El ingreso mínimo vital se estanca. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido este miércoles un informe en el que indica que, a diciembre de 2023, recibían esta prestación 342.856 hogares, “concentrándose los principales avances en el primer año” de su puesta en marcha, en mayo de 2020. Con estos datos, la entidad apunta que solo llega al 36% de los potenciales beneficiarios y al 17% de los hogares en pobreza severa.
Pese a este alcance limitado, la AIReF indica que, desde la entrada en vigor de la medida, “se han duplicado los hogares bajo el paraguas de una prestación de último recurso”. En concreto, antes de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, unas 239.000 familias eran beneficiarias de alguna renta mínima autonómica y, actualmente, entre ambas prestaciones suman ya más de medio millón, 513.871. La Autoridad destaca como punto a favor que sigue captando a hogares muy vulnerables, con una duración media de 30 meses y un 40% que lo reciben desde sus inicios.
La tasa de non take up, que indica las personas que son potencialmente elegibles para recibir una prestación pero que no la solicitan porque no lo saben o creen que no tienen derecho, se ha mantenido estable en estos primeros tres años, entre el 57 y el 56%. Esto, indica la AIReF, señala la “falta de avances”. Sin embargo, el número de perceptores si ha aumentado. En 2023 lo hizo en un 20% respecto a 2022.
El informe no solo refleja los números, sino que detecta “márgenes de mejora en el despliegue de su potencial, la gestión de la prestación y la cobertura y alcance de la pobreza sobrevenida”. En concreto, la AIReF que se avance en la concesión de oficio de la prestación, reforzar las campañas de información y acompañamiento y concederla en base a la situación económica presente y no la del año anterior.
Precisamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en macha varias iniciativas para dar a conocer la prestación y acercarla a los hogares más vulnerables. Para este verano se espera que esté en funcionamiento el teléfono de información 020 y, desde 2020, se han llevado a cabo 34 proyectos piloto de itinerarios de inclusión, en los que se han invertido 212 millones de euros.
El departamento que dirige Elma Saiz se ha comprometido ahora a incorporar las conclusiones del informe a la fase de estudio y mejora. “El nuevo equipo está realizando una evaluación exhaustiva de la política para identificar ámbitos de mejora en base a la evidencia y las mejores prácticas a nivel internacional”, indican fuentes del ministerio, que señalan que los esfuerzos se vienen realizando por dos vías: “Avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso”.
Lo que estas mismas fuentes no ven con buenos ojos es la propuesta de la AIReF de conceder la prestación de oficio. “Es inviable y no recomendable”, señalan, “es una prestación que se configura en base a los miembros de la unidad de convivencia y no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa para que su tramitación se pudiese iniciar de oficio”. Es decir, aunque la solicite una única persona, se entiende como beneficiaria a toda la unidad de convivencia. “Se necesitarían cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado y cambios legislativos”, indican.
Desde el ministerio señalan que el ingreso mínimo vital tiene una “especial incidencia” en la reducción de la pobreza infantil, con un 42,2% de receptores menores. De todos los hogares que han recibido la prestación en este tiempo, más de un millón, 543.000 han sido beneficiarios también del Complemento de Ayuda para la Infancia.