El rey del catering está a punto de perder la corona. El imperio de Arturo Fernández, vicepresidente de CEOE, presidente de la patronal madrileña y propietario del grupo de restauración Arturo Cantoblanco, se resquebraja. Las empresas del grupo pierden negocio de forma acelerada y en su caída acumulan deudas e incumplimientos de contratos con las arcas públicas, principal motor de ingresos del grupo.
Hasta ahora, al menos se conocen nueve millones de euros en deudas con las arcas públicas. De estos, más de cuatro millones de euros corresponden a deudas con la Seguridad Social y Hacienda, y el resto a incumplimientos de contratos con entes públicos. El grueso se lo lleva Turespaña, que tiene una deuda acumulada de 3,1 millones de euros con una de las empresas del amigo del rey. Adeuda otro millón de euros a IFEMA, el recinto ferial de Madrid, según ha confirmado la entidad a este medio.
El impago de un millón de euros con Ifema está por ahora respaldado por unos pagarés. Fernández presta un servicio de catering en el ferial construido y gestionado con dinero público, en cuyo comité de dirección también se sienta al ser presidente de la Cámara de Comercio Madrileña (dueña de un 31% de la sociedad gestora de ferias). El empresario madrileño, que estudió en el Colegio Británico como la expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presta el servicio con su sociedad Catering Service.
Esta cifra de deudas con el Estado es casi un mínimo, ya que no es posible comprobar el estado de las cuentas de 2012 de las empresas de Fernández al no haber sido publicadas todavía. Lo que se desprende de la facturación del ejercicio 2011 es que las cuatro grandes empresas del grupo, Cantoblanco Alimentación, Cantoblanco Colectividades, Arturo Grupo Cantoblanco y Cantoblanco Catering Service, tienen avales ante la Tesorería General de la Seguridad Social por un millón de euros.
Estos avales garantizan ante la Seguridad Social que Fernández hará frente a los pagos de las cotizaciones sociales que adeuda y que ha negociado con la Tesorería. No está claro cuál puede ser el importe que el empresario debe en materia de cotizaciones pero solo en una de sus empresas, Cantoblanco Colectividades, la deuda en 2012 superaba los 418.000 euros.
En declaraciones a este diario, Fernández asegura no tener deudas pendientes, ya que las ha renegociado con las Administraciones Públicas. Es difícil comprobar la veracidad de estas afirmaciones ya que la Seguridad Social no comenta las negociaciones que hace con sus morosos. Lo que sí que es cierto es que una vez que la Tesorería dicta un embargo, como sucedió en el caso de Colectividades, se abre un proceso de negociación en el cual el empresario puede pactar los pagos pendientes. Y de ahí los avales que aparecen en todas sus empresas.
También la Agencia Tributaria negocia aplazamientos con sus deudores. Uno de estos aplazamientos figuran en las cuentas de Cantoblanco Alimentación, en la que se recoge un aplazamiento de las retenciones de IRPF que se acerca al millón de euros. En el resto de las cuentas que están inscritas en el Registro Mercantil no está claro si ha negociado sus pagos pendientes con Hacienda.
Litigios pendientes
Entre los avales que ha consignado el empresario, todos con la Banca March, destacan los que ha presentado ante los juzgados, 1, 6 y 9 de lo contencioso administrativo. Dos de estos avales son por algo de más de medio millón de euros y ante el juzgado 1 de 174.000 euros. Los tribunales de lo contencioso administrativo dirimen conflictos de la Administración Pública con particulares o empresas privadas. En este caso, uno de los avales (que en realidad serán consignaciones) puede corresponder al conflicto que mantiene abierto con Turespaña. Aún quedarían pendientes dos causas más, con esta sociedad, con importantes montantes consignados en conflictos con entes públicos.
El conflicto abierto con Turespaña puede acabar, además, siendo el primero que siente a Fernández en el banquillo, ya que un juez ha permitido reabrir el caso sobre posible falsedad documental. La fiscalía vio indicios en 2012 de que el empresario podría estar realizando una contabilidad paralela para escamotear los pagos sobre facturación que tenía comprometidos con la sociedad estatal.
Precisamente es esta empresa de Fernández, “Arturo Grupo Cantoblanco”, la que más problemas presenta, siendo una de las más antiguas del empresario. Fernández tuvo con esta sociedad las primeras contratas que firmó con el Congreso de los Diputados y también la de la cafetería y restaurante del edificio de UGT Avenida de América (en Madrid). El jefe de los empresarios madrileños presta este servicio de comedor a UGT desde 1992 y, casualmente, el contrato expira este mismo año. Desde el sindicato aseguran no estar al corriente de los impagos que su interlocutor patronal tiene con esta sociedad. También reconocen que cuando estudien la situación de la contrata, una vez expire el acuerdo, tienen que pensar en los empleados a los que les da trabajo.
Cuentas poco claras entre empresas del grupo
Las cuentas de estas cuatro empresas a las que ha tenido acceso eldiario.es han sido auditadas por Crowe Horwath y todas presentan la misma salvedad: la dificultad de asegurar que las empresas del grupo se están facturando correctamente entre ellas a precios de mercado. Esta salvedad es clave en el caso de las empresas de Fernández ya que se suministran entre ellas millones de euros en bienes y servicios. La que se podría considerar como compañía matriz, Arturo Servicios Generales, tenía un saldo deudor con el resto de empresas del grupo de 17 millones de euros en 2011.
Estas cifras se reproducen en el resto de las empresas del grupo. Por ejemplo, Cantoblanco Colectividades, la sociedad que presta el servicio a la Asamblea de Madrid, también tiene pendiente de cobro 15 millones de euros con las otras sociedades del grupo. En las cuentas de Arturo Grupo Cantoblanco la cifra está en unos 10 millones de euros. Con Cantoblanco Alimentación el volumen de deudas entre compañías del grupo se acerca a los 5 millones de euros, y en el caso de la adjudicataria de los servicios de Ifema, el saldo deudor con el grupo supera los 7 millones de euros.
La auditora salva los muebles en las cuentas asegurando que la sociedad dispone un informe de precios de transferencia (el valor por el que se hacen estas transacciones dentro de grupo) pero que por la complejidad y el volumen de operaciones cruzadas entre las sociedades, le es imposible verificar si se hace correctamente. Se abstiene así de garantizar que, en una inspección, el fisco no podría encontrar problemas en estas operaciones.
Según los expertos consultados, la posibilidad de hacer operaciones con empresas del mismo grupo con precios distintos del mercado sirve, en algunos casos, para mover las pérdidas y las ganancias de unas sociedades a otras. Además, es precisamente en el sector de la hostelería donde es más difícil demostrar la fluctuación de dinero debido a que el gran volumen de clientes hace casi imposible seguir el rastro a dinero no declarado o procedente de otras empresas.
Futuro muy negro
Parece que poca mejoría pueden ver las empresas del grupo, que han crecido fundamentalmente haciendo negocios de contratas públicas. Es decir, con dinero del Estado. Los ajustes de fondos públicos están llevando a estrechar o incluso cancelar muchos de sus contratos. Clientes habituales, como el complejo de La Moncloa, no han prorrogado su contrato.
Fernández se mostró interesado en presentarse al concurso de las cafeterías de la terminal 4 en el aeropuerto de Barajas. Finalmente no se presentó a la licitación que exige unas garantías de solvencia y unos avales que ahora mismo no puede cumplir con ninguna de sus sociedades. La falta de liquidez y el gran endeudamiento de sus empresas ponen cada vez más difícil al empresario optar a nuevos contratos.
Además, sus principales competidores son grandes empresas multinacionales, como el grupo Areas, Autrogrill o Sodexo, cuya diversificación geográfica les permite ser más competitivos y quitarle sus negocios tradicionales al empresario madrileño.