Las denuncias por posibles amaños de concursos públicos se disparan un 80% en un año

Las denuncias por amaño de concursos públicos prácticamente se duplicaron en 2021, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Este organismo, que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública, también ha constatado un récord de denuncias presentadas ante las autoridades autonómicas antifraude por posible corrupción en este ámbito.

El pasado ejercicio se recibieron “103 comunicaciones o denuncias de prácticas colusorias en materia de contratación pública” en las diferentes entidades de defensa de la competencia en España, según el último informe anual de OIReScon, el guardián de los contratos públicos. Es un 80,7% más que en 2020 y un récord desde que en 2018 se recopilan estos datos.

“En el ejercicio anterior, el número de comunicaciones o denuncias relacionadas con la contratación pública había sido de 57, con lo que han aumentado considerablemente”, indica el informe, que considera “llamativo” el incremento, con “una gran tendencia al alza en los últimos dos años”.

“Parece consolidarse la mayor concienciación, tanto de los órganos de contratación como de los órganos de control, del riesgo que suponen determinadas prácticas y su carácter anticompetitivo. Aun así, se continuará su seguimiento en futuros informes para confirmar que no se trata de una situación circunstancial”, dice la OIReScon.

De las 103 denuncias recibidas, algo más de la mitad se comunicaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo acaba de lanzar su propuesta para poder vetar a las empresas sancionadas por falsear la competencia sin esperar a lo que decida el Ministerio de Hacienda. Competencia recordaba el pasado jueves que “la contratación pública tiene un papel esencial en el contexto económico actual y también en las funciones que desarrolla la CNMC”.

La contratación pública es el sector que concentra el mayor volumen de recursos de investigación por parte de la CNMC, especialmente en el contexto actual, en el que gran parte de los fondos de recuperación y resiliencia se van a encaminar a través de esta actividad.

“Tenemos que estar totalmente preparados para que se haga de la forma más competitiva y eficiente posible porque es una oportunidad histórica que no podemos perder. Más del 10% de nuestro PIB se genera con contratación pública, que además genera un efecto de tracción para todos los sectores de la economía”, subrayó hace unos días a EFE la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Las denuncias por prácticas colusorias presentadas ante el ‘superregulador’ que contabiliza la OIReScon han ganado aún más peso en 2021 respecto al resto de organismos que velan por el buen funcionamiento de la libre competencia. El año pasado coparon el 50,5% del total, cuando en 2020 representaban el 35%. El informe recopila datos de las denuncias recibidas por la CNMC y los organismos autonómicos de Competencia de Aragón, Generalitat Valenciana, Galicia, Andalucía, Euskadi, Catalunya y Castilla y León.

En 2021, esas entidades impusieron 25 sanciones por conductas colusorias relacionadas con la contratación pública, 10 más que en 2020, con la autoridad catalana muy en cabeza: 16 multas, frente a solo 6 de la CNMC. El número de sanciones está sin embargo muy lejos de las 58 que se impusieron en 2017. En cuanto los expedientes de investigación abiertos por este tipo de prácticas, sí alcanzaron un nuevo máximo, con 45.

Sectores de riesgo

La OIReScon ha analizado la información aportada por esos organismos relativa a 157 expedientes de contratación afectados por prácticas colusorias, de los que la CNMC ha remitido 107. Una abrumadora mayoría (102) pertenecía al sector de la construcción. Cabe recordar que Competencia ha sancionado en sucesivos expedientes a cárteles formados por todas las grandes constructoras españolas y para todas ellas ha pedido que se les inhabilite como contratista de la Administración.

OIReScon recomienda realizar “un seguimiento” y prestar “especial atención” a los sectores más propensos a incurrir en estas prácticas para “confirmar” si son “sectores de riesgo o se trata de resultados puntuales”. La práctica más habitual en esos 107 expedientes eran los acuerdos de empresas para presentar ofertas (14 casos), seguida de los acuerdos para repartirse licitaciones (8).

La entidad ha publicado su informe a la espera de la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública que Bruselas lleva años reclamando. España, el país de la Gürtel o la Púnica, dos tramas de corrupción muy vinculadas a la contratación pública, ha prometido a la Comisión Europea tener lista esa estrategia antes de 2023. Es una de las reformas comprometidas en el plan de recuperación.

En su informe, la OIReScon reclama un desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos Públicos para “arbitrar un canal que dote de certidumbre a las mesas y órganos de contratación ante situaciones de presunta irregularidad en materia de competencia”, especialmente respecto a la suspensión del procedimiento de contratación y los plazos máximos “razonables” para decidir sobre esos expedientes.

Denuncias de corrupción

En 2021, y de acuerdo con el último informe de la OIReScon, también se registró un récord en el número de denuncias sobre posible corrupción en la contratación pública recibidas por las entidades de prevención y lucha contra la corrupción de ámbito autonómico y local. El pasado ejercicio se registraron 154 denuncias, un 18,4% más que en 2020 y la cifra más alta desde que se empezó a recopilar esta información en 2018.

Un año más, los contratos de servicios concentraron la mayoría de las comunicaciones, con más de la mitad (54,25%). Por tipo de irregularidad, el 35% denunciaba posibles ilegalidades en el pliego. Un 13%, en la ejecución del contrato; un 14,2%, el supuesto troceo irregular para esquivar controles; el 11,7%, trato de favor a la adjudicataria; y un 9%, posibles conflictos de interés en la adjudicación del contrato.

Tres de cada cuatro denuncias se recibieron a través de un buzón específico, “anónimo o no”. 47 motivaron la apertura de un expediente de investigación y 107 “no han tenido consecuencia, al menos hasta el momento”.

Ninguna de las recibidas en 2021 había sido comunicada todavía a la Fiscalía, dice el informe, que destaca que “el plazo de la tramitación de los expedientes es considerable” y apunta como una de las causas “la carencia de medios humanos y materiales en estas unidades”, pese a “la enorme dedicación, esfuerzo y vocación de servicio” de los efectivos de esas oficinas anticorrupción.

La entidad insiste en reclamar medidas “para evitar que el plazo de duración del procedimiento de investigación se dilate de forma desproporcionada” y se dote a estos equipos de medios “para evitar que su precariedad sea motivo de demoras injustificadas”.

También insta a transponer ya la directiva europea de protección de los denunciantes de 2019, que España va a incorporar a su ordenamiento jurídico con mucho retraso y que actualmente tramita el Congreso, tras aprobar el Consejo de Ministros un proyecto de ley el pasado septiembre.

Cuando este en vigor, será “una herramienta efectiva y fundamental en la lucha contra el fraude y la corrupción. De hecho, la ausencia de regulación suficiente en tal extremo puede, incluso, llegar a ser desincentivadora para el informante”, dice la OIReScon.

La propia entidad recibió el año pasado 22 comunicaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación pública que “se orientaron al ámbito jurisdiccional o administrativo competente dependiendo de su naturaleza y momento procesal”.

Los datos de la oficina que vigila los contratos públicos sobre denuncias de posible corrupción recopilan información recibida de la Red de Oficinas Antifraude de ámbito autonómico (Catalunya, Valencia, Baleares) y local (Ayuntamientos de Madrid y Barcelona).

La oficina andaluza, creada por una ley autonómica de 2021, no se ha incluido “por no haber llevado a cabo actuaciones objeto de análisis”. Tampoco la Sección de Prevención de la Corrupción del Consello de Contas de Galicia “puesto que no tiene atribuidas funciones de investigación o inspección”.

OIReScon trata de forma separada los datos de denuncias al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para la protección de los intereses financieros de la UE, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En este caso se han comunicado siete denuncias a través de un buzón “no anónimo”. Seis se han archivado y otro está “en tramitación”, frente a los cuatro notificados en 2020. “Ninguno de ellos guarda relación con los Fondos Europeos Next Generation”.

La entidad insiste en que se apruebe una Estrategia Nacional Antifraude, un instrumento que lleva años en elaboración (está encomendada al SNCA) y que el Tribunal de Cuentas de la UE reclamó en 2019.

Según OIREeScon, esa estrategia “facilitaría la acción coordinada de todos los agentes implicados en la lucha contra el fraude y la corrupción, en especial, en materia de contratación pública”. Y en pleno reparto de los fondos de la UE, reclama que incluya una sección específica relativa a los contratos con financiación de la Unión Europea.