Los últimos escándalos empresariales de Abengoa y Volkswagen han tomado el relevo en los juzgados a las demandas relativas a los abusos bancarios. Cuando parecía que se estaba pasando página tras las acciones presentadas por los preferentistas o los afectados por las cláusulas suelo, los bufetes de abogados y algunas asociaciones aúnan fuerzas para interponer demandas civiles o querellas contra estas dos compañías.
Mientras las demandas contra el fabricante de automóviles están enfocadas en el engaño sufrido por los consumidores, en el tema de Abengoa hay varios frentes abiertos. Por un lado, una decena de minoritarios ha demandado ante el juzgado de lo mercantil de Sevilla a la compañía por los daños y perjuicios causados por la información no fiel presentada por la empresa y piden una compensación. A esto se suma una querella criminal contra la cúpula de la compañía andaluza que será investigada por la Audiencia Nacional.
El fraude de Volkswagen
Tras conocerse que el fraude de Volkswagen tenía alcance mundial, las acciones en los tribunales se multiplicaron. Los casos contra el fabricante de coches han proliferado por todo el mundo desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que abrió una investigación para ver si había conducta penal en el escándalo, hasta llegar a Europa, donde la fiscalía alemana investiga una causa por fraude y la Unión Europea ha decidido poner en marcha una comisión en el Parlamento para estudiar el papel que han tenido las autoridades nacionales en el control de las emisiones. Además, los particulares han decidido emprender acciones legales en varios países, entre los que se encuentra España.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra Volkswagen por el presunto trucaje de determinados motores diésel de 4 cilindros dentro del escándalo que afecta al grupo en todo el mundo. El juez Ismael Moreno aceptó como acusación particular al grupo ultraconservador Manos Limpias, a la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores y otros y a la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras.
La defensa de Volkswagen, al presentar la documentación exigida por el tribunal, ha decidido seguir una estrategia en la que echa la culpa a su matriz en Alemania y asegura que las plantas de España se limitaron a ensamblar las partes de los motores como les habían pedido.
Paralelamente a esta causa penal, se han abierto una serie de demandas civiles y otras que se prevén que se vayan presentando. El 11 de enero está previsto el acto de conciliación en la demanda conjunta presentada por la plataforma de denuncias online Reclamador.es contra Volkswagen. Si este acto no llega a buen puerto, se interpondrá una demanda y habrá que esperar hasta que haya fecha de juicio.
Francisco Hernández, director general de Reclamador, explica cree que se debe proceder a la nulidad del contrato de compra y en el caso de que esto no sea posible, a una indemnización debido al fraude de las emisiones. Hernández explica que no les afectará el que se encuentre abierta una causa penal porque, en otros grandes casos, como el de Bankia, la mayoría de jueces no entiende que exista una “prejudicialidad” por la que haya que esperar a que se resuelva la vía penal antes de la civil o mercantil. Hernández cifra entre 200 y 300 los afectados que se han puesto en contacto con ellos para llevar a cabo medidas legales, aunque no todos van en esta primera demanda, interpuesta en un juzgado de Barcelona.
La lentitud de la compañía, que ha tardado en ofrecer detalles sobre cómo se solucionará el problema del trucaje de emisiones y cómo afectará a las prestaciones de los automóviles, ha ralentizado los procesos legales. Y ha hecho que las asociaciones de consumidores pidan cautela.
Facua ha señalado que “la empresa sigue sin especificar si los cambios que pretende realizar en los motores afectados (todos diésel, modelo EA 189 TDI 1.6, 2.0 y 1.2) también provocarán cambios en las prestaciones de los vehículos, tales como la potencia del motor o el consumo de combustible”. “Mientras la empresa no confirme el proceso técnico específico, es imposible conocer si la llamada a revisión que la empresa haga implicará el mantenimiento de las condiciones de fábrica del coche”, advierte la asociación en un comunicado.
El caso de Abengoa: minoritarios y bonistas
El preconcurso de acreedores de Abengoa ha desencadenado una serie de acciones legales llevadas a cabo tanto por bonistas, tenedores de deuda de la compañía, como por accionistas minoritarios. Por un lado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella presentada por dos titulares de bonos contra Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la que se les atribuye un delito de administración desleal. A Sánchez Ortega también le acusan de uso de información privilegiada.
Los bonistas que presentan la demanda aseguran que los dos directivos intentaron enriquecerse, adjudicándose indemnizaciones millonarias, en lugar de intentar salvar la compañía.
Por otra parte, una decena de minoritarios de Abengoa han presentado demandas ante los juzgados de lo mercantil de Sevilla por considerar que la empresa contravino la Ley del Mercado de Valores al proporcionar información que iba contra la imagen fiel de sus cuentas. En esta demanda se piden daños y perjuicios para los accionistas que no contaron con información real, según apunta la demanda, a la hora de realizar sus inversiones.
La demanda se basa por un lado en los hechos sucedidos en el último trimestre de 2014, cuando surgieron dudas en los mercados por la contabilidad de su deuda, a lo que une que los directivos de la compañía seguían asegurando que la empresa estaba en óptimas condiciones. A estas acciones judiciales todavía podrían sumarse más demandas de otros accionistas o bonistas.