El desmantelamiento del empleo público en diez claves
Las consecuencias de la austeridad sin concesiones se dejan sentir cada vez con más fuerza en los servicios públicos. Los recortes, la reforma laboral y las privatizaciones hacen mella en el empleo público. La Federación de Servicios Públicos de UGT, que celebra la semana que viene su noveno congreso, denuncia la destrucción de 374.000 empleos públicos en dos años, y una tendencia creciente a hacer expedientes de regulación de empleo en las administraciones y a externalizar y privatizar servicios. El sindicato alerta de que los servicios públicos no pueden desarrollarse adecuadamente “si no hay empleos detrás que los sostengan”.
Destrucción de empleo. En los dos últimos años, la tendencia en la destrucción de empleo se ha invertido poco a poco y el sector público ha comenzado a destruir puestos de trabajo a un ritmo superior que el sector privado: esto ha conllevado una pérdida de 374.800 trabajadores. En el segundo trimestre de 2013, el empleo público registró una bajada de la ocupación del 6,5% frente al 3,03% del privado, según datos de la Encuesta de Población Activa, que incluye no solo al personal de las administraciones, sino también a empresas del sector público, como Aena, Renfe, Adif o la Sepi.
Según el registro central de personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la reducción de personal fue de 109.091 trabajadores en un año, entre enero de 2012 y enero de 2013. Este dato incluye solo al personal adscrito directamente a las administraciones públicas (y no, por tanto, al de empresas públicas).
Congelación. La congelación de la oferta de empleo público ha 'ahorrado' 1.800 millones de euros en 2013 y recortará otros 3.500 millones el año próximo, según consta en el programa de estabilidad enviado a Bruselas.
Personal laboral y mujeres ¿Dónde se concentra la mayor destrucción de empleo? En la administración local, entre el personal laboral y entre las mujeres. Entre enero de 2012 y enero de 2013, la administración local destruyó 47.405 empleos, seguida de las comunidades autónomas (44.540 puestos de trabajo) y de la administración pública estatal (11.170). Casi el 50% de los 109.091 puestos destruidos eran de personal laboral y más del 56% estaban ocupados por mujeres.
Las comunidades que más empleo público destruyeron en este periodo fueron Murcia (un 9,6%), Castilla-La Mancha (7,2%), Andalucia (5,5%) y Cataluña (4,7%).
Externalización. En el año 2011 se celebraron 121.891 contratos de externalización y privatización por un importe total de 8.184 millones de euros. La mayoría de ellos se celebraron en las comunidades autónomas y correspondieron a servicios, consultoría y asistencia. El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Julio Lacuerda, asegura que estos datos demuestran que las administraciones prescinden de empleados públicos mientras externalizan servicios que “no resultan más baratos ni mejores, sino, en todo caso, mejores negocios”.
Menos que en Europa. A comienzos de 2013, el número total de empleados públicos era de 2.845.800, el 13,6% de la población activa, un peso muy por debajo del de otros países de la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, representan el 24,2%; en Finlandia, el 24,6%; en Alemania, el 14,3%. Si solo se tiene en cuenta a los que dependen directamente de las administraciones públicas y no a los que trabajan en empresas públicas, el número de empleados públicos es de 2.685.837, un 12,9% de la población activa, por debajo de Italia (13,9%), Reino Unido (18,3%), o Suecia (26%), pero por encima de Alemania (10,6%).
Pérdida de poder adquisitivo. Solo en 9 de los últimos 32 años los empleados públicos han ganado poder adquisitivo. Desde 1982, acumulan una pérdida de poder de compra de 48 puntos porcentuales, según cálculos de la Federación de Servicios de UGT. El gasto público por habitante en remuneración de asalariados del sector público es de 2.514,7 euros, por debajo de la media europea, que se sitúa en 2.737 euros.
ERE. La última reforma laboral permitió que las administraciones públicas llevaran a cabo expedientes de regulación de empleo para su personal laboral. En 2012, 1.767 trabajadores públicos fueron despedidos bajo esta modalidad y, en el primer trimestre de este año, otros 983. No obstante, los datos estadísticos son parciales, ya que dentro del concepto de administración pública no incluye, por ejemplo, a la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Jubilaciones. UGT advierte también del efecto que la desmotivación y la incertidumbre sobre la reforma de las pensiones está generando entre los empleados públicos. En los dos últimos años, el número de jubilaciones voluntarias (a los 60 años, con 30 años de cotización efectiva; solo para funcionarios de clases pasivas, un régimen en extinción) se han triplicado: han pasado de ser 4.253 en 2011 a 13.972 en 2012. Pecisamente, el Gobierno ha anunciado su intención de limitar la posibilidad de que los funcionarios puedan jubilarse anticipadamente.
Precariedad. La tasa de temporalidad en el sector público ascendía al 20,8% en 2012 (el 24,4% en el sector privado), casi cuatro puntos por debajo que en 2011. La temporalidad entre los empleados públicos ha llegado a superar el 26% en los últimos años. El sindicato advierte, no obstante, de que este descenso no responde a una mejora del empleo sino a la destrucción de puestos de trabajo, que comenzó entre el personal interino y temporal. UGT también señala que la estabilidad en el empleo es especialmente importante para poder desarrollar unos servicios públicos profesionales, neutrales e independientes.
Plazas que desaparecen. La decisión de que el número de plazas vacantes no superara el 5% del total de puestos existentes ha hecho que ente 2010 y 2012 se amorticen 21.939 plazas de la administración general del estado, sin contar comunidades autónomas, administración local y universidades.
