Europa está avisando de la falta de trabajadores para ciertos puestos que no se cubren, con un 2,9% de vacantes. En España, el país con más paro de la UE, la tasa es de las más bajas (0,9%), pero también va al alza y alcanzó su máximo en 2022. Cómo abordar este desajuste está generando tensiones. El Gobierno está facilitando la contratación en origen y se espera una medida más en breve para que lleguen trabajadores de otros países a cubrir necesidades “urgentes”, donde destaca la construcción. CCOO y UGT rechazan la medida porque insisten en que la solución a las vacantes es otra: mejores condiciones laborales y la formación de las personas desempleadas en España.
El debate no responde a una visión antiinmigración, insisten desde los sindicatos mayoritarios, sino de diagnóstico de los verdaderos motivos para que no se cubran ciertos puestos pese al elevado paro y cómo debe abordar España este reto para mejorar su mercado laboral. Un mercado de trabajo compuesto de personas nacionales, migrantes, pero también de personas en situación irregular que podrían integrarse a través de estos puestos. “Medio millón de personas” sin permiso de residencia, explican en Red Acoge, que viven en España abocadas a trabajos en la economía sumergida y más expuestos a los abusos y las malas condiciones laborales.
Los sindicatos, especialmente UGT, han arrancado el año poniendo el foco en este debate porque el Gobierno está ultimando una nueva medida, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, a la que se oponen. Pepe Álvarez (UGT) ha destacado que su organización tendrá una “oposición militantemente contraria”, mientras que Unai Sordo (CCOO) ha manifestado que “no parece lo más razonable” buscar personal en el extranjero en un país con un 12% de paro.
Después de la reforma del Reglamento de Extranjería y de que a finales de año el departamento de José Luis Escrivá, responsable de Migraciones, publicara una orden que facilita las contrataciones en terceros países, el Gobierno prepara un paso más. Impulsar las llegadas de personal a España con la ampliación del mencionado listado de 'ocupaciones de difícil cobertura'.
Este catálogo, de publicación trimestral, contiene aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes. Que una profesión figure en esta lista “implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero”, explica Trabajo en su web.
Hasta la fecha, el catálogo básicamente contiene ocupaciones de la marina mercante y del deporte profesional, pero el Ministerio de la Seguridad Social, de la mano del de Transportes, propuso en octubre que se incluyeran 31 ocupaciones de la construcción, como albañiles, capataces de obra, carpinteros, soldadores, electricistas, fontaneros y carretilleros, adelantó El País.
No es que la construcción sea el sector con más vacantes, como muestra el siguiente gráfico, ya que en España de momento destacan los puestos sin ocupar en el sector público. Pero los ministerios insisten en que la construcción requiere de mucho personal de manera inmediata ante la urgencia del desarrollo de proyectos del Plan europeo de Recuperación.
CCOO y UGT se levantaron contra el catálogo propuesto por Migraciones y Transportes porque consideran que se podría formar a personas desempleadas en España para ocupar muchas de esas ocupaciones. La lista también encontró reparos en el Ministerio de Trabajo, así que la medida no se aprobó y se reactivó el diálogo social.
Con una mayor intervención del SEPE (servicio público de empleo estatal), se ha ido acotando más esa lista tratando de delimitar qué vacantes tienen necesidades más urgentes que no pueden ser cubiertas en España en el corto plazo, explican fuentes de la negociación. “Ahora se habla de siete ocupaciones de la ocupación en lugar de 31, y algunas otras actividades en determinadas provincias”, indican estas fuentes, que creen que la medida será aprobada en breve aunque sigue sin convencer a los sindicatos.
En la Seguridad Social insisten en que la inclusión de profesiones en el listado “está prevista sólo para aquellos casos en los que se den a la vez estas dos características: que haya una gran demanda de un perfil profesional y que no pueda ser cubierta en un plazo razonable por la oferta local”. Desde Trabajo añaden además que se garantizará “que las personas trabajadoras tengan garantizados sus derechos laborales”.
Los sindicatos mayoritarios consideran que el Gobierno está eludiendo las verdaderas razones por las que no se cubren ciertos puestos y creen que traer trabajadores del extranjero puede alimentar una de ellas: la precariedad. CCOO y UGT sostienen, de partida, que en estos momentos las vacantes no son un gran problema, con datos entre los más bajos de la UE y gran parte que responde al sector público.
Además insisten en que los puestos sin cubrir están motivados en muchos casos por las malas condiciones laborales, donde señalan sobre todo a los sectores de hostelería y transporte, entre otros. Actividades con bajos salarios, largas jornadas laborales, a menudo con prolongaciones y horas extra no pagadas, destacó un estudio reciente de CCOO.
En la construcción, el sector que más está motivando los planes para traer personal de terceros países, los salarios son más elevados, “un 30% más altos que el salario mínimo y se asciende rápido”, destacan en la patronal del sector. Los sindicatos señalan en cambio problemas como la alta temporalidad que ha habido hasta ahora, una altísima subcontratación que limita la formación y recualificación de los trabajadores y los altos índices de siniestralidad, que no hacen atractivo el sector.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido también la precariedad como uno de los principales motivos que explican las vacantes, adoptando el famoso “pagadles más” del presidente de EEUU, Joe Biden.
En Trabajo sostienen que el Gobierno sigue apostado por reducir la precariedad gracias a la reforma laboral y puntualizan que la ampliación del catálogo para traer personal del extranjero “no es una medida que se haya de adoptar de manera aislada sino conjuntamente con otras, como avanzar en la incorporación de personas trabajadoras que ya residen en España a través del arraigo como prevé el Reglamento de Extranjería”.
Siempre pueden existir desajustes entre la población en paro y los puestos que se necesitan cubrir, por ejemplo de personas desempleadas de avanzada edad que no se vayan a subir a un andamio o de demandantes de empleo con una formación determinada y que opten por otras actividades distintas a las vacantes. Pero en los sindicatos recuerdan que España, por desgracia, tiene muchos desempleados de distinto tipo y destacan la necesidad de mejorar sus oportunidades para encontrar un empleo.
En los casos en que las vacantes se expliquen por la falta de formación o competencias de los trabajadores, los sindicatos exigen a las administraciones públicas y a las empresas interesadas que mejoren esta tarea pendiente en España. Que se invierta de verdad en una mayor formación de las personas desempleadas en el país e, incluso, a las personas en situación irregular ya en el país. En este ámbito también se está actuando, recuerda el departamento de Yolanda Díaz, con la reciente Ley de Empleo que transformará el SEPE, pero los representantes de los trabajadores insisten en que es insuficiente.
La patronal CEOE en cambio sí es favorable a facilitar las contrataciones en origen. En la organización empresarial consideran que hay algunas “necesidades del mercado laboral, que son inmediatas e importantes”, algo que están haciendo también otros países europeos, como Alemania. Los empresarios también ven necesario actuar “en paralelo” en una segunda dirección, impulsando y mejorando la formación, “principalmente de las personas desempleadas”, explican en CEOE.
De momento, el impulso de contratación en origen se está ciñendo sobre todo a la construcción, donde patronal y sindicatos coinciden en que falta mucho personal. Según la Fundación Nacional de la Construcción –una entidad tripartita en la que están ambos actores– se necesitan 700.000 trabajadores para hacer frente a todas las obras vinculadas a los fondos europeos.
“El ministerio de Transportes afirma que, solo para obras ligadas a la rehabilitación y regeneración urbana, se necesitan 190.000 empleados. Solo para eso”, asegura Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, la patronal de las constructoras. “Pero es que tienes que sumar todas las infraestructuras ligadas a la economía circular, las desaladoras, plantas fotovoltaicas, el 5G. Tenemos un problema de empleabilidad y de mano de obra cualificada”, resume.
“Primero tenemos que buscar soluciones para dar salida laboral a jóvenes desempleados e inmigrantes irregulares, que se cifran entre 300.000 y 600.000 personas. Formar a los que están aquí, y luego pensar en traer gente, porque puede que no tengan la cualificación, la formación necesaria o no se ajusten a las necesidades de las empresas”, ahonda Fernández Alén.
Ahí entra en juego la Fundación Nacional de la Construcción, que tiene presencia en todas las provincias y capacidad para formar entre 90.000 y 200.000 personas al año en las diferentes profesiones ligadas a la construcción. De esta forma, si hay que formar a más gente, se necesitarían recursos adicionales, para poder dar cualificación profesional a más trabajadores.
El temor de los sindicatos, más allá del próximo catálogo de vacantes de difícil cobertura, radica en abrir la puerta a una estrategia que no comparten y que creen que lastra trasformaciones necesarias en España. Varias cadenas hoteleras advertían en Fitur que se están “quitando las plantillas” unas empresas a otras, con cada vez más dificultades para contratar. Los hosteleros se quejan a diario en los medios de sus problemas para encontrar camareros.
“¿Vamos a traer camareros para cubrir las malas condiciones en la hostelería con personas dispuestas a trabajar a cualquier precio porque lo necesitan? ¿En lugar de mejorar convenios, salarios y condiciones? Eso es una visión utilitarista de la inmigración”, denuncia Cristina Faciaben, la secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO.
Desde las ONG de migrantes y refugiados defienden que se incrementen las opciones de migración legales y seguras, que son muy reducidas y provocan que miles de personas arriesguen su vida. Aun así, comparten que la ampliación del catálogo se haga con garantías de derechos laborales para que todas las partes salgan ganando. “Hay que observar con lupa. Desde Red Acoge reclamamos que la migración no se convierta en un mecanismo exclusivo de mano de obra, ni un mecanismo para perpetuar la exclusión social y la diferencia en virtud de origen de procedencia o estatus económico”, explica su directora, Lucia Maquieira.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.