La entrada de Arabia Saudí en el accionariado de Telefónica con la compra del 10% a través de su operadora STC se ha convertido en una tormenta en el proceloso estado de ánimo del capitalismo español. La intromisión de los saudíes sin aviso previo aparente ha levantado suspicacias, ha sido utilizado contra el Gobierno de coalición en funciones y está provocando la caída de ciertos axiomas de los defensores del libre capitalismo. La realidad es que los saudíes se aprovechan de la baja cotización de la acción de Telefónica, cuyo equipo gestor no ha sido capaz de elevar su valor en los últimos siete años.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha advertido de que “protegerá los intereses estratégicos” de España ante la llegada de los saudíes. El ejecutivo tiene una herramienta para frenar la operación con el escudo antiopa, que exige el permiso gubernamental del Gobierno a las operaciones de compra por parte de empresas extranjeras de más del 5% de compañías españolas que tengan intereses en Defensa, como es el caso de Telefónica. La negativa por parte del Ministerio que dirige Margarita Robles no va a ser fácil. Arabia Saudí tiene una palanca perfecta para forzar al Gobierno ya que está pendiente de ratificación la compra de cinco embarcaciones de guerra a Navantia.
En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a perder otra ocasión para convertirse en un hombre de Estado y ha optado por aprovechar la situación para cargar contra Pedro Sánchez: “No se entera de lo que pasa en empresas estratégicas”. Habría que recordar que Núñez Feijóo ha sido uno de los políticos que con más vehemencia se ha posicionado contra el escudo antiopa que ahora puede cerrar el paso a Arabia Saudí, ya que la Unión Europea ha decidido lavarse las manos. Cuando la norma fue renovada en julio por el Consejo de Ministros, el presidente del PP llegó a decir en una entrevista que “el Gobierno está intentando controlar la economía y está utilizando una práctica muy al borde de lo que un Estado occidental europeo puede hacer”, aunque posteriormente no se pronunció sobre su derogación.
“Nacionalización de la toma de decisiones”
Pero las contradicciones sobre el intervencionismo del Gobierno en la economía no solo son en el ámbito político. El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, en unas declaraciones un tanto rocambolescas señaló esta semana que: “somos un país deficitario en materia de inversión. Aquí la inmensa mayor parte de las compañías están respaldadas por dinero fundamentalmente internacional. España tiene muy poco grado de nacionalización de los centros de toma de decisiones. Aquí casi todo está en manos de extranjeros. Eso es debido a muchas causas. La fundamental, tal vez, es que nosotros optamos en su momento por un sistema de pensiones de contribución-distribución, un sistema público, mientras que los grandes países exportadores de capital suelen coincidir con países que optaron por sistemas privados”.
¿Nacionalización de los centros de toma de decisiones? Paradójicas palabras cuando las medidas económicas que ha tomado el Gobierno de coalición para paliar los efectos de la pandemia y en la lucha contra la inflación han sido calificadas como un “intervencionismo ideológico preocupante” por el capitalismo patrio. Haciendo un poco de memoria estaría bien recordar cómo se alababan las políticas de privatizaciones de la presidencia de José María Aznar, que nos han llevado al absurdo de dejar al albur del mercado a las joyas empresariales de la corona para que empresas extranjeras controladas por sus estados se hagan con Endesa (por la italiana Enel) o se conviertan en sus mayores accionistas, como es el caso de Telefónica
Con un Gobierno de izquierdas cualquier medida de política económica se convierte en un peligroso intervencionismo salvo las ansiadas subvenciones públicas. Todavía resuenan las críticas de la CEOE exigiendo a la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) más diligencia en el rescate de empresas afectadas por el impacto de la pandemia con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ahora bien, solo hace cuatro meses la derecha y algunos empresarios calificaron como “gran riesgo para la reputación de España” el incremento de la participación de la SEPI en la compañía de defensa y tecnología Indra, en lo que se definió como una operación de control por parte del Gobierno de coalición.
La operadora saudí STC está controlada por el fondo soberano Public Investment Fund (PIF), cuyo presidente es el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, al que los EE UU responsabilizan del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Arabia Saudí, como otros países del Golfo Pérsico, está siguiendo un proceso de compras e inversiones en compañías de todo el mundo para hacer que su economía dependa cada vez menos de los ingresos del petróleo. Por ejemplo, Etisalat, la operadora de Emiratos Árabes Unidos, entró en Vodafone con la compra de un 9,8% en 2022, hoy controla un 14,6% y ya ha hecho público su intención de alcanzar el 20% de la 'teleco' británica.
La debilidad de la acción de Telefónica ha hecho que los saudíes encuentren una oportunidad para convertirse en el máximo accionista de la operadora española por solo 2.100 millones de euros. ¿A qué se debe esa debilidad?
60% de caída del valor de la acción
Cuando José María Álvarez-Pallete fue nombrado presidente de Telefónica el 8 de abril de 2016 la acción de la operadora española valía 9,31 euros. El 5 de septiembre de 2023 cuando se anunció la operación de STC la acción de Telefónica cotizaba a 3,75 euros. Estamos hablando de una reducción del valor de casi el 60%. El equipo de dirección de la operadora española no ha sido capaz de convencer a los inversores de que su gestión merecía una mayor cotización de la acción. Hay una razón de peso. En 2017, la cifra de negocio de la operadora fue de 52.008 millones de euros mientras que en 2022 la facturación fue de 39.993 millones de euros.
Esta caída rampante de la cifra de negocio es achacada por los analistas a la fuerte competencia. Atención que parece que otro axioma neoliberal se empieza a tambalear. ¿No habíamos quedado en que la competencia hacen más fuerte a las empresas, más eficiente al mercado y mejoran los servicios? Parece que en el sector europeo de las telecomunicaciones no es así. De hecho, la mayoría de las compañías del sector llevan años con una fuerte depreciación de sus acciones, según los analistas, por el diseño de un mercado de telecomunicaciones europeo donde se ha primado la competencia. Solo se salva Deutsche Telekom que tiene la bendición de los inversores por su entrada en el mercado de EEUU donde los precios son más altos. Como curiosidad, Deutsche Telekom sigue manteniendo al Estado alemán como uno de sus principales accionistas.
Pero cuando se observan los datos del mercado español de telecomunicaciones el panorama tiene más pinta de oligopolio. Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) Telefónica tiene el 34,19% de las líneas fijas de banda ancha en junio de 2023 (el 74,6 % del total de líneas de banda ancha se concentraron en Movistar [marca de Telefónica] Orange y Vodafone) mientras que en cuanto a líneas móviles, Telefónica tiene el 27,5% del mercado (Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil cuentan con el 92,4 % del total de líneas móviles del mercado). ¿Entonces? Los analistas señalan que las operadoras se han lanzado a una guerra de precios que ha terminado por erosionar sus márgenes en un negocio que exige fuertes inversiones para desarrollar tecnologías. En este juego de suma cero para evitar la pérdida de clientes, las operadoras llegaron a crear filiales low cost para competir entre sí en una competición que solo hizo rebajar aún más sus propios precios.
Además Álvarez-Pallete puso en marcha un plan estratégico en 2019 que no ha tenido la respuesta que se esperaba. En esta nueva hoja de ruta España, Brasil, Alemania y Reino Unido se convirtieron en los cuatro mercados principales, pero solo ha funcionado a medias con Brasil y Alemania. Un año después de este anuncio, Telefónica fusionaba su filial británica O2 con Virgin Media (Liberty global), consiguiendo unos ingresos que se dedicarían a rebajar la deuda.
En España la operadora está todavía recuperándose del impacto de la pandemia: en 2022 los ingresos por servicio en nuestro país registraron un crecimiento interanual por primera vez en tres años y los ingresos totales se incrementaron un 0,6%.
En este apartado es digno de mencionar las cantidades ingentes de dinero dedicado por parte de Telefónica a la compra de los derechos de televisión del fútbol. Los analistas de Banco Sabadell constatan que se trata de un negocio de contenidos que “no es rentable” y “consume muchos recursos” pero que se ha convertido en uno de los principales reclamos de la operadora española para retener a sus clientes de mayor valor en España. Otro de los ganchos en el negocio de contenidos ha sido su alianza con Netflix, pero la plataforma estadounidense está perdiendo su pugna particular con otras como Amazon por la caída de calidad de las producciones.
Otro de los puntos fuertes de ese plan estratégico de 2019 fue la creación de Telefónica Tech, que desarrolla los negocios de mayor valor añadido relacionados con ciberseguridad, el internet de las cosas, el Big Data y el cloud computing. Las previsiones eran que en 2022 esta unidad alcanzara una cifra de negocio de 2.000 millones de facturación pero se ha quedado bastante por debajo, con una facturación de 1.482 millones.
También se creo Telefónica Infra, una filial donde se reunieron todos los activos de infraestructuras, desde las torres a los cables submarinos pasando por los data center, con idea de que el mercado apreciara su valor e incluso se incluyeran a posibles socios inversores. Aunque Álvarez-Pallete siempre defendió la importancia de su red de antenas, solo dos años después anunció la venta de su filial Telxius, de la que tenía el 51%.
La obsesión por reducir la deuda
Telefónica ganó con esta operación 3.900 millones de euros que dedicó íntegramente a reducir la deuda de la operadora. Y aquí entramos en otra de las obsesiones del presidente de Telefónica que no ha terminado de dar alegrías en el valor de la acción. Álvarez-Pallete llegó a la presidencia de la operadora con una deuda de 53.116 millones de euros que ha reducido a 26.687 millones en el ejercicio de 2022, son más de 4.000 millones al año dedicados a rebajar el pasivo de la compañía. El fuerte apalancamiento de la operadora era una de las excusas que también aducían los analistas para explicar que la acción no subía. Siete años después, con una reducción del 50% de la deuda mediante múltiples desinversiones en infraestructuras y en Latinoamérica, la acción de telefónica está un 60% más barata.
Ahora, con la sorpresa de los saudíes entrando en la compañía, el próximo mes de noviembre Álvarez-Pallete va a presentar un nuevo plan estratégico para Telefónica correspondiente al periodo 2023-2026. En teoría esta nueva hoja de ruta esta centrada en mejorar el servicio al cliente, la creación de valor para el accionista y aprovechar las oportunidades de la disrupción tecnológica. Desde luego, se espera una apuesta más arriesgada si lo que se quiere es elevar la acción.
De momento, algo se está moviendo entre las operadoras europeas. Frente a la sangría que se han causado por la pelea por cada cliente en los diferentes países, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone decidieron crear una empresa conjunta para competir con las grandes tecnológicas por el negocio de la publicidad digital. Es una vía para luchar contra los gigantes tecnológicos estadounidenses como Google o Facebook, a los que Álvarez-Pallete siempre ha acusado de competir con ventaja por la “fuerte regulación” que a su juicio sufren las empresas europeas. En una entrevista en 2019, Álvarez-Pallete admitió como error en la concepción de negocios que “WhatsApp lo tuvimos que haber inventado nosotros. ¿Por qué no lo inventamos? Porque nos daba palo compartir”.
Esperemos que esta iniciativa funcione mejor que aquel soñador proyecto de la cuarta plataforma. Ese intento de Telefónica de que los datos de cada usuario solo fueran controlados por los ciudadanos y no por las grandes tecnológicas. Años después, la cuarta plataforma se llama Telefónica Kernel y es más una plataforma de servicios digitales que una revolución de la privacidad digital.