El polémico proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria para regular el autoconsumo de electricidad ha salvado el penúltimo escollo y ya tiene el visto bueno del Consejo de Estado. La Comisión Permanente del organismo consultivo ha remitido a Industria su dictamen sobre la norma por la que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, según fuentes del Consejo de Estado.
A la espera de conocer las observaciones incluidas en el dictamen del Consejo de Estado, que no es vinculante, la norma ha soliviantado al sector de las energías limpias, que critica que va a hacer inviable la producción de electricidad para consumo propio; a la oposición (que ha prometido derogarla si gobierna); e incluso al regulador del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su presidente, José María Marín Quemada, instó en junio a Industria a “no estorbar” el desarrollo del autoconsumo y regularlo de manera “sensata”. El Ministerio no ha respondido las preguntas de este diario sobre este asunto.
Ahora, sólo falta el visto bueno del Consejo de Ministros para que salga adelante el Real Decreto, que, según sus detractores, dará la puntilla al autoconsumo energético en uno de los países con mayor irradiación solar de Europa antes de que haya podido echar andar, cuando empieza a desarrollarse con fuerza en otros países europeos.
Está por ver si, a las puertas de las elecciones generales de diciembre, el Gobierno de Mariano Rajoy se atreve a dar luz verde a una norma que las grandes eléctricas (principales damnificadas por el autoconsumo) ven con buenos ojos y que ha generado un enorme rechazo.
Aprobar el decreto con la redacción dada a conocer este verano podría tener un elevado coste electoral para el PP, aunque no sería la primera vez que un Ejecutivo saliente aprueba una norma controvertida en el descuento. Fuentes del sector renovable apuntan a principios de octubre (barajan día 2) como fecha probable para que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el texto.
Mofa internacional
Con años de retraso, Industria sacó a consulta pública en junio pasado, aprovechando el vacío de poder autonómico tras las elecciones de mayo, el borrador de la norma que, entre otras cosas, incluía un nuevo “cargo por otros servicios al sistema” que sustituía al polémico “impuesto al sol” que recogía un borrador previo de 2013 y que fue objeto de mofa internacional.
Una idea apoyada por el think tank del PP, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que en febrero pasado difundió un estudio en el que apoyaba la puesta en marcha de un “peaje de respaldo” para que los costes fijos del sistema eléctrico no recaigan sobre el resto de consumidores y se evite una “subida de tarifas” de la luz para el conjunto de los usuarios. El estudio estaba firmado al alimón por Conrado Navarro y Juan Luis López Cardenete, a los que se identificaba, respectivamente, como “ingeniero de Minas, especialidad Energía y Combustibles” y “profesor del IESE”. El primero es director de Relaciones Institucionales de Iberdrola y el segundo fue durante años alto directivo de Unión Fenosa, en la que trabajó durante tres décadas.
El proyecto de Industria también contenía fuertes penalizaciones al almacenamiento de energía, pretendía prohibir que una familia que disfrute de una tarifa regulada por la Administración (incluyendo a las más vulnerables) pueda acogerse a esta posibilidad y, en el caso de los particulares, establecía que, salvo que den de alta una empresa en el registro mercantil y efectúen declaraciones periódicas de IVA, algo que difícilmente compensará a un hogar, los que estén conectados a la red eléctrica deben regalar gratis su producción a las eléctricas, salvo acuerdo con su distribuidora.
El borrador mantenía las desproporcionadas multas que fija la Ley del Sector Eléctrico, de hasta 60 millones de euros, por no tener legalizada una instalación de autoconsumo: el doble que por ocultar un escape nuclear y 260 veces más alta que el castigo a la negligencia en un accidente de aviación con víctimas.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha manifestado que tras los cambios “cosméticos” introducidos en el último borrador el texto “sigue ideado para entorpecer el desarrollo del autoconsumo y no para promoverlo como debería, como la medida de ahorro y eficiencia energética eficaz y sostenible que es, ya posible sin ningún tipo de subvención institucional”. Según esta asociación, las empresas de servicios y pymes serían, precisamente, las más beneficiadas por el autoconsumo, ya que, al coincidir las horas de producción con las de consumo, la inversión sería especialmente interesante como forma de aumentar su competitividad.