Cada año un nuevo informe y cifras sonrojantes. La Fundación Abbé Pierre acaba publicar su dossier 20º, que incrementa la lista de oprobios cometidos con el penoso alojamiento nacional en Francia. El informe, hecho público por la Fundación el pasado martes, apenas retrata novedades importantes en sus 320 páginas. Desde febrero de 2014, las cifras no han sufrido cambios bruscos. Pero midiendo a largo plazo, entre 2001 y 2005, aporta datos abrumadores: el número de personas sin domicilio fijo aumentó en un 50%, fenómeno acuciado por el inicio de la crisis. Pero el dato más determinante es el de 3,5 millones de personas mal alojadas en Francia. De esos, casi 700.000 no tienen un alojamiento particular y unos 140.000 viven directamente en la calle. Y los datos, de precisión quirúrgica, son estables año tras año.
El país que se desayuna con noticias de cinco miembros de una familia parisina viviendo en 15 metros cuadrados por 550 euros cuenta aproximadamente con 3 millones de viviendas vacías. El acceso a ellas sigue siendo la pelea diaria de numerosas asociaciones como Droit au Logement (DAL), Jeudi Noir, Les Enfants de Don Quichotte o la propia Fundación Abbé Pierre.
La piedra de toque de sus reivindicaciones es la famosa Ley de Requisición instaurada por decreto en 1948, que resolvía de urgencia la necesidad de alojamiento de millones de refugiados en el territorio francés. Tras la destrucción de un tercio de su parque inmobiliario en la Segunda Guerra Mundial, Francia se dotó de esta ley cuya principal arma era la posibilidad dada al prefecto del Gobierno (una suerte de delegado del Gobierno) de requisar las viviendas que se encontrasen vacías para entregarlas a los afectados.
Este decreto, que sigue vigente, se encontraba ya en desuso en 1954, como se infiere de la llamada por radio que el fraile y activista Abbé Pierre lanzó el uno de febrero de aquel año terrible en solidaridad con las personas sin hogar. En respuesta, en 1956 se instauró la “tregua invernal” que impide desahuciar a personas alojadas entre los meses de noviembre y marzo.
Soluciones con la ley en la mano
Soluciones con la ley en la manoEn los últimos años, la lucha por un alojamiento digno ha vivido algunas victorias exiguas como la ley Quilliot de 1982, que convertía en fundamental el derecho a la vivienda, o la Ley DALO (2007) de alojamiento oponible que permite a los afectados reclamar judicialmente este derecho fundamental. Pero no dejan de ser meros parches a la no aplicación de la Ley de Requisición. La normativa existe pero no llega. “Desde que entró en vigor, en 2007, ha habido unas 460.000 peticiones en toda Francia apelando a la Ley Dalo, pero sólo uno de cada tres demandantes es alojado”, apunta Myriam Eckert, del comité del DAL en Burdeos. Y apostilla: “Para el prefecto, respaldado por la Ley de Requisición, disponer de un alojamiento vacío es tan simple como ir y abrir la puerta con la llave”.
Por otra parte, la propia tregua invernal se ha convertido en un obstáculo por la negativa de los propietarios a alquilar en invierno. Fuera de este periodo las expulsiones continúan. La Fundación Abbé Pierre contabiliza entre 40.000 y 50.000 cada año. Y no se ha conseguido detener la sangría de muertes por el frío, 425 en 2014, según datos recogidos por el Colectivo los muertos de la calle.
Otra medida aprobada es la Ley relativa a la solidaridad y la renovación urbana del año 2000 (Ley SRU) que obliga a que un 20% (aumentado al 25% en 2014) de la vivienda de las ciudades sea de carácter social. Quince años después, la cifra apenas llega al 17% de la media nacional. En Burdeos, por ejemplo, el directorio encargado de seguir la aplicación de la ley (DREA por sus siglas en Aquitania) señala que este alojamiento no alcanza el 10%. En otras ciudades, como Paris o Lyon, están estudiando limitar por ley el precio de los alquileres.
Ante el requerimiento de la ministra de Vivienda en 2012, Cécile Duflot, de construir 400.000 nuevas viviendas al año como solución general, la respuesta del DAL fue, literalmente, regalarle a la ministra una ganzúa dorada, para que, con la ley en la mano, movilizase 100.000 viviendas vacías (50.000 sólo en la región de París) que la asociación tiene censadas y que podrían albergar a 300.000 personas. Sobre esta llamada de atención del DAL, Eckert comenta: “No es ético que el Estado promueva la construcción de más viviendas cuando sigue habiendo alojamiento social vacío y, por tanto, empresas constructoras que ya han hecho dinero con ello”.