Correos ha protagonizado durante los últimos meses un goteo constante de acuerdos con grandes empresas privadas para convertir sus oficinas en puntos de venta para sus productos. Así, cada vez en más sucursales de la empresa pública se puede contratar un seguro, sacar o ingresar dinero en su cuenta o gestionar una cuenta de luz y gas. Todo ello, sin que la compañía postal tenga actividad en ninguno de esos sectores, más allá de estas alianzas con las que busca una nueva vía de ingresos con las que complementar un negocio tradicional que lleva años reduciéndose.
Aunque es un proceso que viene incluso de antes de la pandemia, se ha acelerado en el último año. La alianza más sonada fue la del Banco Santander. Correos ofrece desde comienzos de 2021 en sus oficinas la posibilidad de retirar e ingresar dinero a los clientes de Santander, un servicio especialmente enfocado en las localidades más pequeñas y las regiones menos pobladas, supliendo la desaparición de sucursales bancarias de estas zonas desde la pasada crisis financiera. El propio banco informó que gracias a Correos iba a estar presente en 1.500 localidades donde su red no está disponible.
Le siguió posteriormente un acuerdo similar con Mapfre. La alianza comenzó en unas 500 oficinas del operador postal público, donde se podía acceder al catálogo de servicios de seguros para automóviles, hogar, salud y empresas. En este caso, aunque la contratación comenzaba en Correos, se terminaba de formalizar con la aseguradora, funcionando la compañía estatal como un intermediario. Cabe contextualizar que este acuerdo se conocía cuando Mapfre ya había asumido que perdía una importante vía para la comercialización de sus productos que era Bankia. La absorción de CaixaBank obligaba a romper la alianza que tenían la aseguradora y la entidad rescatada.
En este mismo sector ha firmado en los últimos días un nuevo acuerdo. En este caso con Caser. Al igual que en el caso de Mapfre, con 500 oficinas iniciales, Correos podrá ofrecer el catálogo de seguros de la compañía, si bien será la aseguradora la que formalice esos contratos. “Este nuevo acuerdo supone avanzar en nuestra estrategia de diversificación”, señalaba Manuel Zapatero, director de productos y servicios de Correos cuando se anunció esta alianza
Desde el año 2019, Correos informó de su intención de convertir sus oficinas en puntos de venta de servicios financieros como son la banca y los seguros y ya contaba con acuerdos con otras entidades menores como EVO, ahora en manos de Bankinter, o Mediolanum. El siguiente paso que dará la empresa pública en el sector financiero será la instalación de cajeros en sus oficinas. La compañía anunció hace un mes que pretende instalar 1.500 cajeros a partir del año que viene en sus sucursales, 300 de ellos en localidades sin oficina bancaria. A cambio, la compañía pública recibiría una “renta fija” por el alquiler de estos espacios para cajeros en sus locales, a lo que se sumaba un porcentaje de cada operación que se realice en ellos. Según la compañía, el objetivo es “luchar contra la exclusión financiera en zonas rurales”. Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT pusieron en duda este planteamiento al asegurar que desde que llegó la actual dirección a Correos, se han cerrado 240 puntos de atención rurales. Señalaron que es “autobombo y marketing publicitario”.
Correos ha optado por ser intermediario de productos financieros de terceros como una forma de ampliar servicios en sus oficinas. En otros países, la empresa pública postal se ha convertido en un operador bancario. Es el caso francés, por ejemplo, donde La Banque Postale es una de las entidades más grandes del país, algo mayor que el Sabadell en España, por realizar una comparación. Recientemente el Gobierno fusionó este grupo con la aseguradora CNP para crear “un gran polo financiero público”. En Francia, una quinta parte de los ingresos de La Poste, la compañía homóloga a Correos, procede de la actividad bancaria, así como el 65% del resultado de explotación (el beneficio antes de impuestos, amortizaciones y otros ajustes contables).
Algo similar ocurre en Japón, donde una de las cuatro mayores entidades del país es el Japan Post Bank, cuyo propietario es Japan Post Holdings, la empresa postal del país que, aunque cotiza en Bolsa, sigue siendo de control público. El banco ofrece todos sus servicios a través de las oficinas de correos de Japón y tiene unos activos de 1,6 billones de euros, una cifra similar a Banco Santander, la entidad española más grande.
Pero no solo de los servicios financieros vive esta diversificación de su actividad que señala Correos que busca con esta estrategia. Otros movimientos se están haciendo en el sector energético. Uno de los últimos acuerdos anunciados por la compañía pública ha sido con la petrolera Repsol. En más de un millar de oficinas del operador postal los clientes podrán solicitar los servicios de luz y gas de la energética, si bien será esta la que formalice y gestione los contratos. Por el momento se está implantando en Barcelona, Madrid y Valencia, y posteriormente se irá ampliando a otras provincias. La empresa había firmado anteriormente acuerdos con otras grandes eléctricas del país, como Endesa o Naturgy, alianzas que ya llevan un tiempo rodando.
El tercer sector en el que la empresa ha ofrecido sus oficinas para terceras empresas es el de telefonía. Un cliente puede contratar en las oficinas de Correos los servicios de fibra y móvil de O2, la filial de bajo coste de Telefónica. En el pasado también tuvo un acuerdo con Pepephone, marca del grupo MásMóvil. Además, en este caso sí, la compañía pública cuenta con un proyecto operado por ella misma, Correos Telecom. Esta compañía, que cuenta con oferta de servicios homologable a las que se consideran de bajo coste en España, se encuentra por el momento disponible únicamente para los trabajadores del grupo. Consultada por el futuro de esta iniciativa, Correos evita confirmar si el plan es ofrecerla más allá de la plantilla del operador postal.
Sin previsión del impacto
El grupo público no concreta cuánto le supone de ingresos la venta de estos productos en sus oficinas ni su objetivo respecto al total de la facturación. Únicamente deslizan que estos acuerdos, con sus diferencias entre ellos, suelen incluir cláusulas por las que Correos cobra una serie de comisiones o porcentajes de las operaciones que se originan en sus oficinas. El único dato que avanza públicamente Correos es que se han derivado 200.000 clientes hacia las empresas de energía y unos 100.000 hacia la aseguradora. Además, la empresa señala que se pueden realizar también ciertas gestiones con la administración como la conocida como Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE), que ha tramitado 600.000 actuaciones, o con la Dirección General de Tráfico (DGT).
Más allá de los escasos detalles sobre el impacto en el negocio de estos acuerdos o el retorno esperado, la compañía ha explicado en repetidas ocasiones que con esta estrategia busca “diversificar y enriquecer la oferta disponible en su red de oficinas, la mayor de España en cuanto a capilaridad y cobertura territorial”. Se trata, señalan, de “incorporar nuevos productos y servicios cuya demanda sigue creciendo”. Reconocen que, ante la caída del negocio postal tradicional, se buscan otras vías de ingresos y actividad para la compañía.
La compañía ya apuntaba en sus cuentas anuales de 2020 que el objetivo era acometer “un proceso de diversificación que le permita entrar en mercados crecientes y con mayores márgenes”. Correos tuvo unas pérdidas en 2020 de 264 millones de euros frente a los 13 millones de beneficio del año anterior, debido fundamentalmente a la pandemia. En el primer semestre del año, la compañía ya se anotaba de nuevo un beneficio de 1,8 millones. En los Presupuestos Generales de 2021 se fijaba unas pérdidas esperadas para la compañía de 77 millones y, para el próximo año, el proyecto de cuentas acordado por el Gobierno de coalición prevé números rojos de 29 millones de euros.