Patricia entró a trabajar en una gestoría con un contrato temporal por obra o servicio. “Como todos al empezar”, cuenta con normalidad la joven trabajadora, de 28 años. ¿Cuál era la obra concreta a desempeñar? “Ninguna, me pusieron como un proyecto nuevo, pero es el contrato de todo el que entra. A los tres años, si se da bien y no te has ido antes, puede que consigas que te hagan indefinida”. El contrato fijo es un 'premio'. Tal vez se identifique con esta situación, o conozca a alguien afectado por ella, porque por desgracia es bastante frecuente. España es el país de la Unión Europea con más trabajo temporal, que alcanza a una de cada cuatro personas asalariadas. El problema no es solo que el contrato temporal es más inestable, sino que en muchos casos ni siquiera está justificado. Y que cada vez es más precario, con un auge de los contratos ultracortos. En 2019, había unos 4,4 millones de trabajadores temporales. Ese año, se registraron 27 millones de bajas a la Seguridad Social. 27 millones.
El Gobierno de coalición se ha comprometido a combatir estas cifras. Como exige Bruselas a España desde hace años, el Ejecutivo pretende reducir la temporalidad en el mercado de trabajo. Porque no es que tengamos mucho empleo temporal, es que tenemos muchísimo en comparación con los países de nuestro entorno. Con datos de 2019, previos al shock en el empleo causado por la pandemia, España tenía un 26,3% de tasa de temporalidad. La cifra es muy superior al siguiente país en la lista, Polonia (21,7%), y prácticamente duplica la media de la UE, del 13,6%.
Uno de los focos de temporalidad, y del abuso como ha concluido la justicia europea en varias ocasiones, está en la propia Administración Pública, con más peso de trabajo temporal en sus plantillas (alrededor del 28%) que el sector privado (cerca del 26%). Esta asignatura pendiente le corresponde el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que está negociando ya con los sindicatos una reforma de la legislación para evitar los abusos y el fraude en el futuro, a la vez que busca pactar las condiciones de los “últimos” –espera– procesos de estabilización del gran volumen de personal temporal existente a día de hoy. La intención es estabilizar unas 300.000 plazas antes de que termine 2024.
Pero hay otro grueso importante de temporalidad en el sector privado. En números absolutos, muy superior: de unos tres millones de personas frente a los 900.000 temporales del sector público, con datos de la EPA de 2019. También adolece de muchos abusos, como prueban las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que logran decenas de miles de conversiones de contratos fijos solo con enviar una carta informativa. Aquí es el Ministerio de Trabajo el que lidera la reforma legal para reducir la temporalidad, que la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha adelantado que será “de calado”. Esta semana se ha conocido la propuesta inicial del Gobierno, presentada a los sindicatos y empresarios para empezar a negociar, que supone una importante limitación a las posibilidades para contratar de manera temporal que existen a día de hoy.
Contrato temporal como si no fuera extraordinario
“No podemos continuar así”, ha destacado Yolanda Díaz, que subraya habitualmente que la situación actual sitúa a España en la “anormalidad europea”. La temporalidad incide mucho más en la juventud, lo que lastra y retrasa su capacidad para independizarse, comprarse una casa y tener hijos, entre otros proyectos. También funciona en muchas compañías como un elemento de presión y precarización, destacan los sindicatos. Los trabajadores aceptan ciertas condiciones laborales y no se quejan ante abusos por el miedo a que no les renueven el contrato o con la esperanza de alcanzar en algún momento el 'premio' del contrato indefinido.
Su compañero en el Consejo de Ministros José Luis Escrivá ha insistido también esta semana la necesidad de acabar con “la cultura de la temporalidad” en España, que normaliza el uso del contrato temporal aun cuando no está justificado por ninguna función extraordinaria o imprevista en el seno de las compañías. Que como le ocurre a Patricia, la temporalidad se utilice continuamente como un método de inserción de nuevo personal o de rotación de empleados, que desarrollan en realidad la actividad estructural y permanente de las empresas. Incluso durante años.
En la construcción de edificios la temporalidad está incluso más extendida que el trabajo indefinido, con un 55% de personal temporal. En el sector es muy habitual el contrato “fijo de obra”, por el que la relación laboral de los trabajadores depende obra a obra, de los trabajos que firma la empresa. En bastantes actividades, el porcentaje de trabajo temporal se acerca a la mitad de las personas afiliadas al sector.
Un vistazo a la temporalidad por territorios permite comprobar que la temporalidad está más arraigada en el sur del país. Aunque hay varios factores en juego que confluyen para mostrar esta imagen, una parte importante tiene que ver con el tejido productivo y las diferencias sectoriales. Mientras que la industria –más presente en el norte de España– recurre menos a la temporalidad, las actividades agrarias, la hostelería y el turismo se basan mucho más en este tipo de contratos.
Trabajo temporal cada vez más efímero
A la vista de las cifras, es difícil justificar el nivel de temporalidad existente en España. No solo por el elevado número de trabajadores temporales, sino porque los contratos cada vez son más cortos. Se firman muchos contratos al año, cada vez más –18,5 millones en 2015 frente a los 20,5 millones en 2019–, pero esto no se traslada siempre en creación de empleo sino en una mayor rotación e inestabilidad laboral para los trabajadores.
“Los números son espeluznantes”, ha subrayado el ministro de la Seguridad Social, que estudia aumentar las penalizaciones de los contratos muy cortos y que pretenden ahorrarse salario y cotización en los festivos y findes de semana. “Tuvimos 27 millones de bajas en el año 2019. Una de cada cinco era contratos de un día”, ha sostenido el ministro, según los registros de afiliación de la Seguridad Social.
Los datos de las bajas por sectores en el Régimen General, donde se congregan la mayoría de afiliados, señalan especialmente a algunas actividades por la altísima rotación de trabajadores. Por ejemplo, en creación artística y espectáculos, con menos de 32.000 personas afiliadas medias, se registraron más de un millón de bajas en 2019. Es decir, hasta 33 rescisiones de contratos o relaciones laborales por cada trabajador al año. Las actividades relacionadas con el empleo tienen un dato muy elevado, pero se refieren a las contrataciones a través de ETT. Los servicios de bebidas y comidas en la hostelería registran cuatro rescisiones de contrato al año por trabajador, un número al que se acercan también en publicidad por ejemplo.
El auge de los contratos más cortos queda patente en las cifras de contratación del SEPE, según su duración. Los de menos de 7 días se han disparado, son más del doble que los que se firmaban antes de la crisis financiera. Los siguientes que más han crecido son los que van de los 7 a los 15 días.
Adiós al contrato de obra y servicio
La propuesta del Ministerio de Trabajo para limitar la temporalidad es contundente, “de calado” como adelantaba Yolanda Díaz, con una reducción del número de contratos temporales, pero –más importante– también de las causas que motivan un contrato temporal. Supondría el fin del contrato de obra o servicio, el segundo más utilizado en España, con 8,2 millones de firmas en 2019. Los sindicatos han señalado siempre esta modalidad contractual como un coladero de temporalidad fraudulenta, como la que se advierte en el caso de Patricia. El planteamiento de Trabajo también reduciría mucho la temporalidad ligada a los picos de producción, para limitarla solo a los ocasiones e imprevisibles.
El Gobierno reconoce que la propuesta es ambiciosa, pero consideran necesaria una reforma contundente que, de una vez por todas, rebaje la excesiva temporalidad enquistada durante décadas en España. Su mirada apuesta por ese cambio de mentalidad o “cultura” de la temporalidad, insisten, que pase a aceptar realmente el contrato indefinido como el normal y que los temporales sean realmente extraordinarios.
Por ejemplo, Trabajo propone que las empresas dejen de contratar de manera temporal en campañas recurrentes y estacionales, como puede ser la navidad en el comercio o la Semana Santa en la hostelería. Que haya una especie de remesa de trabajadores estables vinculados a las compañías, con contratos fijos discontinuos, a los que recurran las empresas cuando lleguen estos periodos de más actividad, repetidos y previsibles.
En las patronales rechazan con rotundidad las medidas propuestas por el Gobierno, explican a este medio fuentes empresariales, que critican el punto de partida elegido, que consideran que hace muy difícil llegar a un acuerdo. Los empresarios creen que el planteamiento de Trabajo restringe en exceso la contratación temporal, también la legítima, y creen que la reforma legal debería incidir simplemente en “evitar las irregularidades”.
En los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT ven positivas las medidas planteadas por el Ministerio, aunque consideran que aún requieren de mucha negociación para afinar el texto legal y las causas exactas que justifiquen la firma de un contrato temporal. En Trabajo confían en lograr un acuerdo con empresarios y sindicatos mediante el diálogo social, como han hecho con otros temas como la Ley Rider y la ley de teletrabajo. La reforma tiene que estar aprobada antes de final de año, como ha comprometido el Ejecutivo a Bruselas.