'¿Por qué dejas que te roben?': adelanto editorial del libro de Rubén Sánchez

El periodista, secretario general de FACUA y colaborador de elDiario.es, Rubén Sánchez, publica este jueves 24 de marzo su tercer libro, ¿Por qué dejas que te roben?.

Adelantamos parte del capítulo ‘La gran estafa eléctrica’:

La gran estafa eléctrica

La factura de la luz resulta para muchos más terrorífica que recibir el vídeo de las películas de la saga The Ring —al menos, cualquiera que no sea el de la infumable secuela que protagoniza el bajito de las gafas de The Big Bang Theory—. En las pelis, quien ve el VHS recibe a continuación una llamada telefónica donde le anuncian que va a morir en siete días. Con el recibo eléctrico, no hace falta ninguna llamada para saber que si no pagamos su infladísimo importe, acabarán dejándonos a oscuras.

Mientras que por el suministro de agua, una familia con un consumo razonable —9 metros cúbicos— paga en España una media de poco más de 16 euros al mes —aunque en función de la ciudad el importe oscila hasta un 479%—, en el caso de la luz, un usuario medio llegó a abonar en 2021 casi ocho veces más. En diciembre, el precio de la electricidad batió un récord histórico que provocó que el importe de los recibos alcanzase los 141 euros de media, según los cálculos realizados por FACUA sobre viviendas habitadas. La cifra representaba más del doble de los 69 euros del mismo mes del año anterior.

Evidentemente, hay causas coyunturales que contribuyen a incrementar el recibo de la luz, como la disminución de la generación eólica o solar por falta de viento o sol, el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera —un peaje que pagan las empresas por contaminar— o que los conflictos geoestratégicos y la menor producción de gas —que necesitan las centrales térmicas convencionales para producir la electricidad— aumenten su precio en los mercados internacionales.

Pero hay motivos estructurales que, desde la liberalización del sector, vienen provocando que los consumidores paguemos precios absolutamente desproporcionados, máxime teniendo en cuenta lo barata que es la generación eléctrica procedente de las renovables. Se trata, por un lado, del sistema de fijación de precios impuesto por la Comisión Europea, basado en una disparatada subasta donde el último que logra entrar en la puja, al precio más caro, determina lo que se paga por toda la electricidad que se vende en ella. Y, por otro, de las decisiones adoptadas desde los sucesivos gobiernos de España en las últimas décadas, por las que esa subasta se ha venido celebrando en unas condiciones especialmente favorables para los especuladores, al tiempo que se ha hecho la vista gorda ante numerosas irregularidades y excesos cometidos por el sector. Un sector que durante largos periodos prácticamente ha determinado las políticas energéticas a golpe de talonario, reclutando a sus filas a exministros y expresidentes del Gobierno para lograr más influencia en las decisiones de sus compañeros de partido o sencillamente para pagarles por los servicios prestados.

El de la leche que cuesta lo mismo que el jamón de bellota

Desde la liberalización del sector eléctrico emprendida en España por el hoy millonario José María Aznar, las empresas de generación fijan sus precios mayoristas a diario en una «subasta marginalista», lo que significa que el precio para todo el mercado lo determina el más alto que entra en la puja hasta cubrir toda la demanda. La fórmula fue impuesta por la Comisión Europea, pero se aplica en cada Estado miembro con distintas peculiaridades. Por ejemplo, en Francia, donde el 70% de la electricidad procede de sus 56 centrales nucleares —es el segundo productor mundial—, buena parte de esta producción está fuera de la subasta y tiene un precio marcado por el Gobierno. Una medida que reduce enormemente el impacto alcista que tienen las disparatadas subastas.

El establecimiento de una subasta marginalista como sistema para la fijación de los precios de la electricidad representa un paraíso para los especuladores y un auténtico sinsentido. Pagamos energías extraordinariamente baratas al precio de las más caras. Y para colmo, en determinadas coyunturas, las que son baratas, como la hidroeléctrica, participan en la puja al mismo precio que lo habría hecho la tecnología más cara que entraría en el sistema si ellas no lo hicieran. Algo que ocurrió especialmente durante 2021, cuando por distintas coyunturas sufrimos a nivel internacional unos elevadísimos precios del gas —que utilizan las centrales térmicas de ciclo combinado para producir la electricidad— y de los derechos de emisión de CO2 —que también impactan sobre esas centrales—. Con este mecanismo, todo el sector obtiene unos escandalosos beneficios caídos del cielo con los que nadie parece querer o atreverse a acabar.

El disparate y lo injusto que resulta depender de esa subasta para fijar los precios de la luz que pagamos los consumidores es equiparable a lo que supondría que en un supermercado nos obligaran a pagar un litro de leche al mismo importe que un kilo de jamón ibérico de bellota.

El de la tarifa misteriosa

En España se ha venido extendiendo desde hace décadas el bulo de que la factura eléctrica es muy difícil de entender, lo que ha llevado a muchos consumidores a ni siquiera tomarse la molestia de intentarlo. En realidad, lo que resulta complicado de digerir es el sistema de fijación de tarifas, porque la parte de la factura que te interesa no es tan complicada. Al menos, no lo era hasta hace unos años.

En su primera página, además de ver cuál es la comercializadora que te está facturando y cómo se llama tu tarifa —con eso puedes saber si es la semirregulada— tienes tres conceptos básicos: la potencia contratada, que se mide en kilovatios (kW), la energía consumida, en kilovatios hora (kWh) y la tarifa por el alquiler del contador. A los dos primeros se les suma el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad y al del contador sólo se le añade el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hasta 2014, en los recibos podías ver tanto el precio de cada kW de potencia que tenías contratados como el de cada kWh que habías consumido en el periodo de facturación. Además, las tarifas de ambos conceptos permanecían estables durante meses y se publicaban en el Boletín Oficial del Estado.

Pero ese año, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo y el ministro José Manuel Soria como irresponsable de su política energética —acabó dimitiendo al trascender que aparecía como administrador de una sociedad en un paraíso fiscal—, se acabó la transparencia en la aplicación de las tarifas y la facturación. El precio de la energía dejó de publicarse en el BOE y pasó a someterse en tiempo real a la decisiones adoptadas por las empresas de generación eléctrica en la subasta diaria del mercado mayorista de la electricidad —que se denomina pool—. Hasta entonces, el Gobierno fijaba las tarifas sobre la base de previsiones de lo que ocurriría en el mercado en los meses venideros, para después actualizarlas aplicando ajustes al alza o a la baja en función del margen de error que hubiese tenido.

Desde que se produjo el cambio, el precio de la energía se convirtió en un misterio mayor que la trama de la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Los consumidores dejamos de pagar una tarifa que permanecía invariable durante meses y pasamos a abonar 8.760 precios distintos al año por cada kWh —8.784 en los bisiestos—.

Para colmo, las tarifas comenzaron a publicarse con sólo unas horas de antelación. Si quieres conocer los veinticuatro precios que pagarás mañana, tienes que entrar por la tarde-noche en la página web de Red Eléctrica de España, el grupo empresarial que actúa como operador del sistema, gestionando toda la red de transporte de electricidad —sólo el 20% de su capital es público—. Y es que lo único que aparece ya en el BOE es la parte regulada de las tarifas, los peajes y cargos. En la web de Red Eléctrica se publican cada día los precios el siguiente pagaremos por cada kilovatio hora tras sumar a los que han salido de la subasta los peajes y los cargos regulados —que son los únicos que permanecen estables durante meses y siguen publicándose en el BOE—.

Así que desde que pagamos un precio distinto cada hora por la electricidad que consumimos, ya no sólo no podemos conocerlos con una antelación mínimamente razonable, sino que tampoco aparecen en las facturas —salvo que tengamos una tarifa fija o plana en el mercado libre, que suelen ser bastante más caras—. Lo que comenzamos a ver en los recibos desde 2014 fue el importe medio del total de kWh consumidos en el periodo de facturación. En contra de lo que establece tanto la directiva europea como la ley española del sector eléctrico, los precios dejaron de ser transparentes y fácilmente comparables.

El de la tarifa razonable

Consciente del elevado porcentaje de consumidores que no entienden absolutamente nada de lo que dice su factura, en 2021 la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, tomó una decisión que complicó aún más las cosas.

Ribera, ministra de «Energía» —aunque su ministerio se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que parezca que todo lo hace por el bien del planeta y el nuestro— impulsó otro cambio en el sistema de facturación y en la manera de informar del mismo. Junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, impuso en junio un sistema de tarificación por tramos horarios. Con él, la parte regulada de las tarifas —los cargos que establece su ministerio y los peajes que fija Competencia— pasó a ser muy elevada en el horario denominado punta, algo menos en el llamado llano y especialmente baja en el tercer horario, el valle.

Para vender las bondades de su mecanismo de facturación por tramos horarios, que lanzó en el peor momento posible, con una subida brutal del precio de la luz, la ministra se lanzó a hacer entrevistas recomendando modificar los horarios de ciertos hábitos de consumo eléctrico con perlas como «tenemos una tarifa muy razonable hasta las 10 de la mañana, también esto ocurre después de comer». Lo hizo el mes que se activó el nuevo sistema, cuando los consumidores pagábamos por la energía casi el doble que un año atrás. Mientras, su ministerio se cubría de gloria lanzando una campaña publicitaria con el eslogan «Ahorrar te será más fácil».

Por su parte, en Competencia difundieron un documento con simulaciones del ahorro que representaba cambiar la hora de ciertas tareas domésticas, como por ejemplo planchar de madrugada. Sorprendentemente, la ocurrencia no tuvo el enorme éxito de crítica y público que previeron.

El de la factura desquiciante

Junto a la implantación del sistema de tramos horarios, en 2021 la factura de la luz se convirtió en algo más difícil de descifrar que el guión de Tenet, con la diferencia de que si ves dos veces la peli de Christopher Nolan puedes acabar entendiéndola, mientras que en el caso del recibo eléctrico es imposible que descubras a cuánto has pagado el kWh en cada tramo horario aunque tengas un doctorado en Matemáticas.

Si con el modelo Soria —ya sabes, el ministro offshore— el recibo ya no nos contaba cuánto estábamos pagando por cada kWh y se limitaba a indicarnos una media de los más de 700 precios que nos habían aplicado ese mes —recuerda, uno distinto cada hora—, la versión Ribera ni siquiera facilitaba ese precio medio. Con la nueva modificación de la factura, las eléctricas tenían que desglosar el importe de los cargos y peajes regulados en cada uno de los tres tramos horarios —lo que se publica en el BOE—, pero no la parte del precio del kWh que depende de la subasta diaria —que denominan «coste de la energía»—, del que aparecía sólo el importe total.

Así que al tiempo que nos invitaba a desplazar hábitos de consumo a los tramos menos caros para reducir el recibo, el Gobierno introducía un ingenioso cambio en las facturas que nos hacía imposible averiguar a partir de ellas el precio medio que pagábamos por cada unidad de energía en esos periodos. ¿Cuánto ahorramos preocupándonos de mover las horas de plancha, lavadora o lavavajillas del horario punta al llano o el valle? ¿Merece la pena ese esfuerzo? Como el meme que circula por internet desde 2010 reproduciendo la contestación que obtuvo un usuario en Yahoo Respuestas cuando preguntó por el libro que más le ayudaría a entender el nihilismo, la explicación que nos dio el Gobierno cuando le planteamos el problema fue algo así como «pa k kieres saber eso jaja saludos».

El disparate llegaba al extremo de que para averiguar al menos el precio medio del total de kWh consumidos en el periodo de facturación, pasó a a ser necesario efectuar cuatro operaciones matemáticas: por un lado, sumar los importes en euros de los peajes y cargos en cada uno de los tres tramos horarios más el total del «coste de la energía»; por otro, sumar el número de kWh consumidos en cada tramo horario; en tercer lugar, dividir el resultado de la primera suma entre el de la segunda; y, por último, añadir al cociente el porcentaje que representan el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.

El de la empatía

A comienzos de enero de 2021, Ribera había pedido que no se crease «alarmismo» ante el incremento que se estaba produciendo en el precio mayorista de la luz. «El recibo puede subir como mucho unos cuantos euros», aseguró en una entrevista en El País. Tras intentar implantar el «unos cuantos» como unidad de medida, la factura del usuario medio subió en enero más de 11 euros con respecto al mes anterior.

Como consecuencia de la enorme relevancia que estaba adquiriendo la subida de la luz en los medios de comunicación y las redes sociales, fruto en buena parte de la presión que ejercíamos desde distintas organizaciones de la sociedad civil y el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, el Consejo de Ministros decidió en junio bajar coyunturalmente el IVA de la electricidad. Unos meses antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho que hacerlo «no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa», pese a que en Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal se aplica un IVA más bajo que en España a una parte o a la totalidad de la factura.

En julio, Ribera señaló que consideraba «preocupante» que las grandes eléctricas ofertasen cara energía de producción barata y les pidió «reflexión». Así que reflexionaron y decidieron subir los precios todavía más.

Cuando en agosto la factura superó a las hasta entonces más caras de la historia —las del primer trimestre de 2012—, la ministra de Transición Ecológica pidió «empatía social» a las eléctricas. «Puede sonar a broma», dijo, mostrándose absolutamente ilusa, como si no supiese que las eléctricas llegan al extremo de cortar la luz a familias sin recursos sin importarles las consecuencias. En noviembre de 2016, una anciana había fallecido en su piso de Reus, en Tarragona, porque el colchón donde dormía se incendió por una de las velas con las que llevaba dos meses iluminando su vivienda después de que Naturgy —entonces se llamaba Gas Natural Fenosa— le cortase el suministro por impago.

La empatía de las eléctricas consistió en seguir subiendo los precios, pero un mes después Ribera continuó mostrando su inocencia y afirmó que estaba «poniendo en firme» a las grandes compañías. El recibo de septiembre fue aún más caro que el de agosto. Pero a finales de ese mes, la ministra de Transición Ecológica aseguró con toda su ídem que la factura ya estaba «razonablemente controlada...». Y en octubre, el recibo volvió a batir otro récord.

Lo que hizo en septiembre el Gobierno fue aplicar otras dos medidas coyunturales: bajó también el impuesto especial sobre la electricidad y minimizó los cargos regulados que se aplican en la factura. Anunció, además, que obligaría a las eléctricas a devolver miles de millones de los beneficios extraordinarios que estaban logrando ese año, pero tras reunirse con los gerifaltes de Iberdrola, Endesa y Naturgy, Ribera decidió suavizarles el recorte.

Tras el nuevo subidón de octubre, la ministra pasó de pedir empatía... a implorar «compromiso social». «Es hora de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en su publicidad», manifestó en otra entrevista. En definitiva, seguía solicitándoles cosas que sabía que no iban a hacer. Mientras tanto, desde FACUA insistíamos en reclamar a Ribera que tuviese empatía con los consumidores y cumpliese el compromiso de forzar la «bajada de la factura» plasmado en el «acuerdo de coalición progresista» que el PSOE había firmado con Unidas Podemos.

Diciembre fue el mes más caro de la historia hasta entonces. El último recibo de 2021 se situó en 140,62 euros para el usuario medio con tarifa semirregulada, más del triple de los 42,83 euros que pagaba veinte años atrás. Desde diciembre de 2001, el incremento representaba el 288,3%, casi cinco veces la subida del IPC en el mismo periodo, que fue del 49,3%.

El año 2021 acabó siendo el de la luz más cara de la historia, algo que no logró —o más bien no quiso— evitar el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Al finalizar el año, ni siquiera se cumplió el compromiso que reiteradamente habían manifestado Sánchez y Ribera de igualar la factura del último año que gobernó Rajoy una vez descontado el Índice de Precios al Consumo (IPC). Curiosamente, a comienzos de aquel año, 2018, el entonces líder de la oposición había criticado la gran subida tarifaria que se estaba produciendo y la falta de medidas del presidente del PP para frenarla. La historia de siempre.