La “corrupción sistémica”, como llegó a definir un juez la situación de abusos y amaños desplegada durante años al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), no se ha alejado de los puertos de las islas. Al contrario, ha vuelto a poner en liza la gestión llevada a cabo por la cúpula del organismo encargado del control de las prestaciones y servicios de las distintas instalaciones portuarias del archipiélago.
Las concesiones de amarres -presuntamente- irregulares y los contratos de dudosa legalidad vuelven a saltar a la palestra en un sector en el que los atraques siempre han constituido un pastel goloso en Baleares. De hecho, las investigaciones abiertas esta semana contra el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, y de otros cuatro directivos de la entidad -detenidos en la noche del pasado jueves y puestos entre el viernes y el sábado en libertad con cargos- apuntan a una perpetuidad en el tiempo de este tipo de prácticas.
No en vano, en el sector portuario de Palma la inquina hacia la APB, encargada de la gestión de los puertos de Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y la Savina, en Formentera, es patente. De hecho, empresarios del sector señalan a Eldiario.es que los escándalos en la adjudicación de amarres “son permanentes” en el archipiélago.
Uno de ellos apunta que la Autoridad Portuaria “es la administración que más dinero público recibe en Baleares” y, este contexto, no duda en calificar de forma tajante al ente como un “nido de víboras. El consejo de administración está formado por gente que pone los partidos y entre ellos se van tapando todo”.
Sondeando entre las páginas de la Memoria de Sostenibilidad de la APB de 2019 llama la atención una carta. La escribió el actual director del ente, Juan Carlos Plaza, quien, con orgullo no disimulado, subrayaba cómo ese año la APB se había adherido a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción y expresaba formalmente su intención de apoyar e implementar tales compromisos “dentro de su esfera de influencia”.
Esta semana, Plaza era detenido, junto a Gual de Torrella, el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver, y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada, por vulnerar, precisamente, esos principios con la adjudicación supuestamente irregular de amarres en el puerto de Mahón y de distintas licitaciones en Palma e Ibiza cuya investigación se desarrolla, bajo secreto, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear.
Sobre los arrestados pesan supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en el marco de unas pesquisas que hasta el momento han sacado a la luz apenas una ínfima parte de los hechos que se hallan bajo lupa judicial.
En una sociedad, la balear, sacralizada por la costumbre de ver desfilar a sus responsables públicos ante jueces y tribunales, esta nueva macrooperación hunde sus raíces en la causa que hace diez años ya asoló la APB a raíz de los tratos de favor que recibió la empresa Trapsayates, de la que era propietario el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en dos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza.
Durante casi una década, permanecieron bajo el punto de mira de la justicia, además de Díaz Ferrán y de su ex socio Gonzalo Pascual, más de una decena de ex altos cargos de la Autoridad Portuaria, entre ellos sus expresidentes Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como numerosos empresarios vinculados a la mercantil beneficiaria. De todos ellos, solo tres acabaron condenados.
Pese a las elevadas penas de prisión y las millonarias indemnizaciones que se solicitaban, los tres acusados -Díaz Ferrán, el empresario Pedro Hernández y el exdirector de la APB Ángel Matías- fueron finalmente sentenciados, en virtud de un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas, al pago de 8.500 euros en multas.
Sorprendentemente, como ya publicó este medio, la familia Díaz Ferrán ha vuelto a las andadas en las islas, ahora a través de empresas aparentemente dirigidas por la hija del empresario, Marta Díaz, al hacerse con el control del segundo varadero de Menorca tras un concurso plagado de presuntas irregularidades.
En medio de tales avatares, polémica fue también la gestión de la concesión del Club Marítimo del Molinar, en Palma, que derivó en un enfrentamiento directo entre el presidente de esta entidad, Rafel Vallespir, y Gual de Torrella. La imposición de multas de considerable cuantía por parte de la Autoridad Portuaria al Club acabó recientemente con la dimisión de Vallespir a través de una carta en la que aseguraba con contundencia: “mi principal error ha sido fiarme de la palabra de Joan Gual”.
Las detenciones de los directivos de la APB, sin embargo, no resultan especialmente llamativas si se tiene en cuenta el entorno general en el que se han movido los puertos españoles desde la creación, en 1992, del organismo autónomo Puertos del Estado, que aglutina a 46 puertos de interés general gestionados, a su vez, por 28 Autoridades Portuarias. Con la creación del ente público y de las Autoridades Portuarias se buscaba, según la ley que lo creó, una prestación del servicio compatible con los principios de eficiencia, agilidad y flexibilidad propios de la gestión empresarial que en los puertos se debe desarrollar“.
Un objetivo que, sin embargo, queda lejos de haberse cumplido a la vista de los innumerables casos de corrupción que han golpeado a lo largo de los últimos años a las entidades portuarias en buena parte del territorio español. Tarragona, Gran Canaria, Algeciras o Gijón, entre otros enclaves, conforman una constelación de investigaciones en cuyo epicentro se sitúan infinidad de concesiones y contratos objeto de presuntos amaños e intercambio de favores.
Cabe recordar que la polémica ya acompañó a Gual de Torrella en su nombramiento, en agosto de 2015, como presidente de la Autoridad Portuaria. El empresario asumió el cargo a propuesta del actual Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, bajo duras críticas por parte de Podemos, quien otorga apoyo externo al PSOE al frente del Ejecutivo autonómico. La formación morada ya dejó clara entonces su “desconfianza” hacia la futura gestión de Gual de Torrella, que auguraban marcada por los tratos de favor y las redes clientelares.