La plantilla de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) está en mínimos históricos desde 2002 y se espera que en los próximos cinco años se jubilen 32.000 empleados, un 16% del total. Una situación que se suma a la pérdida de veinte puestos al día en los últimos ocho años, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
“O tomamos medidas rápidas o corremos el riesgo de que no podamos prestar a los ciudadanos el servicio requerido”, afirma Francisco Camarillo, presidente de acción sindical del CSIF. El mayor deterioro se da en las tareas de atención al ciudadano. “Hay oficinas de la Seguridad Social dónde hay cinco mesas vacías y solo un empleado atendiendo”, comenta.
Actualmente, la plantilla de la AGE la componen 201.030 empleados y desde CSIF creen necesario que se vuelvan a niveles precrisis para garantizar los servicios. Para ello, instan al nuevo gobierno a formar una comisión con la participación de los sindicados para diseñar un plan de acción para 2020-2023. “De no afrontar medidas de manera inmediata, la AGE, cuya plantilla se encuentra en mínimos históricos, morirá de inanición”, afirma Miguel Borra, presidente del CSIF.
En los Presupuestos de 2018 ya estaba incluidos como sectores prioritarios y, por tanto, con reposición del 100%, la sanidad, la educación, la lucha contra el fraude fiscal y laboral y las fuerzas armadas, entre otros. También incluía “el personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales”.
Cabe recordar, que el Gobierno de Pedro Sanchéz realizó el pasado marzo la mayor oferta de empleo público de los últimos once años. El consejo de ministros aprobó la convocatoria de 33.793 plazas, de las cuales, la mayor parte correspondían a la Administración General del Estado (20.781).
Escasa retribución, la principal preocupación
El sindicato de funcionarios ha elaborado una encuesta realizada sobre casi 15.000 trabajadores de las diferentes provincias españolas y diversos órganos de la AGE para conocer “el sentir de los empleados públicos”. El principal descontento de los funcionarios se da en el salario percibido, un 61% afirma que está muy descontento con la retribución actual. “Esto es parte del agravio comparativo existente entre los empleados públicos de la AGE con los de otras administraciones públicas”, afirman desde CSIF.
En segundo lugar, preocupan por igual al empleado público, la carrera profesional, la jubilación anticipada y la carga de trabajo. Estos dos últimos están estrechamente ligados a la reposición de empleados públicos. “La destrucción de empleo en los últimos diez años ha generado que los trabajadores se enfrenten a una excesiva carga de trabajo, sobre todo en puestos de atención al público”, declaran desde CSIF.
La edad media de los empleados públicos se sitúa en torno a los 50 años y en un alto porcentaje en los 60. Por ello, la jubilación anticipada y parcial es un tema que preocupa mucho al 40% de los encuestados. Desde CSIF apuestan porque se avance en las prejubilaciones, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla. “¿Se imaginan a un médico de 67 años tomando la vía o a un maestro con un niño de tres años?”, se pregunta Borra.
Subida del 0,25% en la nómina de julio
El Gobierno y los sindicatos de Función Pública se reunirán mañana, viernes, a las 10.00 horas para firmar la subida adicional del 0,25% ligada al crecimiento del PIB. El acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%. El aumento se reflejará en la nómina del mes de julio, según ha anunciado Borra este jueves. Asimismo, el presidente del sindicato ha señalado que en la reunión también se explicará cómo se va a hacer efectiva esta subida, ya que el Ejecutivo todavía no tiene claro si será necesario realizar esta subida vía decreto, o no.
Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, genera una subida salarial acumulada del 2,5% en lo que va de año. Además, podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien esta alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.