El coste de las sentencias en contra del Estado asciende a 1.000 millones al año en la última década

Ha pasado ya más de una década del caso Castor. Un fiasco multimillonario para el Estado. Es decir, para todos los contribuyentes. Los “errores legislativos” en el cierre de ese almacén de gas que construyó ACS han costado exactamente 1.351 millones a las arcas públicas. Esa es la indemnización que decidió el Tribunal Supremo, según recoge la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), que este jueves ha presentado un informe en el que advierte de que este tipo de sentencias contra el Estado han supuesto un agujero de 1.000 millones al año —de media en la última década, desde 2014 a 2023—, y que todavía quedan otros 12.000 millones por indemnizar o devolver.

Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal destaca “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.

Entre los errores pendiente por subsanar, destaca la devolución del IRPF a mutualistas jubilados —con un coste estimado de 1.700 millones—; el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos —6.500 millones— o la mencionada reforma del impuesto de Sociedades —1.200 millones—.

Además, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.

“El elevado coste de las compensaciones e indemnizaciones derivadas de sentencias desfavorables evidencia el impacto negativo de estos litigios en la estabilidad fiscal”, continúa el informe de esta institución.

“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.

Por otra parte, la Autoridad fiscal calcula que el coste fiscal total de la materialización de riesgos ambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia y a precios del al año 2023, habría sido aproximadamente de 47.157 millones y plantea mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de los costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación.