La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Empleo que retire el incentivo que concede a las agencias de colocación por delatar a las personas en paro que pasen por sus oficinas y que estén incurriendo en alguna irregularidad que implique una sanción.
Empleo incluyó este incentivo en el acuerdo marco que establecía las condiciones para que las agencias colaboraran con los servicios públicos de empleo. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) recurrió a la Defensora, que ahora les da la razón y considera que se trata de una retribución “indebida” que pervierte el sentido de la norma.
Las agencias privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo que lleva en desempleo.
Y el Ministerio añadió otro incentivo: uno para las agencias que encuentren irregularidades que acaben en una sanción al parado. “Se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido durante la prestación del servicio y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción”, se exponía en los pliegos de condiciones de la licitación.
ANDET recurrió a la Defensora del Pueblo al considerar que el incentivo generaba “un nuevo modo de iniciar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación a la acción de denuncia” que era contrario y que vulneraba la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
“A nuestro juicio las agencias de colocación de carácter privado no resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores, ni tan siquiera poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo, como es el caso, posibles irregularidades por parte de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de una autoridad puÌblica que no puede corresponder a una sociedad mercantil aunque esta sea de capital puÌblico o goce de la firma de un convenio marco”, decía la asociación en su escrito a Soledad Becerril. ANDET esgrimía también que la nueva condición vulneraba la Ley de Protección de Datos.
La Defensora del Pueblo ha respondido a la queja de la asociación y, tras requerir información de la Secretaría de Estado de Empleo, ha pedido al Ministerio que modifique esta cláusula y que suprima “el incentivo por resolución de irregularidades”.
“Tras el análisis de las consideraciones de la Secretaría de Estado de Empleo esta institución considera que el incentivo o retribución por resolución de irregularidades [...] establece una retribución indebida, por cuanto retribuye una acción que no constituye intermediación laboral y pervierte el sentido de la norma, al convertir en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad”, manifiesta en su escrito la adjunta segunda de la Defensora, Concepció Ferrer i Casals.
Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura que aún no tienen notificación de este escrito, pero que siempre han defendido que el acuerdo marco de colaboración con las agencias de colocación se ajusta a la legalidad. El concurso aún no se ha resuelto: cuando sea efectivo, se conocerán qué agencias son las que colaborarán con los servicios públicos de empleo y, por tanto, recibirán estos incentivos.