Representantes de los funcionarios de prisiones de toda España han iniciado este miércoles una protesta que consiste en encadenarse durante 12 horas frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El motivo: las diferencias salariales entre centros y la falta de personal que les impide realizar su trabajo con normalidad, según denuncian. Los tres representantes nacionales de CCOO, UGT y ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) han subrayado que convocarán huelga a partir del 24 de abril si el Gobierno no inicia un proceso de negociación.
Más de 200 delegados y funcionarios de todas las provincias, a pesar de las bajas temperaturas, no han dudado en unirse a la protesta, pidiendo la dimisión del Secretario General de Prisiones al grito de “Yuste, vete ya”.
Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en materia penitenciaria, ha explicado a este medio algunas de sus principales demandas, entre ellas la reclamación de personal más joven para poder desempeñar las tareas, ya que el 40% de los trabajadores ya supera los 51 años. “Tenemos un problema grave de ataques dentro de los centros, el 90% de las agresiones que tienen lugar en la Administración General del Estado se dan en las prisiones”, argumenta. Además, un 15% de las plazas de este año no se han cubierto, entre ellas, más de 3.000 vacantes, “son los propios trabajadores de las instituciones los que asumen esa carga de trabajo”, especifica Antonio González, responsable federal de UGT.
Otra de las demandas del colectivo de prisiones es la equiparación salarial entre centros penitenciarios de España. Todos dependen del Ministerio del Interior, sin embargo existen desigualdades, que van desde los 300 a los 700 euros, en la misma provincia o incluso en la misma ciudad. “Madrid tiene 9 centros penitenciarios en los cuales hay hasta 3 niveles de salarios distintos por el mismo puesto de trabajo”, señala José Luis Pascual, presidente de ACAIP.
El colectivo que representa a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias cuenta con el apoyo parlamentario del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y grupos nacionalistas con los que se han reunido las delegaciones de las comunidades autónomas. Juan Antonio Delgado, diputado de Unidos Podemos pone énfasis en los cinco años de “vulneración de derechos y falta de negociación colectiva” y en el apoyo de “las justas reivindicaciones del colectivo de prisiones”.
Por otro lado, Paco González, uno de los portavoces del PSOE en el Senado, señala que van a iniciar una ofensiva parlamentaria en relación a la situación que se vive en las cárceles de España. En la sesión de control del Gobierno preguntarán al ministro Juan Ignacio Zoido, además de registrar preguntas en la Comisión de Interior del Senado sobre la situación del concurso de traslado de los trabajadores públicos de las prisiones, asunto que se encuentra impugnado judicialmente por parte de los sindicatos debido a su ejecución arbitraria. “Queremos que las Instituciones Penitenciarias sean transparentes”, indica González.
La reinserción social pende de un hilo
La falta de personal en las prisiones está ligada directamente con el funcionamiento de las políticas de reinserción social para los internos. “Se necesita una oferta de empleo público que garantice médicos, psicólogos, trabajadores sociales y juristas que garanticen un correcto funcionamiento de las tareas de tratamiento de los reclusos”, cuenta Pascual.
La cárcel de Archidona (Málaga), se ha inaugurado sin psicólogos, figura imprescindible en un equipo de terapias de este tipo, y solo cuentan con un médico para cubrir la atención sanitaria de toda la prisión. “Estos medios dificultan la reinserción social y las prestaciones asistenciales e incluso pone en peligro la vida de los reclusos”.