La desigualdad de ingresos en España, de las más altas de la UE: el 20% más rico gana 5,5 veces más que el más pobre

Combatir la desigualdad es una de las grandes tareas pendientes de España. Es una de las principales advertencias de Bruselas en el informe de convergencia social que ha elaborado sobre siete países en los que detectó “riesgos potenciales”. Y los desafíos respecto a la pobreza y la exclusión social son dos de ellos. A pesar de que la Comisión Europea reconoce avances en materia de empleo (por ejemplo, la reforma laboral) y en la lucha contra la desigualdad (con medidas como el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional), recuerda que la diferencia de los ingresos de los españoles es de las más abultadas de la UE y aporta un dato bastante gráfico: el 20% más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según los datos de 2023.

A pesar de que la economía española es la que más crece de las grandes de la UE desde hace tiempo, no se han recuperado los niveles de ingresos previos a la pandemia. “En 2022, mientras que los salarios nominales aumentaron un 4,1%, los salarios reales disminuyeron un 3,6% debido a la alta inflación y el ingreso real disponible bruto de los hogares per cápita disminuyó por debajo de su nivel de 2018, divergiendo aún más del promedio de la UE”, recoge el informe de los técnicos comunitarios.

En Bruselas preocupa especialmente el riesgo de pobreza de España, que está muy por encima de la media europea. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza, está casi cinco puntos por encima en España que en el conjunto de la UE, a pesar del descenso de 1,8 puntos en 2022. El pasado año se situó en el 26,5% frente al 21,6% del conjunto comunitario. Lo que sí detecta es un descenso del riesgo en la población ocupada.

“Algunos grupos se vieron afectados desproporcionadamente por los riesgos de pobreza en 2022, a menudo relacionados con desafíos de integración en el mercado laboral”, señala el informe de la Comisión Europea que cita a las familias monoparentales (que normalmente son monomarentales), con una tasa de riesgo de pobreza del 49,2% frente al 43,5% que registra la UE; las personas con discapacidad (el 30 % frente al 28,8 % en la UE); los jóvenes de entre 15 y 29 años (el 28 % frente al 24,5 % en la UE); los nacionales de terceros países (60,4 % frente a 46,2 % en la UE); y la población gitana (el 98 % estaba en riesgo de pobreza).

Bruselas alerta de que la pobreza infantil es “especialmente alta” y, más allá del drama que supone en el presente, advierte de que puede influir “negativamente” en los resultados educativos y en las perspectivas profesionales del futuro de esos niños, que ascienden a unos 2,6 millones (con una tasa del (32,2 %).

“El alto nivel de pobreza infantil en España está relacionado tanto con la situación del mercado laboral de sus padres como con la eficacia limitada del sistema fiscal y de prestaciones para mitigar tales riesgos, siendo el apoyo a los ingresos de los niños uno de los más bajos de la UE”, señala el informe.

Respecto al empleo, Bruselas reconoce que la tasa de paro sigue siendo “alta”, aunque admite “mejoras significativas” que atribuye a la reforma laboral. En todo caso, advierte de que la falta de mano de obra, que por ahora califica de “limitada, pero creciente en un contexto de cambio demográfico”, puede obstaculizar “el crecimiento y las transiciones ecológica y digital, si no se afronta de manera adecuada”. También pone el foco en las tasas de abandono escolar, que es cuatro puntos superior a la media europea, y de sobrecualificación de los trabajadores.

Otra de las preocupaciones que refleja el informe tiene que ver con la vivienda, ya que el porcentaje de población que le destina más del 40% de sus ingresos es superior al de la media de la UE. “El aumento de los precios de la vivienda impide que los grupos vulnerables (por ejemplo, los jóvenes y aquellos en riesgo de pobreza) accedan a una vivienda adecuada, lo que crea importantes barreras a la inclusión social en ciertos casos y afecta la capacidad de acceder al empleo y a servicios básicos, como la salud y la educación”, recoge la Comisión Europea.