Casi 400.000 trabajadoras están a la espera de un cambio histórico, de gran calado para su futuro: el derecho al paro. Dos meses después de que la justicia europea fallara que España discrimina a las empleadas del hogar y de cuidados al negarles la protección por desempleo, el Ministerio de Trabajo sostiene que está “ultimando” el real decreto con el derecho al paro del colectivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que la norma estará lista en “los próximos días” o “semanas”. Aún quedan varios pasos antes de que la medida sea efectiva y permita que estas trabajadoras accedan a las prestaciones, pero mientras los tribunales están ya reconociendo subsidios a empleadas que denunciaron a la Administración.
Uno de los últimos en hacerlo ha sido, de nuevo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya, que reconoció el 11 de mayo el derecho de una trabajadora del hogar al subsidio para parados mayores de 52 años. Los magistrados condenaron al SEPE a abonar la prestación desde la fecha en la que cumplió la edad para acceder a este, en 2019. Se trata del segundo caso de este tipo que el tribunal resuelve favorablemente, aunque las empleadas no cotizaran al desempleo en el pasado, ya que la legislación no lo permitía.
En el Ministerio de Trabajo explican que tienen “muy avanzado” el texto legislativo con la regulación del paro para estas trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres y muchas de ellas, migrantes. Aunque las cifras de la Seguridad Social dan cuenta de las 378.178 empleadas del hogar de alta en su Régimen Especial, hay otras 180.000 trabajadoras más en la economía sumergida. En total, unas 550.000 empleadas domésticas en España, según la EPA.
Convenio 189 de la OIT y legislar la ampliación de derechos
La legislación con el derecho a paro se plasmará en un real decreto ley, justificado por la urgencia de resolver la discriminación que refleja la sentencia europea del pasado 24 de febrero tras la denuncia de una trabajadora gallega contra la Administración. La norma no solo abordará el derecho al paro de las trabajadoras del hogar sino también otras cuestiones, “una extensión de derechos de estas trabajadoras en sentido extenso”, según las palabras de la vicepresidenta.
En esta ampliación de derechos, aún por concretar, Yolanda Díaz ha mencionado expresamente que revisará la normativa sobre despido, aunque sin especificar cómo. En concreto ha señalado al despido por “desistimiento”, por el que los hogares pueden echar a las trabajadoras domésticas sin alegar causa alguna.
Y antes de la aprobación de esta norma, el jueves llega al Congreso de los Diputados otra promesa pendiente desde hace años, nunca cumplida: la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Se trata del convenio internacional sobre trabajadoras domésticas, una reclamación histórica de los colectivos de empleadas del hogar por lo que supone su cumplimiento en equiparación de derechos con otros trabajadores. “Para nosotras es un gran logro, una victoria tras la lucha de muchos años”, explica Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar y miembro de Territorio Doméstico.
No queremos una ratificación del Convenio 189 de foto y que se meta en un cajón
Aunque las empleadas del hogar son conscientes de que la ratificación no supone una ampliación automática de sus derechos. Esto debe regularse de manera específica, como se va a hacer con el derecho al desempleo. Pimentel apunta que los doce meses posteriores a la ratificación son claves para consolidar la agenda normativa y los cambios legislativos que garanticen el cumplimiento del convenio internacional. “Queremos poder aportar, participar en la mesa de negociación, o al menos que la ministra nos llame para ver qué medidas estamos reclamando”, explica la trabajadora de Territorio Doméstico.
En los últimos días, colectivos de empleadas del hogar y organizaciones feministas han lanzado una campaña que reclama que la ratificación del Convenio 189 de la OIT se traduzca, además del derecho al paro, en medidas como la “obligación de comunicar el despido con 15 días de antelación” y la “incorporación en la ley de prevención de riesgos laborales, con el reconocimiento de enfermedades laborales”. Las trabajadoras se movilizarán el próximo 9 de junio frente al Congreso. “No queremos una ratificación de foto y que se meta en un cajón, queremos que se note en el sector”, insiste Rafaela Pimentel.
Mosqueo en los sindicatos por falta de negociación
En el Ministerio de Trabajo explican que la intención es que la regulación “vaya muy rápido”, pero apuntan que “es muy complejo dado el gran cambio en la dimensión administrativa que requiere en coordinación, además, con otros departamentos”. “Una vez esté elaborado se trasladará a los agentes sociales”, añaden estas fuentes.
Al contrario de lo que sucede con otras normas laborales, el Ministerio de Trabajo está cerrando el texto por su cuenta y luego va a llevarlo “a consulta” al diálogo social. La expresión, a la que se han referido en varias ocasiones en el Ministerio, no es baladí. No se está hablando de una “negociación”, ni de la elaboración del texto desde el diálogo social con la participación de los sindicatos y las patronales mayoritarias, como sucede en el proceder habitual del Ministerio. Sino de una “consulta” con estos una vez la norma esté lista.
La falta de negociación de este asunto “ha mosqueado bastante” en los sindicatos, apuntan a elDiario.es desde las centrales mayoritarias, ya que se han visto al margen de la regulación de esta protección por desempleo. En CCOO y en UGT sostienen que el Ministerio de Trabajo no les ha sentado a hablar de esta materia y desde CCOO incluso indican que mandaron dos cartas a Trabajo y a la Seguridad Social emplazando a una reunión que no han sido respondidas siquiera.
Los sindicatos mayoritarios exigen su participación en la elaboración de la norma, que no consideran que pueda ceñirse solo a una “consulta” con la ley cerrada. Algo que no sucede con ninguna materia en un Ministerio que suele hacer gala de la negociación y, en especial, del diálogo social.
En Trabajo, aunque no responden sobre la crítica de los sindicatos, destacan la intención de que la legislación sea rápida y se apruebe “lo antes posible” para acabar con la discriminación que advirtió el tribunal de Luxemburgo. Terminado el texto, tendrá lugar la “consulta” con los agentes sociales y su aprobación finalmente por el Consejo de Ministros. El decreto tendrá que contar más tarde con el respaldo parlamentario para su convalidación.
Cuándo podrán las trabajadoras del hogar pedir el paro de manera efectiva es todavía una incógnita. “No puedo decirles una fecha”, respondía el jueves el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Dada la regulación vía real decreto ley, todo indica que la protección se desplegaría con la entrada en vigor de la norma, pero habrá que atender al detalle de la legislación. “La conocerán en los próximos días”, adelantó Yolanda Díaz en su comparecencia en el Congreso.