Cuatrecasas, el bufete que el pasado lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se acaba de apuntar una victoria tras lograr el martes que uno de sus clientes, la estadounidense NextEra Energy, obtuviera un resultado favorable a sus intereses en la denuncia que interpuso en 2014 contra el Reino de España por los recortes a las energías renovables que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tal y como avanza Cinco Días, NextEra, que estaba asesorada en este procedimiento por Cuatrecasas y por la firma londinense Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ha ganado el que puede ser el mayor arbitraje por las renovables fallado hasta ahora contra España en la catarata de pleitos (unos 40) a los que se enfrenta por este asunto.
La empresa, que presentó su denuncia ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de esos procedimientos, a través de dos filiales radicadas en Holanda, reclamaba una indemnización de 291 millones de euros por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de dos plantas termosolares en Extremadura con 49,9 megavatios (MW) de potencia.
El laudo del Ciadi se dictó el martes, según consta en la web del organismo, y la compañía ha explicado al regulador bursátil estadounidense, la SEC, que la decisión concluye que sus filiales “tienen derecho a ser resarcidas por los daños sufridos basándose en los costes capitalizados de las plantas a 30 de junio de 2016, sobre la base del coste promedio ponderado del capital” de las instalaciones “más una prima de 200 puntos, que Nextera estima actualmente que representan 291 millones de euros (329 millones de dólares), más intereses”.
NextEra añade que el laudo “confirma los argumentos principales” que expusieron sus asesores legales sobre la responsabilidad de España al “no haber cumplido” con sus obligaciones “de brindar un trato justo y equitativo” a los inversores en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994, suscrito por el Estado español.
Siete derrotas
Con este, son ya siete los laudos que España ha perdido por el recorte a las renovables. Si se confirman las cifras avanzadas por NextEra, las indemnizaciones a abonar rondarían los 800 millones, aunque España confía en que Bruselas declare nulos todos los arbitrajes planteados por empresas radicadas en territorio europeo, como sería el caso de NextEra, que planteó sus denuncias a través de dos filiales en Holanda.
Cuatrecasas es la firma española que más casos ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos, planteados siempre por inversores extranjeros y vinculados a los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables, con José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante el Ciadi, junto a países como Venezuela o Argentina.
Según un recuento realizado en diciembre por la publicación especializada CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI: el de NextEra y los de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy e InfraRed. Cuatrecasas es segunda en ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy (diez casos).
El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas.
Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como “el consejillo”, encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.
La exvicepresidenta ha aterrizado en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llega en un momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.
Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, el cuerpo de altos funcionarios que defiende a España en los pleitos por las renovables, que en el momento de alcanzarse ese acuerdo tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, “sin perjuicio de su dependencia” del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.