Tener derecho al IMV y no saberlo: el 41% de los beneficiarios creen que no les corresponde

El número de hogares que reciben el ingreso mínimo vital (IMV) no ha parado de crecer desde que se aprobó la prestación. Según los últimos datos disponibles, en España la reciben 376.000 familias, con una cuantía media de 500 euros, además de otras 181.000 que acceden únicamente al Complemento de Ayuda para la Infancia, de menor cuantía. Sin embargo, estos datos quedan lejos de la meta original de 850.000 y del 1,1 millones de familias que viven en situación de pobreza extrema. Un estudio presentado este viernes por la red EAPN-España, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que el 41,3% de personas que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el IMV porque no lo conocen, el 33,6% de los hogares que podrían optar a él creen que no cumplen los requisitos y un 41,5%, que no les corresponde.

El proyecto Acceso Vital elabora, a través de una encuesta a más de 13.000 individuos, un perfil de esas personas que podrían ser beneficiarias del IMV, pero que no lo son —non-take-up—porque lo desconocen o no lo solicitan. Del trabajo se desprende que el lugar en el que se vive, el género, el tramo de renta o la sensación de seguridad en la que se encuentran las familias son determinantes para la petición de la prestación, pero también la experiencia de la administración en cuanto a la atención a estos grupos y el diseño de la política y la dificultad para acceder al derecho.

“Ser hombre, residir en zonas rurales, no tener menores a cargo o pertenecer a grupos de edades más avanzadas son los principales factores asociados al fenómeno del non-take-up”, indica el estudio. En concreto, ellos tienen un 4,3% más de probabilidades de no solicitarlo; quienes residen en centros urbanos lo piden un 5,9% más que aquellas familiar de entornos rurales; quienes no tienen menores a cargo lo solicitan un 7% menos; y en el caso de las personas mayores de 65 años se reducen las posibilidades en un 16,9%.

La percepción de seguridad económica también es importante. “Aleja a las personas con derecho a la prestación”, señala el informe. Tener una vivienda en propiedad, empleo o percibir facilidad para llegar a fin de mes son factores que desincentivan la solicitud del IMC, incluso entre quienes tienen derecho a él. Según los datos recabados en la investigación, “el 70,1% de las personas en situación de non-take-up se encuentra en el último tramo de ingresos que da acceso a la prestación. Los tramos, como la prestación, varían en función de los miembros en la unidad familiar. Por ejemplo, la última horquilla para un adulto solo va de 400 a 570 euros, mientras que la de dos adultos y tres o más menores se sitúa entre los 880 y los 1240 euros de renta mensual en 2023. Las cuantías se han actualizado para este año, como puede verse en el siguiente gráfico.

Esto hace que el 40,5% de personas que podrían recibir el IMV no lo soliciten porque se encuentran trabajando o que el 61% en esta situación tengan vivienda en propiedad. De hecho, estar en situación de desempleo incrementa en un 11% las probabilidades de solicitarlo y vivir de alquiler, un 6,1%.

Los responsables del estudio recomiendan “poner en marcha mecanismos que informen sobre el IMV, agilicen y faciliten la carga burocrática” y “que se reduzcan los plazos de resolución de la prestación, con acceso al acompañamiento si fuera necesario”, además de “establecer un sistema de evaluación del impacto”, “adecuar las rentas autonómicas” y “aumentar el importe, acorde al coste de la vida”.

El problema no es ajeno al Gobierno, que ya ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por que esta prestación llegue a quien la necesita. La ministra del ramo, Elma Saiz, anunció en febrero la puesta en marcha del teléfono 020 para reforzar la información y resolver dudas sobre el IMV. “Queremos acercarnos a las personas con derecho a la prestación de una manera más ágil y sencilla”, señaló Saiz, que pidió la colaboración de las comunidades autónomas para “impulsar políticas de inclusión decisivas para luchar contra la pobreza extrema”.