Los trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz) han salido este martes a la calle para defender “con uñas y dientes” un contrato con Arabia Saudí, que implica la construcción de cinco barcos militares y supone unos 6.000 puestos de trabajo en la provincia con más paro de España. El anuncio de Defensa de la cancelación de la venta de 400 armas de precisión láser al país del Golfo, acusado de violaciones de derechos humanos en la guerra de Yemen, puso sobre la mesa un debate que el alcalde de Cádiz, José María González Santos, resumió como “defender el pan o la paz”. Mientras los sindicatos exigen que se cumpla el contrato por la falta de alternativas de empleo en la región, varias ONG advierten de que estamos ante un “falso dilema” ya que la defensa de los derechos humanos es una obligación, no una elección.
El escenario que envuelve este “dilema imposible”, como lo definió Pablo Echenique, son tres años de guerra en Yemen en los que las bombas del ejército saudí han arrasado mercados, hospitales, funerales y otros objetivos civiles, una de las razones por las que la ONU ha acusado al país de potenciales crímenes de guerra. Además, la marina saudí mantiene un bloqueo sobre Yemen que ha llevado a una situación de emergencia humanitaria a la población del país.
Tras el comunicado de la suspensión de las 400 armas, el Gobierno reconoció una “discrepancia” con el país del Golfo y los trabajadores de Navantia han visto traducida esta tensión en el peligro de sus empleos en los próximos cinco años. Aunque el Ejecutivo ha enviado varios mensajes de tranquilidad y comunicado a los agentes sociales que las corbetas “no están en riesgo”, los empleados de la Bahía de Cádiz no se fían. La provincia tiene en paro a una de cada cuatro personas en edad de trabajar, con una tasa de desempleo que supera en más de diez puntos la media nacional (26,9% y 15,3%, respectivamente).
“Yo quiero trabajo, para nada queremos que se utilicen las armas en contra de nadie, pero nos toca trabajar en ese sector”, explica Manuel Aranda, secretario de UGT del comité de empresa de Navantia en San Fernando. El trabajador defiende que el contrato, firmado en 2015, debe cumplirse porque “ya se autorizó y se lleva trabajando en él cinco años”.
El secretario de Organización de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, explica que el sindicato ha pedido que “se respete la carga de trabajo comprometida, no hemos dicho que se respete la carga de trabajo y que nos dé igual que maten a niños”. Lezcano admite que, como sindicato que defiende posturas antibelicistas y la solidaridad internacional, “somos conscientes de la contradicción que supone” su postura, pero señala a “quienes les compete hacer las políticas generales del país”, que tendrían que facilitar alternativas de empleo digno en la región.
Unas alternativas que no han llegado a día de hoy, según Manuel Aranda. El trabajador explica que están diversificando la actividad dentro de Navantia, “pero no cubre todo el empleo” que proporciona el contrato con Arabia Saudí. En su opinión, su trabajo y el de sus compañeros no estaría en riesgo si los países hicieran una buena labor de seguimiento y control del uso final de las armas. “Se tendrían que poner de acuerdo todos los países europeos para fiscalizar este tema, sin distinción”, propone.
El dilema de derechos VS trabajo
La confrontación entre proteger derechos y puestos de trabajo es una constante en las reclamaciones de muchas organizaciones sociales. Entidades como Greenpeace y Ecologistas en Acción trabajan para proteger los derechos ambientales y de los animales, que a menudo chocan con sectores de actividad como la minería del carbón, la caza y la tauromaquia, entre otros.
“No es aceptable un empleo que implique la degradación del medio ambiente y la vulneración de derechos humanos”, sostiene Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, que defiende la necesidad de que las administraciones públicas garanticen alternativas laborales y productivas en las regiones que se vean abocadas a la pérdida de empleo por estos motivos. “Lo que planteamos, por ejemplo, es la reactivación de las cuencas mineras, que puede apoyarse en las energías renovables o en otros sectores productivos, como el turismo”, sostiene Rodríguez.
Greenpeace recoge en el informe Mas allá del carbón “alternativas sostenibles” a estas cuencas mineras, que han perdido decenas de miles de empleos en las últimas décadas de reconversión de su actividad. En los 50, el sector empleaba a unas 100.000 personas y en la actualidad son algo más de 2.100, según las cifras de la Seguridad Social y de la patronal Carbunión. La destrucción de empleo no ha terminado debido a las exigencias medioambientales europeas, que encuentran en este 2018 un año clave con el fin de las ayudas públicas a las explotaciones deficitarias.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes que el Gobierno pondrá en marcha un plan de “acción urgente” dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Fernando Lezcano recuerda que el escepticismo de los trabajadores de este sector, y otros con problemas similares, es comprensible dado que “la mayoría de promesas que se hicieron en el pasado se han quedado en agua de borrajas”: “La gente sabe que lo más fácil es que te den unas indemnizaciones, te pongan en la calle con 50 años, y a partir de ahí ¿qué?”, añade el sindicalista de CCOO.
La caza y la tauromaquia, contra las que trabajan desde Ecologistas en Acción, son justificadas por sus defensores por su contribución económica y los puestos de trabajo que generan, entre otros motivos. La Oficina Nacional de la Caza defiende la actividad cinegética en España genera de manera “directa, indirecta e inducida” más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de trabajo. En el caso de la tauromaquia, los datos del Ministerio de Cultura registraban 10.959 profesionales taurinos el pasado año.
Más allá de que cuestione las cifras de rentabilidad de estas actividades, para Theo Oberhuber, miembro de Ecologistas en Acción, que una actividad genere beneficios “no la justifica por sí sola” si en su desarrollo supone vulneraciones de derechos. “Por esa regla de tres vamos a legalizar el tráfico de drogas, ¿no? Porque genera muchos puestos puestos de trabajo. Ahí la sociedad sabe que esto es inadmisible, pero cuando hay un gran impacto ambiental o un daño a los animales parece que sí es justificable”, recrimina la activista.
“No hay debate, es la ley”
Jesús Cruz Villalón, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, distingue entre diferentes tipos de derechos para posicionarse en este debate. “Cuando el conflicto es entre derechos fundamentales o derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, no hay lugar a duda de que los derechos deben prevalecer sobre los puestos de trabajo, el empleo no tiene ese tratamiento como derecho fundamental”. En su opinión, con los derechos ambientales o de los animales “nos encontramos en otro terreno, la discusión no es tanto jurídica como estrictamente política”.
En 'Armas Bajo Control' –alianza de la que forman parte ONG como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón– argumentan que durante los últimos días ha habido “mucho ruido” y que se ha planteado en los medios un debate que no es tal: “La verdad es que no hay debate, lo que se discute es si cumplir la ley o no”, explica su portavoz Alberto Estévez.
La ley de 2007 sobre el comercio exterior de material de defensa impide la exportación de armas cuando el Gobierno tiene conocimiento de que podrían ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, y ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, entre otros motivos. En opinión de las ONG, las pruebas existentes sobre las actuaciones de Arabia Saudí en Yemen deberían impedir la exportación de material bélico con la ley en la mano.
David Casassas, profesor de Teoría Social en la Universidad de Barcelona e investigador de la renta básica, considera que el dilema entre preservar derechos o puestos de trabajo existe en la actualidad, pero “es un falso dilema” porque la población no es libre: “El capitalismo nos ha expropiado el derecho de escoger una vida digna, nos hace elegir entre nuestro pellejo y el de los bombardeados por el ejército saudí y esa decisión no la quiero tomar”.
El académico considera que los trabajadores gaditanos de Navantia no pueden afrontar en la práctica estos interrogantes “porque la mayoría de la gente tiene que comer como sea” y depende de “un mercado laboral inevitable, que acostumbra a ser terrorífico, que tenemos que pasar por él sí o sí”.
Casassas sostiene que alternativas políticas como la renta básica podrían proporcionar la posibilidad real de afrontar las reconversiones y restructuraciones de tejidos productivos conflictivos: “Si una persona cuenta con derechos sociales, como educación, sanidad y recursos básicos, para no tener que ir salvajemente al mercado de trabajo, podría repensar mejor su vida, podríamos replantearnos una reconversión productiva y la diversificación necesaria para huir de esos monocultivos”.