El Gobierno no ha conseguido paralizar los lanzamientos arrendaticios a familias vulnerables. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos han aumentado en 29 de 50 provincias, ya que de Ceuta y Melilla no hay datos disponibles. 7.862 lanzamientos, un 14% más que el año anterior. En algunos casos como en Almería, con un aumento del 89% con respecto al mismo período de 2020, Ávila (150%), Cuenca (450%), Granada (80%) o Guadalajara, con un 82% de desahucios más, la subida alcanza la estratosfera. El Gobierno ha insistido durante estos meses en que, con el decreto extraordinario con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en vivienda, los desahucios estaban parados.
En zonas donde la economía ha sufrido el fuerte impacto de la dependencia de la hostelería y el turismo, con miles de personas que han pasado a estar desempleadas o afectadas por ERTE, la subida es igualmente alta: los lanzamientos en Castellón han aumentado un 46%, en Las Palmas un 26%, en Tenerife han subido hasta un 42%, en Baleares hasta el 35%, Murcia, un 25% o Granada casi los dobla, con un 80% de actuaciones judiciales más que en 2020.
En octubre pasado, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, responsable de la redacción del la medida, mantenía que no se producían desahucios “en teoría” gracias a esta reglamentación, y confesó su sorpresa ante la evidencia de la realidad de una ejecución a una familia madrileña, de la que fue conocedor durante una rueda de prensa, a preguntas de los medios.
Quienes lo saben bien son las plataformas y sindicatos de vivienda, que durante meses han estado avisando de que las cifras no se reducían y de que bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, grandes tenedores e incluso empresas públicas de vivienda continuaban denunciando a familias vulnerables e intentando expulsarles de su casa, obviando el redactado del texto del decreto o colándose por sus fisuras. El comienzo de año está siendo especialmente intenso. En Baleares, de acuerdo a la plataforma Stop Desahucios, han podido paralizar 22 lanzamientos en el plazo de quince días, de los 374 casos oficiales ejecutados desde el 1 de enero y hasta finales de marzo.
José Cardona, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, valora los datos: “Son realmente alarmantes. Se confirma lo que decíamos hace un año: el escudo social aprobado por el gobierno de PSOE y Unidad Podemos es insuficiente”. En la mañana de ayer lunes, este sindicato denunció el intento de desalojo de Caixabank, Coral Homes y Building Center en una urbanización en el municipio de Galdas. Setenta familias que fueron supuestamente engañadas por un promotor que en enero les pidió una fianza y tras cobrarla, se esfumó. “Estamos hablando de 70 casos, es una macroestafa inmobiliaria”, afirma Cardona. “Es una crisis humanitaria que se agravará en septiembre, cuando acabe el espectro de actuación del real decreto”, concluye.
En diciembre, el Gobierno modificó el texto inicial de marzo para que se contemplara la vulnerabilidad económica previa al estallido del coronavirus y poder así acogerse al mismo, y evitar el desahucio si la pobreza había entrado en la vivienda antes de marzo de 2020. Tampoco sirvió: desde el 1 de enero y hasta el 7 de junio, estas entidades vecinales que asesoran y acompañan en procesos de lanzamiento han actuado en decenas de ellos.
El prototipo de los desahuciados es de claro perfil femenino, de familia monomarental y migrante. Durante el Estado de Alarma ha dado tiempo a que a algunas familias se les haya intentado expulsar de su vivienda dos o tres veces, según las plataformas en defensa de la vivienda.
En algunos casos hay negativas a renovar alquileres, en las que la propiedad ha decidido denunciar y tratar de desahuciar: por ejemplo, Quim, Laura y su hijo en la calle Rabassa, de Barcelona. Según esta familia, Caixabank no quiere renovarles el alquiler. O Dolores, que lleva 42 años pagando religiosamente la cuota en su vivienda de Carabanchel, en Madrid, pero asegura que la propiedad particular no le contesta al teléfono para continuar con el contrato de arrendamiento.
Mientras, en el municipio de Alajeró, en La Gomera, varias familias con cinco menores que llevan décadas en cuatro casas terreras de alquiler han recibido la notificación de la propiedad, un empresario privado, para que las abandonen porque quiere usarlas para alquiler vacacional. Y en la calle Egia número 22 de Donostia, es la Sociedad de Gestión Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la SAREB, y Haya Reale Estate, la gestora encargada de los alquileres, el Sindicato de Inquilinas de San Sebastián explica que doce vecinos de cinco viviendas eran amenazados con la salida de las viviendas a medida que terminasen los contratos actuales, entre ellas una mujer sola de 87 años. El Sindicato de Inquilinas y la asamblea vecinal constituida en su defensa consiguió que el ayuntamiento mediase para encontrar una solución.
Otros ejemplos que recogen asociaciones de inquilinos son el de Juan en Arganda del Rey, viudo y jubilado de 64 años con problemas médicos, que vive con su hijo de 46 años y sus nietos de 5, 9, 17 y 19 años en un piso de alquiler de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad De Madrid, entidad pública que ha interpuesto una demanda de desahucio contra él. Lleva viviendo en ella 33 años. La adjudicataria del piso público era su mujer. Falleció en 2016 y él no subrogó el contrato. En Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó, Radouane y Houda y sus tres hijos llevan 7 años viviendo en el piso propiedad de Isern, una empresa de asesoría que compró todo el edificio, y que ahora los quiere echar. Los dos trabajan, Radouane haciendo tareas de mantenimiento en edificios y Houda cuidando de personas mayores. No se pueden permitir las subidas que la propiedad les ha ido imponiendo a lo largo de las diferentes prórrogas. Han estado pagando veintidós meses el alquiler sin contrato y negociando la renovación, con la ayuda de las plataformas.
Cada una de estas familias ha recibido, al menos, una carta con una notificación de desahucio, durante la actual pandemia, que no les ha evitado el miedo, la angustia y la incertidumbre que provoca el proceso de quedarse sin casa.
Una yincana de obstáculos para las familias vulnerables
El Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, es un amparo judicial que los afectados deben solicitar mediante recursos, no una medida de oficio que paralice las expulsiones hasta el nueve de agosto, fecha de su última ampliación. Los procesos de denuncia y las citas con las comisiones judiciales en domicilios no han parado con la pandemia. Los dueños de los inmuebles no han dejado de denunciar. Desde abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de este año, han sido enviadas 22.111 notificaciones desde los juzgados de primera instancia en las que se avisaba a particulares de la fecha del próximo desahucio.
Junto a la paralización de los desahucios por impago de alquiler para familias vulnerables, el Gobierno dictaminó también pocas semanas tras la declaración del estado de alarma, como parte del llamado “escudo social”, la garantía de suministros básicos: agua, luz, gas. Este amparo se articuló de una forma mucho más sencilla: el consumidor puede emplear cualquier medio documental, por ejemplo un recibo que acredite el domicilio, para poder acogerse. Sin embargo, la protección de las familias vulnerables en materia de vivienda obliga a recorrer una yincana de obstáculos en los juzgados.
El equipo de Ábalos defiende el procedimiento. “El juez debe determinar si se acreditan los criterios de vulnerabilidad en base a la documentación aportada y el informe de los servicios sociales”, asegura a través de una fuente oficial. “Deben garantizarse la seguridad jurídica y la salvaguarda de todos los derechos afectados” , rubrican. Sobre por qué no se estipuló un sistema similar al de la garantía de suministros desde el gobierno, aseguran que “son procesos diferentes” en el contexto de vivienda, que precisan de la judicatura.
Para poder acogerse al decreto, en cada paso las familias deben asumir la terminología judicial y apelar o rogar el amparo de las instituciones. “La indefensión de las familias es total”, señala María, de la Obra Social de Tetuán, en Madrid. “Hay abogados de oficio que no saben que existe un decreto extraordinario en pandemia, se lo tenemos que decir nosotros”. Ana, desde la Asamblea Stop Desahucios de Latina, puntualiza que “hay veces que hay que decirles a los abogados: oye, que aquí cabe un recurso por cláusulas abusivas, presenta uno, aunque sea el 704” . Este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil consigue, si es aceptado, retrasar el lanzamiento un mes más, lo que les da a las familias un respiro para poder seguir buscando una alternativa habitacional. Un movimiento de liturgia jurídica in extremis, que queda lejos de ser una solución.
Sentencias dispares con casos similares
La disparidad de criterios sobre la vulnerabilidad en las sentencias judiciales ante situaciones similares sorprende. Según el juzgado donde toque, el decreto tiene más o menos efecto. Así, un juzgado de Madrid consideró que Elisabeth Muñoz, con dos hijos menores de edad y un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 500 euros, más una pensión de 150 euros del padre de los niños, no era suficientemente vulnerable. El 12 de mayo tuvo que dejar, junto a los dos menores, el piso público propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de Lavapiés que ocupaba desde 2013. Ocho días después, Gloria Callejón, sus cuatro hijos y su nieta fueron desahuciados de la vivienda de Málaga que ella y su familia llevaban habitando más de tres años, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece el decreto: no tener alternativa habitacional, que el dueño del inmueble sea un gran tenedor, en este caso, el Banco Santander, y no disponer de ingresos suficientes para acceder al mercado del alquiler.
Ruth y José tuvieron más suerte. A principios de febrero un juez decidió aplicar el decreto y paralizar la expulsión. Tras perder el piso en propiedad en Zaragoza por impago de hipoteca en 2018, la familia consiguió el compromiso de Ibercaja de acceder a un alquiler social, que nunca llegó. En plena pandemia, la entidad inició proceso de desahucio y puso en venta el piso. En este caso, el decreto ha servido para conseguir un aplazamiento, ordenado por el juez.
Otro caso en el que los tribunales dictaminaron la paralización del lanzamiento es el de Pilar, del barrio madrileño de Hortaleza. Joven de 26 años, con dos hijos de ocho y seis años, el mayor con discapacidad, y a punto de dar a luz de nuevo. Vive desde hace 2013, sin contrato, en una de las viviendas en remodelación de la UVA de Hortaleza, propiedad de AVS, de la Comunidad de Madrid. Ha sentido en primera persona la estigmatización de quien no paga alquiler. Según relata, inspectores de la empresa regional le llegaron a decir que tendría que haber ocupado un piso nuevo, que entonces habrían regularizado su situación, pero como el edificio se iba a derruir, seguirán con el desahucio. “Yo les pregunté que qué tipo de persona creían que soy, que yo no iba por ahí entrando a patadas en pisos”. Su marido cobra alrededor de 900 euros al mes, en una empresa de limpieza de San Sebastián de los Reyes. “Hemos mirado fuera de la ciudad, en los pueblos cercanos de su empleo, y lo que nos piden es inasumible”. Tres meses de adelanto, más mes de fianza, más honorarios de agencia. Sumas de dinero que no son imaginables en su familia.
Finalmente, el juzgado sí dictaminó vulnerabilidad económica, y que la AVS debería ofrecerle alternativa habitacional en tres meses. La Comunidad se dirigió a los servicios sociales municipales de Hortaleza, que alegaron no tener competencias en vivienda más allá de albergues de emergencia. Las autoridades institucionales con competencias en vivienda son las Comunidades Autónomas. “Y tal cual, desde la AVS rellenaron un informe y presentaron ese recurso al juzgado, que les ha dicho que eso no es lo que dictaminó, y que les da tres meses para ofrecernos una vivienda digna o archiva el caso”, relata.
Desde la Consejería de la Vivienda de la Comunidad, refieren que “es nuestra obligación recuperar esas viviendas ilegalmente ocupadas para poder ser entregadas a familias vulnerables que las esperan”. La región ha denunciado a doce familias en los últimos meses, según lo documentado por las plataformas. La misma Comunidad que está aún hoy litigando para no tener que readquirir las 2.935 viviendas públicas que vendió en 2013 a un fondo de inversión, operación que ha sido declarada ilegal. En 2019, la Comunidad disponía de un parque de 20.693 viviendas, todas ellas en régimen de alquiler, una por cada 322 habitantes, que serían 282 de recomprar tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo los pisos vendidos a Goldman Sachs y ubicados en once municipios.
En Telde, municipio de Gran Canaria, el 12 de marzo el decreto antidesahucios y un informe de servicios sociales evitó que una madre soltera con dos hijos tuviera que abandonar el piso del Instituto Canario de la vivienda en el que entró en 2018, tras la muerte de la inquilina que pagaba la renta. La jueza del caso paralizó el proceso a finales de abril, a la espera de que llegue el informe de los servicios sociales que acredite su vulnerabilidad. También en Barcelona, un juzgado paralizó la semana pasada, día 4 de junio, el lanzamiento de una familia con menores en la calle Sequía de la capital catalana, propiedad de la empresa pública de vivienda de la Generalitat de Catalunya.
La Comunidad de Aragón es una de las tres autonomías, junto con Galicia y Euskadi, en que se ha reducido el número de lanzamientos este trimestre. “Nosotros podemos considerar que el juzgado ha hecho su parte”, explicar Ricardo Arnedo desde el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza, tras comentar que la mayoría de sus casos sí han encontrado la cobertura del decreto en las sentencias.
Aunque mantiene una queja: “El decreto iba más allá. En el texto se obliga a las administraciones a aportar las medidas necesarias que condujeran a asegurar una vivienda digna a las familias a las que se les reconoce vulnerabilidad económica. Han tenido todos estos meses en que en ningún caso se está haciendo este trabajo”.
Arnedo apunta que no es aceptable la excusa de que no hay viviendas públicas en el gobierno de Aragón, “porque el decreto no dice que tengan que ser parque público, sino que se usen recursos de la manera más adecuada para asegurarles el acceso a una vivienda digna”. En este caso, Aragón tiene 762 viviendas públicas regionales, una por cada 1.713 habitantes, de acuerdo al Observatorio de vivienda y suelo 2020, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En el redactado del decreto se insta a las CCAA a desarrollar las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
La media de la Unión Europea es de 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes, según el mismo Observatorio, mientras que España es de una vivienda por cada 100 habitantes, en el puesto 17 de la lista. El ranking lo encabezan Países Bajos, con más de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes, seguido de Austria, con un 10% de vivienda social, Dinamarca (9,5%), Suecia (8%) y Francia, que se queda por debajo 7,5%.