El proceso para mediar en las reclamaciones sobre las preferentes de Bankia será, posiblemente, el mayor arbitraje que se haya realizado en España. La última palabra la tendrá el Instituto Nacional de Consumo (INC), un árbitro que no cuenta con los recursos para asumir la ingente cantidad de laudos sobre los que tendrá que emitir veredicto. Por eso, el INC ha iniciado un megacasting para buscar árbitros, en la misma proporción del tamaño de la tarea que se avecina.
Consumo, que depende actualmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que pilota Ana Mato, ha comenzado una búsqueda contrarreloj para reclutar entre el personal público, los árbitros que diriman en este conflicto. La fecha límite es el 30 de abril. Los requisitos que pide el INC son ser “personal al servicio de las Administraciones Públicas, funcionario o laboral”, y “abogado en ejercicio o licenciado en derecho que acredite amplios conocimientos en normativa de protección a los consumidores y usuarios”.
Para poder compatibilizar el trabajo como empleado público, Consumo advierte de que hay que tener disponibilidad al menos cuatro tardes a la semana durante tres horas, en horario de 16:00 a 20:00, en la sede del Instituto, lo cual excluye a los funcionarios que estén fuera de Madrid.
La retribución no se publicita en la convocatoria, que ha llegado por correo electrónico a cientos de funcionarios, y que se revelará antes de “aceptar el cargo”. Para entrenar a los árbitros, se dará un curso previo organizado por el Ministerio.
Según diversos cálculos, al menos 300.000 clientes de algunas de las cajas de ahorros integradas ahora en Bankia compraron preferentes, y al menos la mitad podría reclamar que se les devuelva su inversión ya que cumplen alguno de los requisitos, especialmente el de haber invertido menos de 10.000 euros en estos productos.
Si finalmente se aceptan alrededor de 100.000 afectados para acudir al arbitraje, eso da una idea del trabajo y el personal que necesitará el Instituto.
La criba previa para el arbitraje la hará la consultora KPMG que, según fuentes conocedoras del proceso, ha preparado un sistema altamente informatizado que aligerará el método y minimizará la intervención humana en la selección de los que finalmente vayan al arbitraje. De forma prioritaria entrarán los que hayan invertido menos de 10.000 euros, los menores de edad o las personas que no estuvieran en plenitud de sus facultades.
La fecha límite para pedir ser incluido en el arbitraje como afectado es el 30 de junio.