La derecha maniobra en la Eurocámara para retrasar que el uso de combustibles fósiles pague más impuestos

La derecha maniobra en el Parlamento Europeo para retrasar la reforma que obligaría a pagar más impuestos por el uso de los combustibles fósiles. Así lo han denunciado los ponentes de los grupos progresistas inmersos en las negociaciones de la reforma de la directiva sobre fiscalidad de la energía que pilota el eurodiputado flamenco de la extrema derecha (ECR) Johan Van Overtveldt, que ha planteado solicitar a la Comisión Europea una evaluación de impacto sobre la medida con el apoyo del Partido Popular Europeo y los liberales de Renew. La jugada supone dilatar aún más las conversaciones sobre una reforma legislativa que lleva casi un año en el cajón dado que los grupos decidieron paralizarla a raíz de la invasión rusa de Ucrania, los problemas en las cadenas de suministros y la consecuente crisis energética y de precios.

La propuesta para modificar la legislación relativa a los impuestos de la energía la puso sobre la mesa el gobierno comunitario en julio de 2021 en el marco del paquete 'Fit for 55' con el que aspira a reducir las emisiones contaminantes en un 55% para 2030 como paso previo a la neutralidad climática a mediados de siglo. Bruselas admitía que la legislación vigente, aprobada en 2003, no estaba en línea con esos objetivos y que estaba “obsoleta” al no reflejar la política climática y energética actual de la UE. Con ese sistema, el petróleo y el gas se gravan menos que la electricidad y el diésel, que es más contaminante, se grava menos que la gasolina.

Por eso, la Comisión Europea planteaba una clasificación nacional en la que “la mayoría de los combustibles contaminantes sean los más gravados”. “Se eliminan las exenciones y se simplifican las tarifas reducidas, con menos margen para que los Estados miembros establezcan tipos por debajo de los mínimos, excepto para productos más limpios. Los combustibles pesados utilizados en los sectores marítimo y de la aviación dentro de la UE entran en el ámbito de aplicación de la directiva europea, y los combustibles sostenibles en estos sectores tendrán una tasa mínima cero durante diez años, para fomentar su aceptación”, recogía el texto que, en términos generales, proponía “tasas mínimas más altas para los combustibles fósiles y tasas mínimas más bajas para energías renovables”, el “fin a las exenciones nacionales para combustibles contaminantes, como el gasóleo en la agricultura”; y el “fin a las desgravaciones fiscales para los combustibles fósiles en las industrias intensivas en energía”.

Las negociaciones en el seno de la Eurocámara se abrieron en abril del pasado año, pero se quedaron en suspenso (con el acuerdo de todos los grupos) con el estallido de la crisis. “Lo que iba a ser un tiempo limitado de análisis se ha alargado más de un año”, denuncian en un comunicado conjunto socialistas (S&D), verdes (The Greens/EFA) y la izquierda (The Left). “Ahora, el ponente del grupo conservador ECR, Johan Van Overtveldt, con el apoyo de Renew y PPE, está presionando para una nueva evaluación de impacto de la Comisión. El propósito de esta estrategia es retrasar otra vez la revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía (DFE) haciendo imposible que el expediente sea aprobado en este mandato”, denuncian los ponentes 'en la sombra' de esos grupos, Joachim Schuster, Claude Gruffat y José Gusmão, respectivamente.

“S&D, The Greens y The Left están totalmente en desacuerdo con este enfoque, subrayando la necesidad urgente de actuar para alcanzar objetivos climáticos ambiciosos. Además, si esos tres grupos políticos quieren bloquear cualquier cambio en una directiva completamente obsoleta sobre la fiscalidad de la energía, deberían reconocerlo públicamente. En lugar de simplemente hacer preguntas a la Comisión sobre el paquete Fit for 55, estos grupos recurren al estancamiento consecutivo, como solicitar una evaluación de impacto cuando ya se realizó una, que es una forma de matar el expediente”, lamentan en el comunicado.