección del patrimonio o mantenimiento de infraestructuras, entre otros.

Eduardo Garzón habla de un núcleo principal de empleos –formado por los trabajos que atienden necesidades más urgentes o necesarias para la sociedad– y de una red de empleos no tan perentorios. De esta forma, si una persona con un empleo 'del núcleo' encuentra un puesto en el sector privado, otra persona del programa de trabajo garantizado que estuviera desempeñando una labor diferente le sustituiría. “Habría una transferencia de trabajadores a necesidades prioritarias”, asegura.

¿Quién decidirá a quién contratar y con qué criterios se elegirán a las personas beneficiarias?

Aunque el SEPE será el agente contratador, la idea de IU es que sean los entes locales “junto a la sociedad civil” los encargados de decidir qué trabajos se harán en cada comunidad en función de sus necesidades. ¿A quién elegir? Es uno de los puntos por aclarar y en el que los expertos que preparan el plan del partido siguen trabajando. “Hay varias ideas, contratar a personas que vivan en familias sin ingresos, o bien contratar jóvenes, o que los municipios y la sociedad civil decidan en función de las características de cada comunidad”, explica Eduardo Garzón.

¿Cuánto cuesta este programa?

La estimación de IU es una inversión inicial de unos 15.000 millones de euros. Sus cálculos indican que parte de ese dinero se recuperaría, puesto que volvería al Estado en forma de cotizaciones e impuestos. En ese caso, creen que el impacto neto sería de 9.600 millones, una previsión que consideran conservadora y fácilmente mejorable si se tiene en cuenta que también supondrá un ahorro en, por ejemplo, prestaciones por desempleo.

El partido propone financiar este plan mediante los recursos obtenidos de una reforma fiscal amplia, así como con préstamos del Banco Central Europeo a través del Instituto de Crédito Oficial. No descartan acudir a acreedores privados si fuera necesario.

¿Cómo garantizar que el empleo público no se degrada y que estos empleos no impiden la actividad privada?

“Son dos riesgos, habrá que controlarlos y evitar que ocurran”, dice Garzón. Sobre el primer paso, que este tipo de empleos acaben sustituyendo a los puestos de trabajo que cientos de miles de personas hacen para las administraciones, Garzón señala que habría que asegurarse de que las administraciones no pueden despedir a empleados públicos para luego utilizar esta figura. En cuanto a que este tipo de actividades impidan que empresas privadas especializadas se queden sin mercado, asegura que existirá una especie de autorregulación: si una comunidad detecta que ese servicio ya está ofrecido, decidirá crear los empleos en otro sector.

¿Qué efectos pretenden?

Por un lado, IU estima que ese millón de empleos generarían alrededor de otros 200.000 o 300.000 puestos de trabajo privados y que, en general, ayudarían a reactivar la economía. “Permite un aumento de la capacidad adquisitiva, eso elevaría el consumo, supondría más ventas, mejores previsiones empresariales, más empleo...”. Garzón recuerda que este plan iría acompañado de otras medidas encaminadas a conseguir los mismos resultados y que se trata de un programa “de urgencia”. IU asegura que la desigualdad se reduciría, el trabajo de cuidados se dignificaría, y las actividades económicas y sociales que actualmente son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente se reforzarían.

“Es profundamente absurdo y contraproducente que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas”, reza el documento con el que trabaja IU.