El Consejo Constitucional de Francia autorizó este domingo que el Gobierno francés aplique un impuesto del 75% a las empresas sobre los salarios de los empleados que ganen más de un millón de euros, una simbólica promesa electoral del actual presidente, el socialista François Hollande.
La máxima autoridad judicial de Francia ya había rechazado hace un año una primera versión de ese texto, al entender que su redacción incurría en desigualdades ante el fisco.
Aquella corrección supuso un varapalo para una de las medidas más llamativas de la campaña que llevó a Hollande al Palacio del Elíseo en 2012, por lo que el Gobierno anunció inmediatamente que trabajaría para elaborar una nueva versión que lograra el plácet del Consejo.
El impuesto validado finalmente por el Constitucional, que el Ejecutivo ha descrito siempre como excepcional y transitorio en momentos de crisis, tendrá una duración de dos años.
Supone un gravamen a las empresas del 50% sobre esos grandes salarios, que se suma al 25% de cargas sociales.
La tasa, que recae así sobre la empresa y no sobre los asalariados, no podrá superar en ningún caso el 5% de la facturación de la compañía.
Con esa medida el Estado francés espera recaudar 260 millones de euros en 2014 y 160 millones de euros en 2015.
Los clubes de fútbol, los más afectados
Parte de esos ingresos provendrán de los clubes de fútbol, que se opusieron frontalmente a la iniciativa del gobierno socialista que lidera Jean-Marc Ayrault.
El fútbol galo amenazó el pasado noviembre con declarar una huelga -la primera desde 1972- pues la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) calcula que tendrán que pagar unos 44 millones de euros más al año en forma de impuestos.
Solo el París Saint-Germain, donde juegan estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani o Thiago Silva, debería pagar unos 20 millones de euros, según esos cálculos.
Finalmente, y ante la firme negativa de Hollande de exonerar de esa tasa incluso a los contratos en curso con futbolistas, los clubes retiraron su convocatoria de huelga.
La “huida” de Gerard Depardieu
Pero el llamado “impuesto a los muy ricos” se había revelado controvertido desde su anuncio. Un año antes de que los clubes de fútbol montasen en cólera, la tasa motivó un sonado enfrentamiento entre el célebre actor francés Gerard Depardieu y el Gobierno.
Depardieu, el actor mejor pagado de Francia, hizo público su malestar con ese impuesto y anunció que trasladaba su residencia fiscal de París a Néchin, un pueblo belga situado a un kilómetro de la frontera francesa.
El intérprete que encarnó en la pantalla a Obélix o a Cyrano de Bergerac llegó a declarar que renunciaba a su pasaporte francés después de que el primer ministro hubiera calificado su actitud de “lamentable”.
La rocambolesca historia terminó con el presidente ruso, Vladimir Putin, enviándole un pasaporte ruso a Depardieu, ahora de 64 años, quien se empadronó en Saransk, capital de la república rusa de Mordovia, a unos 600 kilómetros al este de Moscú.
Así, el fallo definitivo del Consejo Constitucional pone fin al azaroso camino parlamentario y mediático de un impuesto que ha tardado casi dos años en ser efectivo y que solo tendrá validez sobre los ingresos de 2013 y 2014, que computan en los ejercicios de 2014 y 2015.
París podrá aplicar su presupuesto
Tras el fallo del Constitucional, el Ejecutivo se felicitó por una decisión que valida “la casi totalidad de las disposiciones” del texto redactado por el Gobierno, pues ese órgano retocó también otras cláusulas del presupuesto del Gobierno para 2014 y la rectificación de los de 2013
Los llamados “sabios” de ese consejo censuraron 24 artículos de los 236 del texto aprobado por los diputados, algunos a petición de la oposición y otras por iniciativa propia.
“Las disposiciones relativas a la política económica del Gobierno han sido validadas” y se censuran esencialmente “enmiendas técnicas”, declararon en un comunicado conjunto los ministros de Economía y de Presupuesto, Pierre Moscovici y Bernard Cazeneuve, respectivamente.
De esa forma, el Ejecutivo podrá aplicar un presupuesto que persigue un ahorro de 15.000 millones de euros en 2014 y un déficit público del 3,6% del producto interior bruto (PIB).