El Ministerio de Consumo pretende aprobar el sistema de etiquetado frontal Nutriscore a finales de 2021, pese a la oposición de buena parte de la industria alimentaria. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha tratado de frenar su implantación dirigiendo una carta a la Comisión Europea, según informó El Confidencial.
“Hay una campaña beligerante contra Nutriscore elevada por aquellas grandes empresas que no quieren que se conozca la información nutricional de sus productos de manera clara”, han explicado este miércoles fuentes de Consumo en un encuentro con los medios. “Han aceptado a regañadientes que haya un etiquetado posterior de los alimentos, pero no quieren que la información sea simplificada. La campaña total contra Nutriscore tiene que ver con esto, al margen de las críticas legítimas que pueda tener el sistema”.
Consumo ha explicado que prevé tener los trámites en marcha “cuando haya pasado el verano” y ha asegurado que “la determinación del Gobierno es total”. Dos años antes de que se formara el actual Gobierno de coalición, la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo anunció su intención de aprobarlo. Saltaron entonces las alarmas de algunos sectores —como el aceite— que salían en rojo, con mala nota. Sanidad anunció entonces que los 'indultaría' por ser alimentos de un único ingrediente, una excepción que permite el sistema.
Como hubo elecciones y un cambio de gobierno, las carteras ministeriales viraron y Sanidad se desdobló en tres: Sanidad (para Salvador Illa), Consumo (para Alberto Garzón) y Derechos Sociales (la vicepresidencia que asumió Pablo Iglesias). Entonces la pelota de Nutriscore pasó a manos de Garzón. El compromiso de adoptarlo quedó recogido en el pacto entre PSOE y Unidas Podemos con la siguiente redacción:
“Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares”.
“La determinación del Gobierno”, añaden las fuentes del Ministerio, “es total. Hay un acuerdo, por tanto el Nutriscore tiene que aprobarse este año. No puede haber quejas. No puede haber problemas, porque está claro que es una medida del acuerdo y nosotros somos leales a él”. Las reticencias de los socialistas podrían venir por parte del Ministerio de Agricultura, en manos de Luis Planas (PSOE), quien ya ha dicho que solo aceptará la norma “si los productos que forman parte de la dieta mediterránea aparecen justamente valorados o excluidos”. Planas se puso así del lado del jamón ibérico, un producto que pide ser excluido del sistema igual que el aceite de oliva.
Las fuentes ministeriales han recordado que, en cualquier caso, la adhesión a Nutriscore será voluntaria. El Gobierno español no puede hacerla obligatoria porque eso depende de la Comisión Europea, que actualmente estudia si imponer un sistema armonizado en todos los países. Sin embargo, consideran que su aprobación arrastrará a las empresas a usar el semáforo en sus alimentos. La lógica es que si la competencia lo usa (hay empresas, como Eroski o Carrefour, que lo hacen con determinados productos), el consumidor se inclinará por aquellos que ya salgan con buena nota.