El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a varias agencias inmobiliarias, encargadas de la gestión de alquileres, por llevar a cabo prácticas abusivas e ilegales, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. En concreto, según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, estas empresas obligan a los inquilinos a pagar una comisión por el arrendamiento, a firmar contratos temporales para un uso de residencia habitual o incluían otro tipo de cláusulas abusivas.
El cobro de una comisión a los inquilinos, el llamado mes de agencia, se prohibió con la nueva Ley Estatal de Vivienda, pero varias empresas utilizan subterfugios para trampear la norma, como reclamar un seguro de impago de alquiler, que beneficia al propietario, o cargar el cobro de otros servicios. Precisamente, varias sentencias han declarado ya la nulidad de estos supuestos. Desde Consumo, recuerdan que “trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida expresamente”.
También lo es, señalan desde el ministerio, “la firma de contratos temporales en los que la temporalidad no esté justificada”. Este tipo de contratos es la fórmula que muchos propietarios están empleando para sortear los límites a los aumentos de precios que marca la Ley de Vivienda. Esta obliga a que los contratos de uso residencial tengan un mínimo de cinco años de duración, en los que los aumentos de precio están limitados. El Ministerio de Vivienda trabaja también en un reglamento para impedir esta práctica, salvo en los casos en los que esté justificada por las necesidades del inquilino.
La investigación puesta en marcha por la Dirección General de Consumo, que no indica a qué empresas afecta, se ha abierto tras conocerse que varias inmobiliarias estarian realizando estas prácticas irregulares, a través de diversas denuncias. Desde el ministerio indican que podrían calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, o muy graves, con hasta un millón, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
En concreto, la imposición de comisiones o cobros por servicios no solicitados, así como el uso de prácticas comerciales desleales acarrean multas de hasta 100.000 euros. Y la introducción de cláusulas abusivas puede llevar al millón.
La investigación, señalan desde el Ministerio, “se enmarca en la acción prioritaria de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda”. Este departamento ya envió una advertencia a varias inmobiliarias a principios de año, en las que recordaba a estas empresas que cobrar una comisión por la gestión a las personas interesadas en arrendar una vivienda es ilegal. “Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización dell contrato serán a cargo del arrendador”, señalaba la nota.
En los últimos meses inquilinos o personas interesadas en alquilar un piso, pero que no lo consiguen, están denunciando no solo los elevadísimos precios, sino prácticas como un cobro simplemente por visitar la vivienda.
El ministro Bustinduy ha recordado que “la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad, amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos”.