El Tribunal Constitucional avala otro paquete de la reforma laboral: si en febrero ya se pronunció favorablemente sobre la rebaja de la indemnización por despido, la limitación del cobro de los salarios de tramitación y la procedencia de tramitar la norma como decreto ley, el tribunal avala ahora la creación del contrato de emprendedores (con un año de prueba) y algunos cambios en la negociación colectiva, según ha podido saber eldiario.es. El recuento ha sido de nueve votos a favor y tres en contra. Habrá un voto particular al que se adherirán estos tres magistrados.
El Constitucional se pronuncia así sobre un recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra. De esta forma, aprueba el contrato de emprendedores, de cuya constitucionalidad dudaron sindicatos y expertos al ofrecer un año de prueba y, por tanto, de despido gratis. Sin embargo, el Tribunal ha descartado que el nuevo contrato vulnere el derecho al trabajo y rechaza que exista una falta de causalidad en el despido que sea inconstitucional.
Avala también dos cambios en la negociación colectiva, que facilitaba la posibilidad de inaplicar los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre cualquier otro.
El fallo del Constitucional no está exento de polémica. Por un lado, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, es ideólogo de buena parte de los cambios que el Gobierno llevó a cabo en la negociación colectiva. En este caso, ha dado el espaldarazo a una parte de la norma que permitía a las empresas inaplicar convenios con mucha más facilidad, dando más poder a un órgano administrativo (la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos) para decidir al respecto. Precisamente, los sindicatos veían este punto como claramente anticonstitucional, ya que contravenía la autonomía para negociar que les concede la Constitución.
Por otro lado, con este fallo el Tribunal contradice a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha subrayado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy vulnera los derechos de libertad sindical y negociación colectiva que contemplan los convenios de la organización ratificados por España. La OIT se pronunció de esta forma después de que UGT y CCOO presentaran una queja ante el organismo.
El Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre otro recurso, el interpuesto por el grupo socialista que, no obstante, incluía asuntos ya resueltos, como el de los salarios de tramitación o el del periodo de prueba del contrato de emprendores, todos ya respaldados.
Los sindicatos ponen de manifiesto que la fórmula que ha utilizado el Constitucional para examinar los recursos sobre la reforma es inusual: en lugar de acumularlos todos, ha ido resolviendo primero los recursos parciales, “que le lleva a adoptar una posición parcelada sobre el contenido global de la reforma”. Una fórmula que, dicen, condicionará sus pronunciamientos posteriores sobre los recursos de carácter general. Además, algunas fuentes sindicales aseguran que la presencia de Pérez de los Cobos -ligado tanto al PP como a la norma sobre la que se ha pronunciado- deslegitima por compleo el pronunciamiento.
CCOO y UGT rechazan el fallo
Los sindicatos ya han lanzando un comunicado en el que rechazan el fallo, que consideran, ratifican la pérdida de poder de la negociación colectiva frente al poder unilateral del empresario. “Supone una interpretación de la Constitución que menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva que, junto al de libertad sindical y de huelga, se erigen como en un baluarte para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores”, señalan.
CCOO y UGT critican que el Constitucional avale la posibilidad de que una empresa no aplique su convenio tan solo con el visto bueno de un órgano consultivo (la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en la que están presente la administración y los agentes sociales), donde basta el voto de la administración. “Es retrotraernos a la época franquista de las relaciones laborales”, aseguran.
Sobre el contrato de emprendedores subrayan que el fallo da vía libre al despido sin causa y a la rotación y falta de estabilidad en los puestos de trabajo.
Los sindicatos han anunciado que seguirán acudiendo a instancias internacionales para buscar un rechazo a la norma.