El tercio de familias más ricas de nuestro país se ha aprovechado de casi un 40% del dinero total destinado por el Gobierno al descuento general a los carburantes en 2022, según el cálculo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El tercio de familias más pobre, apenas de un 20%.
El 1 de enero de 2023 expira la medida más popular y, al mismo tiempo, menos equitativa de todas las tomadas por el Ejecutivo para luchar contra la inflación. Así lo han señalado una mayoría de economistas, sobre todo los del lado progresista, y habían sugerido instituciones como el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es un hecho también que la bonificación general de la gasolina y el diésel es responsable de un punto de los cerca de cuatro que los planes de choque del Gobierno han contenido las subidas de precios. Pero este freno a la inflación se ha conseguido bajo un diseño que ha beneficiado más a las rentas más altas, que usan más el coche.
Principalmente, porque los ricos pueden y porque tienen más vehículos y más grandes. Así, la medida ha favorecido un mayor consumo en plena crisis energética y con emergencia climática.
Además, en total, el descuento general a los carburantes ha costado algo más de 4.500 millones de euros. La medida más cara con diferencia, tanto si se compara con las que han implicado un gasto extraordinario como si se tienen en cuenta las que han supuesto menores ingresos, como han sido las bajadas de impuestos.
La otra gran crítica ha tenido que ver con la parte de la bonificación que las petroleras han llevado a su beneficio, como han ido demostrando distintas investigaciones. Mientras, los precios de la gasolina y el diésel han caído por la bajada del petróleo en los mercados internacionales debido a la menor demanda global. Actualmente, ambos carburantes se encuentran en niveles previos a la guerra.
En 2022, los mercados de materias primas han estado totalmente distorsionados como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Y concretamente el mercado del crudo se ha trastocado también por las decisiones de las dictaduras exportadoras de Oriente Medio, que han intentado mantener los precios disparados llevando al cartel de la OPEP+ (en el que también participa Rusia) a reducir la producción para incrementar sus beneficios.
En 2023, los descuentos en los carburantes se ceñirán solo a los profesionales del transporte, a agricultores y a pescadores, según el último Real Decreto-ley aprobado, para los que es un coste clave en su actividad. Para las familias en general se han reforzado las medidas sobre el transporte público, que cumplen los criterios de focalizar los esfuerzos presupuestarios en las rentas bajas y de no alimentar la demanda de combustibles fósiles.
Las que se quedan huérfanas con el fin de esta bonificación son las familias de zonas rurales o de barrios y localidades mal conectadas con transporte público. A su favor juega la guerra de precios que se ha abierto con el fin de la medida.
Descuentos de las petroleras
Prácticamente todas las petroleras que operan en España han anunciado descuentos propios con el final de la bonificación pública. Repsol mantiene el descuento de 10 céntimos en todos sus combustibles en España (gasolinas, gasóleos, gas natural vehicular y AutoGas) para los clientes que utilicen su aplicación de pago y fidelización Waylet durante todo el invierno (hasta el 31 de marzo).
Shell y el grupo canario DISA prolongarán hasta el 31 de marzo el descuento de hasta 10 céntimos por litro de gasolina para los usuarios de su aplicación móvil 'Mi Energía DISA'. En la misma línea, la energética portuguesa Galp mantiene su campaña de descuentos directos en carburantes a los clientes fidelizados.
Cepsa extenderá a sus clientes fidelizados el descuento de 10 céntimos, que viene ofreciendo desde el mes de abril, y ofrecerá un descuento adicional de dos céntimos para aquellos que reposten combustibles 'premium' de la gama Óptima. Finalmente, BP ha explicado que seguirá aplicando su política de descuentos, aunque no ha especificado si se mantiene la rebaja de 10 céntimos ni el periodo de tiempo.
Estos descuentos propios de las petroleras están en el punto de mira de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El organismo supervisor investiga a Repsol, Cepsa y BP por posibles conductas anticompetitivas relacionadas con los descuentos a los carburantes. Varios operadores independientes habrían denunciado ante la CNMC a estas tres grandes petroleras con las acusaciones de reducir la competencia con los descuentos que aplican y de aumentar los precios mayoristas de venta.