La UE y el bloque de países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han cerrado el acuerdo político para crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Los 31 países tienen una población de más de 700 millones de personas y el valor económico de las transacciones comerciales supera los 100.000 millones de euros al año. El acuerdo comercial, que se resistía desde hace 25 años, supone la eliminación gradual de aranceles y en la recta final de la negociación (que se reabrió en 2019 por las dudas medioambientales) se han incluido salvaguardas para intentar aplacar el malestar de agricultores y ganaderos europeos, así como una vinculación con el Acuerdo de París para la reducción de emisiones.
Deforestación y contaminación
Uno de los nuevos requisitos que se han incorporado es la vinculación con el Acuerdo de París. Según fuentes comunitarias, se podrá suspender total o parcialmente el tratado comercial si una de las partes decide salir de ese paraguas suscrito en la ONU o lo incumple.
La deforestación de la Amazonia fue uno de los principales reparos al principio de acuerdo alcanzado hace cinco años. Ahora se incluyen compromisos “vinculantes de tomar medidas para detener la deforestación a partir de 2030”. “Es la primera vez que las partes de un acuerdo vinculante sujeto a una resolución de disputas, asumen un compromiso legal individual para detener la deforestación”, enfatizan fuentes comunitarias. La UE aprobó una normativa para combatir la deforestación cuya entrada en vigor se ha retrasado un año por la presión de los sectores económicos y de países como Alemania. La UE contempla un fondo de 1.800 millones para la transición verde en esos países a través de la iniciativa Global Gateway.
Salvaguardas para el sector primario
Los agricultores europeos han manifestado de forma genérica su oposición al acuerdo por lo que supondría la entrada de productos más baratos en el mercado por la eliminación de los aranceles vigentes. Así, se limitarán las importaciones de productos agroalimentarios sensibles procedentes del Mercosur a través de la inclusión gradual de cuotas. En el caso de la carne de vacuno, que es uno de los más sensibles, se limitará a 99.000 toneladas. “Esto corresponde aproximadamente al 1,6% del consumo actual de carne de vacuno de la UE”, señalan esas fuentes, que apuntan a que el arancel será del 7,5% y no cero.
La Comisión Europea ha preparado un contingente de 1.000 millones de euros para ayudar a los agricultores o ganaderos que se vean afectados por el acuerdo. No obstante, aún no hay fecha para la entrada en vigor.
A petición de los países de Mercosur, se ha introducido un “mecanismo de reequilibrio” por el que se puede recurrir a un panel si una de las partes considera que se está produciendo un perjuicio sustancial. En el caso de que así lo considere el panel, se pueden implantar medidas de reequilibrio.
Ahorro de 4.000 millones en aranceles
La Comisión Europea calcula que el acuerdo supondrá un ahorro de 4.000 millones en aranceles para las empresas europeas. Supondrá la eliminación gradual de los aranceles al 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur y al 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE. La liberalización se podrá ampliar en algunos casos para que las empresas latinoamericanas tengan tiempo para adaptarse.
En el caso de la industria automovilística, que es la más relevante para el bloque comunitario, se eliminará el actual arancel del 35% y en el caso de las piezas de los automóviles desaparecerá la tasa que oscila entre el 14 y el 18%.
¿Y ahora qué?
El acuerdo comercial tiene un amplio rechazo de organizaciones civiles y laborales por lo que consideran que son compromisos insuficientes en materia medioambiental y laboral. La gran preocupación es que se perpetúe la explotación laboral en el sector primario de Mercosur y que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades locales al fomentarse la producción a gran escala al priorizarse la exportación.
Pero el acuerdo tiene un arduo camino por delante. Lo tiene que ratificar el Consejo de la UE por una mayoría cualificada (al menos 15 países que representen al 65% de la población europea). Francia siempre ha mostrado su oposición frontal al texto y el enfado de Emmanuel Macron es monumental por la rúbrica en Montevideo por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También Austria y Holanda han rechazado el acuerdo y al 'no' se ha sumado Polonia. También Italia ha mostrado reparos en los últimos días. Con esos países en contra, quedaría bloqueado. Además, la base legal está por determinar pero si es un acuerdo de los denominados 'mixtos', es decir, que van más allá de las meras transacciones comerciales, tendrían que ratificarlo los parlamentos nacionales y ahí sería muy complicado tener la unanimidad. El acuerdo también tendría que recibir el 'sí' de la Eurocámara.