Decenas de delegados sindicales de CSIF se movilizan este lunes frente a la Dirección General de Función Pública para reivindicar la “negociación real” del convenio colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Reclaman un incremento salarial de los empleados públicos de un 2,25% para 2019. “Si no hay pasos claros del Gobierno hacia la negociación, habrá más movilizaciones”, sostiene Francisco Camarillo, responsable de acción sindical de CSIF.
CSIF mantiene una posición escéptica en relación a las negociaciones del convenio único para el personal laboral de la AGE entre el Gobierno y el resto de sindicatos (CCOO y UGT). Consideran que “no hay garantías” sobre este acuerdo, por lo que han optado por convocar una serie de protestas. “No hay una propuesta definitiva que nos sirva para negociar los derechos laborales del personal laboral de la AGE”, subraya Camarillo.
CCOO y UGT alcanzaron un principio de acuerdo sobre el incremento salarial del personal laboral. “Vamos a cumplir con el acuerdo y se va a producir esa subida a 1 de enero”, ha subrayado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, en declaraciones a Radio Nacional. Batet no ha aclarado si esta subida se hará por Real Decreto antes de que finalice el año.
El personal laboral es un tipo de empleado público que se rige por el Estatuto de los Trabajadores (en lugar del Estatuto Básico del Empleado Público que marca las condiciones de los funcionarios). Las negociaciones de los sindicatos y el Estado se centran en el personal laboral de la Administración General del Estado, que afecta a unos “40.000 empleados”, según las cifras sindicales.
La organización pide que se aplique por decreto la subida salarial de un 2,25% acordada para 2019, que se repartan los fondos adicionales para avanzar hacia la equiparación salarial (0,20% variable en 2018 y 0,25% en 2019), que se concrete la oferta de empleo público y la agilización de los procesos de estabilización de plazas interinas. Además, CSIF pide a Función Pública la negociación de la jornada de 35 horas en la AGE.
“No queremos formar parte de la batalla electoral, tenemos la impresión de que el Gobierno podría utilizar a los empleados públicos como arma arrojadiza para recabar apoyo a los Presupuestos”, afirma Miguel Borra, presidente de CSIF.